Tegucigalpa – Dos de los tres poderes que componen el Estado hondureño coinciden en una ampliación a la vigencia del nuevo Código Penal, que deberá ser ley a contar del próximo 10 de noviembre.
– El Colegio de Abogados también se pronunció en las últimas horas a favor de una extensión para la vigencia de la normativa penal.
Tanto el presidente Juan Orlando Hernández, del Poder Ejecutivo, así como Rolando Argueta, del Poder Judicial, coinciden que se debe ampliar la vacatio legis del nuevo Código Penal, la que sí es defendida por el Parlamento que encabeza Mauricio Oliva.
Además, la Sala de lo Penal emitió una opinión, la semana anterior, sugiriendo la ampliación de la vacatio legis del nuevo Código Penal por 18 meses.
La controvertida norma jurídica es rechazada por la generalidad de la sociedad hondureña. Apenas algunas voces del Legislativo defienden fervientemente el texto.
El Código, que aún no entra en vigencia aunque ya fue publicado en el diario La Gaceta, será “parchado” han anunciado sus promulgantes, luego de reuniones entre comisiones legislativos con personeros de la empresa privada y el Colegio de Periodistas. Ambos sectores lograron acuerdos para realizar reformas en la Cámara.
El último en pronunciarse de los poderes del Estado en torno a la vigencia de la normativa penal fue el gobernante Juan Orlando Hernández, quien se mostró a favor de dar un espacio más de tiempo para analizar los más de 600 artículos contenidos en la ley.
El titular del Ejecutivo, Juan Orlando Hernández.Hernández dijo estar a favor de extender la vacatio legis para el nuevo Código Penal y así realizar una “revisión profunda” al instrumento legal.
Indicó que algunos artículos del Código Penal pueden favorecer la criminalidad, por ello planteó que es mejor extender la fecha de su vigencia, prevista para noviembre próximo.
CSJ pide ampliación
En varias oportunidades el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta ha sostenido la urgente necesidad para que se extienda el plazo del estamento penal.
Durante la celebración del 198 aniversario de independencia de Honduras, el jefe del Poder Judicial dejó claro que emitirán opinión en torno a la ampliación de la vacatio legis.
Pidió que se extienda el plazo “hasta el segundo semestre del próximo año”, al tiempo que consideró necesario reformar la parte sancionatoria de la normativa penal.
El jefe del Poder Judicial, Rolando Argueta Pérez.Asimismo, Argueta señaló que el Poder Judicial está presto a dar su opinión de 75 artículos que consideran que deben ser revisados.
Remarcó que el Código Penal regula la teoría del delito que consiste en la categorización de las infracciones.
Argueta ha sido consistente en machacar la necesidad que la ley comience a aplicarse hasta mediados de 2020.
En esa misma vía se pronunció el magistradoJosé Olivio Rodríguez, quien aseguró no existen las condiciones ni la logística para implementar el nuevo Código.
“Ahora no hay condiciones para implementarlo y por eso nosotros mencionamos que se debe ampliar vacatio legis por 18 meses”, declaró.
Justificó la solicitud de ampliación de la vacatio legis debido que el Poder Judicial no tiene logística, ni la capacidad de implementarlo y eso es grave porque queda menos de dos meses para que entre en vigencia.
Rodríguez arguyó que la solicitud de la Sala de lo Penal no es un capricho, si no un clamor de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para capacitar a jueces y magistrados.
“La implementación de este Código Penal traerá costos financieros y no se han alcanzado las capacitaciones plenas a los jueces y magistrados de los diferentes juzgados”, señaló.
Oliva dice CSJ no tiene argumentos
El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, aseveró que no son suficientes sólidos y fuertes los argumentos del titular del Poder Judicial, Rolando Argueta, para ampliar la vacatio legis del nuevo Código Penal.
“No es un argumento suficiente sólido y fuerte el hecho de la capacitación”, respondió Oliva cuando fue consultado por periodistas sobre la petición de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de ampliar vacatio legis del nuevo Código.
El presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva.Oliva arguyó que el Código Penal fue aprobado en mayo de este año que han tenido cuatro meses para iniciar las capacitaciones.
“Mi respetuosa sugerencia al presidente de la Corte es que ya debió haber empezado las capacitaciones de jueces”, recomendó.
Oliva comparó la pérdida de tiempo con los alumnos que estudian un día antes del examen. “Están como los cipotes que saben que tienen examen y no estudian”, recalcó.
Sostuvo que pueden ampliar la vacatio legis si se presentan argumentos sólidos que no puedan ser solucionados antes del 10 de noviembre.
Calificó de exagerada la propuesta del Poder Judicial de ampliar por dos años la vacatio legis.
Otras voces del Congreso hondureña, especialmente de quienes integran la junta directiva, han dejado claro que aunque existan reformas, el Código entrará en vigencia en noviembre.
Colegio de Abogados demanda tiempo
Esta misma semana, la presidenta del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Anny Belinda Ochoa, dijo que el ente gremial que ella representa también respalda la ampliación de la vacatio legis.
Dijo que la ampliación de la vacatio legis del nuevo Código Penal “es una necesidad que surge de que todos los operadores de justicia puedan conocer la normativa que entrará en vigencia próximamente”.
Arguyó que visualiza que magistrados, fiscales, defensores públicos y jueces tengan la oportunidad de capacitarse a nivel nacional.
Ochoa afirmó que el CAH ha estado capacitando a centenares de abogados que se dedican al ejercicio privado de la profesión. “Creemos que si hay mayor tiempo para el análisis de la normativa, la aplicación será más efectiva para garantía de los procesos”, concluyó.
Odir Fernández y Gabriela Castellanos, del CNA.Otro elemento a destacar es la observación del jefe de la Unidad de Investigación y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández, que dijo que la entrada en vigencia del Código Penal limitará las extradiciones de ciudadanos hondureños por delitos de narcotráfico y criminalidad organizada.
Remató que “el artículo 9 inciso 3 del Código Penal ahora es un agregado que hacen en la parte general del principio de justicia universal… independientemente de las disposiciones vigentes en el lugar de la comisión de la conducta punible o de la nacionalidad del autor se puede juzgar y sancionar conforme con la ley penal hondureña los delitos cometidos en el extranjero cuando se cumplan las condiciones establecidas en tratados, convenios ratificados por Honduras, así como cuando los actores o instrumentos del delito se encuentren en el territorio nacional o el lugar donde el Estado de Honduras ejerza jurisdicción en los siguientes delitos: …tráfico de armas, tráfico ilícito de drogas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas”.
A renglón seguido, apuntó que “ahora que los narcotraficantes son diputados del Congreso Nacional, autoridades de diferentes poderes, vemos que están generando algunas armas para poder limitar posteriormente el ejercicio de las extradiciones”.
Fernández mencionó que eventuales extraditables políticos alegarán que el nuevo Código Penal hondureño se los permite y buscarán mejor ser procesados en el país antes que ir a Estados Unidos.
