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Ministra de Finanzas instruye al personal a brindar toda la colaboración con la ATIC



Ministra de Finanzas instruye al personal a brindar toda la colaboración con la ATIC
Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa – La ministra de Finanzas, Rocío Tábora, informó que personal de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se presentó a las oficinas de esa secretaría por lo que instruyó a su equipo de trabajo a colaborar con toda la información solicitada en el proceso de investigación del caso de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).

“Este día personal de la ATIC bajo su mandato legal se ha apersonado a la SEFIN. Instruí al personal colaborar con toda la información solicitada por ellos en el proceso de investigación del caso de Invest H y cualquier otro caso”, posteó Tábora en su cuenta de Twitter.

Al respecto, la viceministra de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Roxana Melani Rodríguez, confirmó que en efecto hoy se recibió la visita de los representantes del Ministerio Público para hacer unas indagaciones en relación a estos procesos de compras por parte de Invest-H.

En ese sentido, aclaró en el marco de las competencias de cada una de las secretarías de Estado, Sefin no participa en los procesos de adquisición de las instituciones, pues cada institución tiene un presupuesto aprobado y adquiere sus bienes y servicios enmarcados en el presupuesto que les fue aprobado por el Congreso Nacional.

“Nosotros estamos con toda la apertura a las indagaciones que ellos han realizado y bueno, con esta apertura para poder mostrar y responder las preguntas que ellos en este momento están realizando a nuestro equipo de trabajo”, indicó la funcionaria.

Asimismo, enfatizó que “no podemos hablar de documentación, porque en la Secretaría de Finanzas no hay documentación en relación al proceso dado, nosotros no somos parte del proceso de adquisición como institución, como lo establece la misma Ley Orgánica de Presupuesto en el artículo 87, que habla sobre la emisión y la suscripción de la orden de pago, que también es responsabilidad de la institución que hace la compra”.

Refirió que ese formulario de gasto que es conocido como F01, que es por el que la Fiscalía pregunta, todo ese procedimiento es efectuado y ejecutado a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (Siafi), y lo que ha hecho Sefin es imprimirlo y entregarlo a los fiscales.

Recordó que existe una Ley de Compras y Contrataciones del Estado que está regido por otro órgano rector y en ese sentido, “nosotros damos los lineamientos de ejecución presupuestaria, en los cuales las instituciones tienen que dar seguimiento, para esa labor, pues ya los entes contralores del Estado tienen que, en caso de encontrar algún indicio o alguna anomalía, son los que tienen que actuar”.

Aclaró que no hay secuestro de documentación en la Secretaría de Finanzas, pues esa dependencia no forma parte de los procesos de adquisición que realizan las instituciones de gobierno y por lo tanto Sefin no posee información sobre los pasos o la documentación en detalle que respalda el proceso de adquisición que realizan las dependencias estatales.

En ese sentido, los miembros de la ATIC se han reunido con el equipo técnico de la Secretaría de Finanzas, por lo que hay que esperar que concluya el proceso para poder brindar mayores detalles al respecto.

Indicó que tramitar los pagos que las instituciones hacen de su presupuesto que les ha aprobado por el Congreso Nacional es un proceso normal en la Secretaría de Finanzas, pero Sefin “no autoriza pagos, nosotros damos trámite, así lo dice claramente la ley en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Presupuesto, nosotros lo que hacemos es tramitar el pago de un presupuesto que les fue aprobado a las instituciones de gobierno y son ellas la que administran cada partida presupuestaria”.

Recalcó que para verificar lo que se refiere a la documentación, existen los órganos contralores del Estado y cada Presupuesto General de la República, tiene su decreto ley, y el que actualmente está vigente fue aprobado mediante decreto 171-2019, donde se establecen los lineamientos y cómo deben ejecutar su presupuesto las instituciones de gobierno y son los entes contralores del Estado los que van a establecer si hay no hay delito, o si hay un incumplimiento de la ley que ya establecen las mismas normas presupuestarias.

Rodríguez refirió que en la estructura gubernamental existen unas 100 instituciones de gobierno y si la Secretaría de Finanzas analizará cada uno de los procesos formaría parte de esos procesos, pero hay normas y leyes de cómo las instituciones deben ejecutar su presupuesto.


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