Washington – El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, no envió a ningún representante a dar explicaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que el organismo se entromete «en sus asuntos internos» y comete «injerencia».
El Gobierno de Morales fue invitado por la Comisión para participar este lunes en una audiencia titulada «obstáculos, retrocesos y retos para el avance de los derechos humanos en Guatemala», cuyo objetivo era el diálogo entre miembros del Ejecutivo y defensores de derechos humanos con ayuda de la CIDH.
En esa audiencia, celebrada en Washington, se quedaron vacías las sillas negras que habían sido reservadas para el Estado y los activistas fueron los únicos que hablaron.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, leyó una carta que le envío el 17 de septiembre el presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), Jorge Luis Borrayo Reyes, que depende del Ejecutivo.
«Ellos no reconocen muy específicamente que el tema de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) pueda ser objetivo de discusión por ninguna instancia interna ni internacional porque se trataría de injerencia en sus temas internos. Y por esa razón, entre otros comentarios justificaron su ausencia», explicó Abrao.
La Cicig, un ente auspiciado por la ONU, colaboró durante 12 años con el Ministerio Público guatemalteco para desarticular las estructuras clandestinas incrustadas en el Estado, pero acabó su labor el día 3 de este mes porque Morales decidió no renovar su mandato alegando que había atentado contra la soberanía del país.
Los miembros de la CIDH reaccionaron con fuerza a la ausencia del Gobierno de Morales.
«Muchas gracias por decirnos lo que podemos tocar y lo que no podemos tocar», dijo con sorna el peruano Francisco José Eguiguren, encargado del área de Defensores de Derechos Humanos en la CIDH.
«Cada vez que un Estado se exime de asistir produce un grave daño a los objetivos de estos espacios que es conocer, informar, dialogar. Esta ausencia es muy grave», manifestó Eguiguren.
Específicamente, la chilena Antonia Urrejola consideró que el plantón del Estado perjudica gravemente el debate en torno a una polémica ley, contra la que falló la Corte de Constitucionalidad y que pretende ampliar la amnistía por delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado (1960-1996) en Guatemala.
Urrejola consideró «lamentable que a día de hoy» un país diga que «es una injerencia en sus asuntos internos» el debate sobre los crímenes de lesa humanidad, que, por ser precisamente delitos contra toda la comunidad humana y no solo contra un Estado, se les considera de la máxima gravedad y no prescriben.
En la audiencia, los grupos defensores de derechos humanos denunciaron la criminalización, la violencia y la estigmatización que sufren a diario.
Una de las activistas llevaba en su ordenador una pegatina en la que ponía «Yo amo a la Cicig».
La CIDH inició hoy su 173 periodo de sesiones. Además de Guatemala, Cuba tampoco acudió a las audiencias.
