De acuerdo al reporte preliminar, varios campesinos armados llegaron hasta el lugar para tomarse la finca, donde hirieron al menos a uno de los custodios.
El apoderado legal de la compañía, Roger Pineda, explicó que la finca ocupada tiene aproximadamente unas 530 hectáreas, todas cultivadas con palma africana.
Dijo desconocer bajo qué agrupación campesina se abanderan los ocupantes de la finca “Los Laureles”.
Pineda solicitó a las autoridades su intervención para sacar a los ocupantes y lamentó que los ocupantes se hayan opuesto a órdenes emitidas por un juzgado, así como a la acciones de la Policía y el Ejército sobre el desalojo en la finca, San Isidro, otra que se encuentra ocupada.
En ese sentido, se desplazó al lugar un contingente de la fuerza de tarea Relámpago, a cargo del comisionado Kennet Sabillón Flores y el jefe departamental de la Policía subcomisionado Amílcar Mejía Rosales.
“Creo que ninguna finca vale la gota de sangre de ninguno de ellos y de ningún miembro de las Fuerzas Armadas”, sostuvo Mejía Rosales.
Hasta el momento en la acción no se reportan detenidos ni hechos que lamentar.
Por su parte, los campesinos agrupados al Movimiento Recuperación del Aguán (MRA), sostienen que ellos tienen derecho a la tierra y que por eso están haciendo valer los mismos.
La nueva agrupación está compuesta por 450 familias dijo María Rodríguez una las campesinas que está al frente del movimiento.
“Nosotros estamos abiertos al dialogo no queremos más derramamientos de sangre, estas tierras nos pertenecen porque es nuestro patrimonio”, señaló.
Ante el nuevo conflicto registrado en el Bajo Aguán, el designado presidencial, Samuel Reyes, lamentó la situación que se está dando en el sector, y dijo que como gobierno se han buscado todo lo que ha estado a su alcance para recuperar la paz en la zona.
“Hemos estado haciendo una inversión fuerte para adquirir las tierras y entregárselas a los campesinos y esto no es un regalo del Estado, ellos asumen una deuda a través de un fideicomiso que será pagado con su producción”, comentó Reyes.
La situación de pleitos por tierras en el Bajo Aguán ha causado al menos 50 víctimas, además varios agroindustriales han denunciado constantes saqueos e invasión en sus fincas.
