“El sistema de escuchas, eso está bien claro y establecido por la Ley quién lo maneja, y no lo maneja la Policía, y no está en funcionamiento todavía lamentablemente, porque si no estaríamos castigando más fuertemente a la extorsión y a los que se dedican al secuestro”, apuntó.
Asimismo, el funcionario pidió a los políticos que no lleven el tema irresponsablemente a sus campañas, hay que pensar en Honduras y en la sociedad hondureña.
“Yo no contesto cosas que no tienen ningún sentido, no quiero entrar en temas políticos”, respondió este lunes el titular de Seguridad al ser consultado sobre la denuncia interpuesta por el aspirante presidencial nacionalista por el movimiento Salvemos Honduras, Ricardo Álvarez, quien dijo que la Ley de Escuchas podría estar sirviendo para intervenir las conversaciones telefónicas de los políticos.
Álvarez denunció el domingo que la Ley de Escuchas lejos de monitorear los criminales podría estar sirviendo para intervenir conversaciones telefónicas de los políticos por lo que exigió una profunda investigación al respecto.
El edil capitalino, pidió al Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, que solicite una información detallada de las personas y el por qué se les intervienen sus conversaciones telefónicas y de esta forma garantizar que este proceso se haga con la transparencia del caso respetando los derechos humanos de la población.
En ese sentido, Bonilla dijo que “yo no contesto cosas que no tienen ningún sentido”
Reiteró “no contesto cosas que no tienen ningún sentido; yo no quiero entrar en temas políticos, yo estoy empeñado en que se debe dar seguridad al pueblo hondureño, que son las instrucciones que tenemos del señor Presidente (Porfirio Lobo)”.
El pasado 8 de diciembre, el Congreso Nacional aprobó por unanimidad y a puerta cerrada, la Ley Especial sobre la Intervención de las Comunicaciones, ante la incertidumbre de la ciudadanía y los activistas y defensores de los derechos individuales y humanos en Honduras.
La Ley contiene 62 artículos y crea la Unidad de Intervención de las Comunicaciones, ente que únicamente podrá interferir llamadas telefónicas y conversaciones con la autorización de un juez y a solicitud de un fiscal del Ministerio Público.
