Tegucigalpa – Las reformas a la Ley de Política Limpia, así como el fortalecimiento a la agencia encargada de la fiscalización de los recursos que se manejan en campaña, son una prioridad para fortalecer el sistema democrático hondureño, concluyó este jueves el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad).
-Cespad igualmente propone el fortalecimiento de la Unidad de Política Limpia.
De acuerdo al organismo de sociedad civil es urgente supervisar de manera independiente el financiamiento de los partidos políticos, realizar investigaciones de alto impacto en conjunto con el Ministerio Público en relación al uso de dineros sucios en las campañas electorales.
También sugiere levantar el secreto bancario para los partidos políticos y candidatos, ya que persisten problemas estructurales que convierten el financiamiento público y privado en un generador de competencia desigual, lo cual distorsiona la voluntad popular.
De acuerdo al Cespad, los vacíos que tiene la actual Ley de Política Limpia son la prohibición de las fuentes financieras ilícitas, prohibición de fondos públicos, publicidad electoral y los déficits en la ley en asuntos de transparencia y acceso a la información pública.
El director ejecutivo de Cespad, Gustavo Irías, señaló que las principales debilidades identificadas en los procesos electorales anteriores fueron la ausencia de pauta publicitaria equitativa, laxitud en cuanto a las fuentes prohibidas para la financiación de la política y el impedimento de acceso ciudadano a la información.
Irías también comentó que hubo limitaciones de presupuesto, personal técnico e infraestructura informática en la Unidad de Política Limpia, destacando la falta de un robusto equipo de auditoría documental.
Indicó que Honduras cuenta desde 2017, con una ley de financiamiento y una unidad de fiscalización, pero que persisten problemas estructurales en los últimos comicios generales e igualmente en las elecciones primarias de marzo de este año.
El Cespad señaló que hubo diferencias en el gasto equitativo de campaña durante las elecciones generales de 2017, siendo el Partido Nacional la institución política que más gastó en dicha campaña electoral.
Incumplimientos y desafíos en las elecciones primarias
En las elecciones primarias se evidenció un alto grado de incumplimiento de la Ley de Política Limpia y solo un 33 % de los precandidatos cumplieron con el requisito de bancarización, apuntó el investigador del Cespad, Asís Castellanos.
También expresó que la Ley de Política Limpia no estableció sanciones a los aspirantes que no pusieron a disposición sus registros bancarios ante la Unidad de Política Limpia y se reportó ausencias de mecanismos claros que evitarán la colaboración entre el organismo político con los representantes del sistema financiero.
En ese sentido, propuso que la Unidad de Política Limpia socialice capacitaciones a los sujetos obligados, para asegurar la autonomía y capacidad del organismo.
Explicó que la intención es que la Unidad de Política Limpia pueda aplicar sanciones ante incumplimientos de la norma.
Bloquear fuentes ilícitas
El investigador Castellanos consideró que se deben bloquear las fuentes ilícitas, argumentando que la ley tiene un vacío en ese aspecto en cuanto a la participación de ejecutivos o socios de empresas mercantiles con contratos de concesión con el gobierno de Honduras.
“Esta prohibición está ausente en la Ley de Política Limpia, sin embargo, debemos recordar que esa prohibición de aportes de empresas mercantiles con contratos de concesión fue removida”, manifestó.
Recordó que el Congreso Nacional aprobó una reforma a la Ley Electoral vigente y cambió la prohibición permitiendo que empresas mercantiles con contratos de concesión puedan aportar a un partido político.
Por otro lado, Castellanos planteó mejorar los mecanismos de prohibición de la publicidad estatal durante la campaña electoral, fijar controles de competencia competitiva e igualdad de oportunidades en el acceso a publicidad electoral y medios de comunicación. (ag)
