En la presentación de su informe al Congreso Nacional, Avilés, dijo que las reformas constitucionales para la creación de la Ley de la Carrera Judicial y la Judicatura, han sido promovidas desde el Poder Judicial.
Dijo que la iniciativa se encamina hacia una efectiva separación de las funciones administrativas y jurisdiccionales al interior del Poder Judicial.
Conlleva el propósito de mejorar los mecanismos de escogencia de magistrados y jueces, con lo que se busca que la escogencia sea basada en procedimientos objetivos como la honestidad y la experiencia, explicó.
Por esa razón, dijo que ven con beneplacitico todas las iniciativas que se encaminan a la mejora del sistema de justicia, máxime si ello se encamina a garantizar que el nombramiento de jueces y magistrados se encamina a garantizar la independencia en la toma de decisiones.
El sistema de impartición de justicia es parte del sistema democrático, apuntó.
Dijo confiar el buen criterio del poder legislativo, que sabrán señalar de manera ecuánime la forma en que se elegirán los miembros del Consejo de la Judicatura, pues que de ello depende el éxito de la reforma, lo contrario, advirtió, “nos llevaría hacia un sobrio porvenir en el cual las ataduras políticas nos seguirán alejando del tan anhelado progreso”.
Reafirmamos compromisos con la democracia.
Recordó que el pueblo ha depositado en los funcionarios públicos su confianza “y esa confianza nunca debe ser defraudada”.
“El mandato que nos han encomendado es el de lograr el bienestar en general, en lo económico, político y social, un objetivo que debemos alcanzar haciendo justicia con firmeza, integridad e imparcialidad”, apuntó.
Avilés resaltó en su informe la designación de Honduras para ocupar la secretaría permanente del Consejo Judicial Centroamericano, y su participación en la Cumbre Judicial Latinoamericana que se celebró en Montevideo, Uruguay, el año anterior.
En el ámbito nacional, de enorme trascendencia la implementación del Código Procesal Civil, la que calificó como “una gran reforma”, cuyo éxito depende en gran medida de la dotación de los recursos necesarios para garantizar la correcta aplicación de esta normativa judicial, así como la ley de privación de dominio aprobada en el Poder Legislativo.
Refirió que han logrado eliminar la mora judicial en materia civil que existía en San Pedro Sula, a nivel de cortes de apelaciones, y se ha progresado en la reducción de la misma en materia penal.
La mora judicial en materia laboral ha sido eliminada en San Pedro Sula y otras regiones del país como Santa Bárbara y La Ceiba.
Dijo que hacer que la mora judicial sea cosa del pasado, es una de las metas de la actual administración. “Que los juicios no vayan más allá del tiempo razonable”.
