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MACCIH: “Blindaje” de diputados obstaculiza lucha anticorrupción



MACCIH: “Blindaje” de diputados obstaculiza lucha anticorrupción
Autor del artículo: Especial Proceso Digital

TegucigalpaLa reciente reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional representa un “blindaje” muy difícil de superar y obstaculiza la lucha contra la corrupción en Honduras, coinciden la Misión Anticorrupción de OEA y la Fiscalía del Estado.

- Las reformas aprobadas por el Congreso son “un obstáculo difícil de superar”, dijo el fiscal Santos en torno al blindaje de los diputados para el manejo de recursos públicos.

- Varios casos que están en apelación quedarían paralizados y otros que prepara UFECIC simplemente no podrían presentarse con la reforma de los congresistas.

Tanto la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) del Ministerio Público y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) elevaron sendas protestas a lo aprobado por la Cámara Legislativa la semana anterior.

El jueves anterior se reactivó la inmunidad parlamentaria, aunque en esta ocasión la denominaron protección jurídica parlamentaria, para lo cual adicionaron el artículo 10-A del decreto legislativo 363-2013 de la ley Orgánica del Poder Legislativo.

Diputados aprueban nueva inmunidad, llamada protección jurídica a legisladores.

El proyecto de ley fue aprobado en un solo debate, ya que le dispensaron dos debates, con el voto a favor de 88 diputados.

Es importante mencionar que el Ministerio Público, por medio de la UFECIC, y la MACCIH han entablado juicio a varios diputados por diversos casos, incluido uno por considerar que alteraron lo aprobado en las sesiones del Congreso Nacional, con la finalidad de proteger a los legisladores de acusaciones criminales. Algunos están en Corte de Apelaciones y otros simplemente fueron turnados al Tribunal de Cuentas.

Diversos sectores de la sociedad han considerado la reforma como una nueva afrenta de los legisladores contra el pueblo y la transparencia en el manejo de recursos públicos.

Hicieron reforma para paralizar casos

Luis Javier Santos. UFECICEl coordinador de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), Luis Javier Santos, dijo que mediante la reforma a artículos de la Ley Orgánica del Congreso Nacional se pretende paralizar varias líneas de investigación, más de 70, que se llevan a cabo en UFECIC.

“Lo que puedo decir es que bastante líneas de investigación quedarían paradas mientras el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), no disponga si hay responsabilidad o no”, subrayó.

El fiscal Santos citó que los casos: Pandora, Arca Abierta y Red de Diputados “hace más de un año están en apelación. Pareciera que esperaban esta reforma que se hizo hace una semana”.

Denunció que se superó el tiempo que Código Procesal Penal manda para que se resuelvan las apelaciones.

“De nada sirve que UFECIC trabaje 12 horas (diarias) y hasta los fines de semana, si todo el sistema no está comprometido en la lucha contra la corrupción, y pareciera que no hay voluntad de luchar contra la corrupción en el país”, externó.

El funcionario fiscal enfatizó que “lo que se pretende es que el Tribunal de Cuentas se pronuncie si hay responsabilidad contra un funcionario. Nosotros hemos encontrado expedientes del Tribunal Superior de Cuentas en los que dicen no encontraron ninguna responsabilidad y nosotros (UFECIC) si la hallamos, ejemplo de eso es el caso Pandora”.

Cuestionó que el TSC no cuenta con los medios que sí tienen UFECIC y la MACCIH.

“Los diputados tienen tiempo para hacer reformas a la Ley Orgánica del Congreso, pero no para aprobar la Ley de Colaboración o reformar la Ley de Secretos”, indicó.

El fiscal citó que se había avanzado mucho en el combate a la corrupción, pero de nuevo esta estrategia queda paralizada con las acciones de los parlamentarios.

Concluyó que “pareciera que todo el sistema de justicia no tiene voluntad de luchar contra la corrupción”.

MACCIH también lanza grito al cielo

Ana María Calderón. MACCIHEn las últimas horas, la vocera interina de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Ana María Calderón, coincidió que la aprobación de la inmunidad parlamentaria y los fondos departamentales “laceran el trabajo” de este organismo anticorrupción.

Sostuvo que sí estaban al tanto del proceso “hemos hecho un análisis muy rápido, incluso en el sexto informe, comunicamos que estuvimos ayudando en la ley y lo que hemos visto es otra realidad", refiriéndose a lo que fue aprobado el Poder Legislativo.

Respecto a la interrogante de varios periodistas: ¿si con la aprobación de esas normativas se blindan los diputados y se lacera el trabajo de la MACCIH? Calderón respondió: “si, por supuesto sí”, respondió tajantemente.

Según Calderón, con la aprobación de esas normativas, sin duda crean un panorama diferente para Honduras. Al tiempo que brevemente añadió que elaboraron un análisis en el que hicieron saber cuál es la posición de la MACCIH frente al nuevo Código Penal.

Exmagistrada del TSC a favor de blindaje

Daysi Oseguera de AnchectaLa exmagistrada del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Daysi Oseguera de Anchecta, se pronunció esta misma semana a favor de la “inmunidad” que aprobaron la semana anterior los diputados para el manejo de fondos departamentales.

La exfuncionaria defendió que la norma recién aprobada les permite a los congresistas presentar liquidaciones ante el órgano contralor y que no ser acusados en los tribunales de la República.

Recordó que el TSC en su ley orgánica y reglamento de aplicación no tiene ninguna discreción para revisar las instituciones del Estado que maneje fondos públicos, “pero hace unos cinco años se emitió en el Congreso Nacional un decreto ley que estipulaba que las ONGs no eran objeto de auditorías por parte del Tribunal de Cuentas, entonces lo que supongo es que lo único que se ha hecho es restituirle al órgano contralor del Estado la capacidad y la actividad que tiene para revisar las ONGs”.

Calificó que los diputados no se blindaron para el manejo de los llamados fondos departamentales, en vista que siempre tienen que presentar una liquidación y el Tribunal de Cuentas hacer las auditorías.

Consultada sobre si fue correcto lo que aprobaron la semana anterior los parlamentarios, Oseguera de Anchecta respondió: “yo creo que sí, para un mal peor pues esto realmente no es tan transparente… a las ONGs se les debe hacer auditorías completas y no solo las que manejan diputados, sino los particulares”.


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