El secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan Javier Zeballos, dijo a Efe que la citación de un fiscal al periodista John Arandia, que fue el primero en difundir el vídeo, es «un desconocimiento y una trasgresión» al artículo 8 de la Ley de Imprenta, que establece que el secreto de prensa es «inviolable».
«Los fiscales tienen un conocimiento jurídico importante y no deberían incurrir en este tipo de acciones, que más parecen destinadas a atemorizar y silenciar al periodismo que a hacer investigaciones reales e imparciales», señaló Zeballos, cuya entidad agrupa a los dueños y directores de los diarios del país.
Arandia acudió hoy a la citación del fiscal Edward Mollinedo que, sin embargo, no se presentó para la audiencia.
La investigación de la fiscalía apunta a descubrir cómo el periodista obtuvo el vídeo en el que supuestos agentes del Gobierno, en una fecha no precisada, pagan 31.500 dólares a Ignacio Villa, una persona que acusó a varios dirigentes opositores del departamento de Santa Cruz de estar vinculados a la banda terrorista internacional.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la de La Paz y la Asociación Boliviana de Radiodifusoras también protestaron, al considerar que la actuación de la fiscalía amedrenta a la prensa.
La difusión del vídeo causó polémica entre el Gobierno y los líderes políticos cruceños, quienes aseguran que las imágenes demuestran que el Ejecutivo montó la supuesta trama terrorista para anularles judicialmente e iniciar una «persecución política».
De su parte, el portavoz presidencial, Iván Canelas, ratificó en una rueda de prensa la vigencia de la Ley de Imprenta, que cumple hoy 86 años de existencia, y el respeto al secreto de prensa para los periodistas.
