Tegucigalpa – La aprobación del Presupuesto General de la República 2026 por parte del Congreso Nacional, finalmente se dio superado el primer trimestre del año, por un monto de 444,335.8 millones de lempiras y ha abierto un amplio debate entre economistas, académicos y sectores productivos, quienes coinciden en una preocupación central: la limitada capacidad del instrumento fiscal para impulsar crecimiento y desarrollo en el país.
– Un presupuesto millonario con margen mínimo para invertir: expertos advierten que, sin cambios estructurales, el crecimiento seguirá estancado y las soluciones no llegarán a la gente.
Aunque desde el gobierno se presenta como una señal de orden en el gasto y de estímulo económico, especialistas advierten que el problema no está en el tamaño del presupuesto, sino en su estructura y además en la capacidad de ejecución que ha sido limitada.
La jefa del Departamento de Banca y Finanzas de la UNAH, Nancy Ochoa, fue contundente al señalar que el presupuesto mantiene una rigidez histórica. Según explicó, el alto peso del gasto corriente, principalmente salarios, funcionamiento estatal y servicio de la deuda, deja apenas un 10 % para inversión pública.
“Esto limita el impacto en el crecimiento económico y en los beneficios tangibles para la población”, advirtió, al tiempo que recordó que organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial recomiendan destinar entre un 20 % y 25 % a inversión.
Para Ochoa, pese a ajustes menores realizados durante la discusión legislativa, la esencia del presupuesto no cambió, lo que anticipa resultados económicos modestos. “Honduras seguirá creciendo entre 3 % y 3.5 %, incluso con proyecciones más conservadoras”, apuntó.
Menos financiamiento, menos inversión
A esta visión se suma la del economista Wilfredo Díaz, quien explicó que el recorte cercano a 25 mil millones de lempiras en el presupuesto reformulado responde, en un 86 %, a la reducción del crédito externo.
Este ajuste impacta directamente la formación bruta de capital fijo —es decir, la inversión en infraestructura y proyectos estratégicos—, debido a que varios proyectos no contaban con financiamiento asegurado, según el especialista.
Para Diaz, el recorte no es casual, es consecuencia de la falta de financiamiento externo, y eso golpea directamente la inversión pública, y en ese sentido Diaz sostuvo que esta tendencia podría frenar aún más el crecimiento económico si no se logran nuevas fuentes de financiamiento.
¿Un presupuesto financiable?
Las críticas se profundizan con el análisis del economista Ismael Zepeda, quien considera que el presupuesto “no es consistente ni coherente” en su financiamiento.
Zepeda señaló que el 70 % del presupuesto se sostiene con ingresos fiscales, en un contexto donde la deuda global del país supera los 17 mil millones de dólares. Además, advirtió que los problemas burocráticos podrían impedir una ejecución eficiente.
“Difícilmente se alcanzará ni el 90 % de ejecución presupuestaria en 2026”, estimó Zepeda, poniendo en duda la capacidad real del Estado para transformar el presupuesto en obras y servicios.
Por su parte, el economista y expresidente del BCIE, Dante Mossi, valoró positivamente la aprobación del PGR, destacando que establece metas claras y refleja expectativas económicas para el año.
Mossi resaltó que el monto representa un incremento cercano al 3 % respecto a 2025 y que no incluye grandes reformas fiscales, lo que podría interpretarse como una señal de estabilidad.
Sectores productivos en alerta
Hay muchos sectores que han iniciado el análisis de lo asignado ya que algunos incrementan levemente otros disminuyen, uno de los primeros sectores al salir a la palestra pública advirtiendo una afectación por disminución es el sector agroalimentario que plantea preocupaciones concretas. El presidente de los productores de arroz, Ramón Rodríguez, denunció un recorte superior a los 5,000 millones de lempiras en instituciones clave como la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
Según detalló, a la SAG se le reducen 3,597 millones y a Banadesa 1,792 millones, lo que podría afectar la producción y seguridad alimentaria. No obstante, reconoció el debate legislativo como un paso positivo.
Transparencia bajo la lupa
El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) también cuestionó el proceso presupuestario, planteando dudas sobre la apertura y participación ciudadana.
El organismo recordó que, según la Encuesta de Presupuesto Abierto 2025, persisten desafíos en el acceso a la información, la calidad de los datos y los espacios reales de participación. “La transparencia no es un concepto técnico, es un pilar de la democracia”, enfatizó.
Más recursos, pero viejos problemas
El presupuesto aprobado contempla aumentos en áreas sensibles como educación (3,700 millones adicionales) y salud (más de 2,000 millones), así como en instituciones como la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público. Sin embargo, sectores sanitarios consideran que el incremento sigue siendo insuficiente.
También destaca la partida de 5,256 millones bajo la figura de “Administración de pasivos y contingencias”, anteriormente conocida como partida confidencial, así como los 832.9 millones asignados a Casa Presidencial, que para algunos deja dudas de transparencia.
Una oportunidad condicionada
El Presupuesto 2026, aprobado para algunos de forma tardía tras el primer trimestre del año, pero con respaldo de todas las bancadas, refleja un equilibrio complejo entre disciplina fiscal y limitaciones estructurales.
La discusión de fondo, coinciden los expertos, no es cuánto se gasta, sino cómo se gasta.
Adicionan que, en un país con altas demandas sociales, baja inversión pública y crecientes compromisos de deuda, el desafío no es menor y debe haber mucho compromiso técnico y político para convertir un presupuesto rígido en una herramienta efectiva de desarrollo. LB
