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Honduras, restituyen garantía de libertad de expresión



Honduras, restituyen garantía de libertad de expresión
Autor del artículo: Especial Proceso Digital

Tegucigalpa - La salvaguarda de la libertad de expresión en Honduras, establecida en el artículo 72 constitucional, ha sido restablecida en el país, al ser expulsada la restricción que suspendía esta garantía, en el marco de un decreto de emergencia vinculado con la crisis sanitaria desatada por la pandemia del Coronavirus, que reporta ya su primera víctima en esta nación centroamericana con 68 casos de contagio.

Es la primera vez en la historia democrática del país, que el derecho a la libertad de expresión como garantía constitucional había sido suspendida, generando una serie de protestas y reclamos entre organismos defensores de la libertad de expresión y de derechos humanos nacionales e internacionales.

En tal sentido, el Poder Ejecutivo publicó en el diario oficial La Gaceta, con fecha 21 de marzo de 2020, el decreto número PCM-023-2020 en el cual acuerda reformar el artículo 1 y 7 ejecutivo que suspendía los artículos 72, de libertad de expresión, y71, de los derechos individuales que establece que ninguna persona puede ser retenida por más de 24 horas.

En el decreto reformado, el Poder Ejecutivo señala las garantías constitucionales que quedan restringidas, en donde ya no figura la garantía de libertad de expresión y la de la detención de personas por más de 24 horas como se establecía en el decreto original, lo cual constituye un gran avance en la salvaguarda de la libertad de expresión al garantizar nuevamente el Estado que ese derecho queda tutelado y sigue siendo inviolable.

Restricciones que se mantienen

Entre las garantías constitucionales que siguen siendo restringidas destacan los artículos 69 que establece que la libertad personal es inviolable; el artículo 78 sobre libertad de asociación y de reunión; 81 relativo a la circulación; 84 que establece que nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente (…), 99 sobre la inviolabilidad del domicilio y 103 relativo a la propiedad privada.

Uno de esos organismos que elevó su voz de protesta en el tema de libertad de expresión y otros derechos fundamentales, fue el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) al indicar que en este tipo de emergencias se debían observar los principios de proporcionalidad y necesidad en la implementación de restricciones a derechos fundamentales en estados de excepción.

La Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMC) pidió en nota enviada al gobierno la derogación del decreto y dejar sin efecto la suspensión de la garantía constitucional que salvaguarda la libertad de expresión. La nota fue enviada el 17 de marzo.

El Alto Comisionado hizo una exhortativa al gobierno hondureño, preocupado por las restricciones en la garantía de libertad de expresión y la garantía constitucional del artículo71 en el cual se establece que “ninguna persona puede ser detenida ni incomunicada por más de veinticuatro horas, sin ser puesta a la orden de autoridad competente para su juzgamiento. La detención judicial para inquirir no podrá exceder de seis días contados desde el momento en que se produzca la misma”.

A esa exhortativa también se sumaron otras instancias, entre ellos la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, cuyo relator Edison Lanza, consideró la decisión de suspender la garantía constitucional de libertad de expresión como un uso y abuso desproporcionado de la autoridad.

También el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos en Honduras (Asopodehu) y el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) se unieron a las voces reclamando una rectificación por la libertad de expresión.

Presiones por derogar la suspensión

Las alarmas por el tema de la libertad de expresión subieron de tono pues al amparo de esta restricción, las autoridades de la Secretaría de Seguridad emitieron disposiciones que limitaban el ejercicio del periodismo al señalar que para poder ejercer su trabajo debían sacar un salvoconducto en el Ministerio de Trabajo y en la Secretaría de Desarrollo Económico, disposición que por presiones de la prensa tuvo que ser retirada y establecer que con el carné del medio, los periodistas podían hacer su trabajo.

La determinación del Poder Ejecutivo de rectificar al restituir esas dos garantías a los ciudadanos hondureños es vista con aliento entre los organismos de derechos humanos y de libertad de expresión nacional e internacional, al señalar que es un avance en medio de la compleja situación que vive el país por la emergencia que ha desatado la pandemia del Covid19.

Para el relator de la libertad de expresión de la OEA, Edison Lanza, en momentos que esta crisis sanitaria está golpeando al mundo, la población amerita estar debidamente informada, tener acceso a la información pública y generar una rendición de cuentas. La libertad de expresión, sostuvo, es la piedra angular para ejercer ese derecho.

La libertad de expresión en Honduras enfrenta enormes desafíos que limitan el acceso a la información pública como la Ley de Secretos, el nuevo Código Penal que entrará en vigencia en mayo próximo, hasta amenazas, agresiones, querellas, cárcel y asesinatos, según los organismos que monitorean este tema en el país.


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