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Por medio de estándares internacionales se hará depuración policial, según rectora de la UNAH

Tegucigalpa – La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, manifestó que la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP), ha planteado interrogantes a la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), basadas en el procedimiento, el método y enfoque de su trabajo.
 

Resaltó que la CRSP, certificará a la DIECP por medio de estándares internacionales de depuración policial porque sólo de esa forma, la misma puede ser efectiva.

“La Policía no puede depurarse si no es con estándares internacionales”, expresó.

Castellanos informó que la CRSP, planteó a la DIECP, tres interrogantes que tienen que ver con la visión macro de lo que están haciendo.

Indicó que las interrogantes “contrastan con elementos que a nuestro juicio pueden haberse basado los estándares internacionales de depuración policial, porque la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, los va a certificar por estándares internacionales”.

La rectora detalló que las tres preguntas iban orientadas a la aplicación del procedimiento, el método y el enfoque en la depuración policial.

Asimismo, manifestó que también tiene que ver con los 54 policías suspendidos en diciembre y los policías suspendidos cuando salió el ex director general de la Policía, Ricardo Ramírez del Cid.

“¿Qué pasó con esos expedientes, que ha pasado con esos casos?”, se preguntó Castellanos.

Añadió que de igual forma, tiene que ver también con la investigación con policías que cometen asesinatos “porque al parecer ese núcleo no lo están investigando”, resaltó.

Advirtió que la DIECP será evaluada con respecto a todo el proceso de investigación de los bienes pecuniarios de los policías, así como del periodo de reforma de información que hizo la dirección al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

El IAIP, otorgó una reserva de clasificación de información solicitada por la DIECP para lograr secretividad por 10 años sobre casos y expedientes vinculados con dar mayor transparencia a ese organismo del Estado.

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