El acuerdo entre los 15 fiscales del estado le da tiempo al juez federal Neil V. Wake para dar su fallo sobre una demanda presentada en contra de la nueva regulación que cuestiona la constitucionalidad de la misma.
Los demandantes, representados por el abogado Lous Moffa, aseguran que al obligar al empleador a utilizar un programa federal para verificar el estatus migratorio de sus trabajadores, los dueños de negocios no tienen forma de cuestionar los resultados en caso de que haya un problema con la base de datos «E-verify».
«El empleado tiene el derecho a apelar en caso de recibir una confirmación negativa sobre su información personal del programa federal, pero el empleador no», sostuvo el abogado.
La demanda también busca aclarar si la ley aplica solamente a los nuevos empleados, contratados desde el pasado 1 de enero, o es retroactiva.
Bajo las nuevas regulaciones, el empleador debe ingresar la información general del empleado, como nombre y número de Seguro Social, en la base de datos «E-verify» la cual compara automáticamente esta información con la Administración del Seguro Social.
En caso de que la información no coincida con la de esta dependencia, el empleador recibirá automáticamente una notificación en la que se le alerta sobre la posibilidad de que la información presentada por el solicitante es falsa.
Al recibir esta notificación el empleado tiene ocho días para arreglar cualquier problema que haya con su información personal con la oficina del Seguro Social.
Una coalición de dueños de negocios y organizaciones defensoras de los inmigrantes presentaron esta querella contra la ley 2779 argumentando que es inconstitucional porque establecer sanciones contra empleadores que violen leyes de inmigración solamente corresponde al Gobierno federal.
Bajo la nueva legislación, la licencia de operación de los negocios que se les compruebe que emplean a indocumentados a sabiendas podrá ser suspendida hasta por 10 días. Aquellos que reincidan podrían perder este permiso permanentemente.
El pasado lunes, durante su informe de gobierno, la gobernadora de Arizona, Janet Napolitano solicitó al Legislativo estatal hacer algunos cambios a la ley 2779.
Pidió rechazar denuncias contra negocios si éstas son anónimas y proteger las industrias que son necesarias para el funcionamiento del estado, como los hospitales.
Por otra parte, un grupo de legisladores estatales del vecino estado mexicano de Sonora, expresaron ayer durante una visita su preocupación ante el número de compatriotas que han dejado Arizona y regresado a sus pueblos de origen en México a raíz de la implementación de la ley 2779.
Esto junto a las docenas de indocumentados que diariamente son deportadas a través de la frontera entre Arizona y Sonora.
La diputada estatal, Leticia Amparano, del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que Sonora «no está listo» para recibir a los inmigrantes y sus familias.
«Los albergues cercanos a la frontera reportan que están trabajando al doble de su capacidad», aseguró.
Se espera que el juez Wake dé a conocer su decisión en el caso a principios del mes de febrero.
