Tegucigalpa – Las estafas financieras que han sacudido a Honduras en los últimos años —desde Koriun hasta Unifin, Monavex, Cryptaespon y ahora Willbox— revelan un patrón que va más allá del engaño individual: muestran fallas estructurales en la supervisión, la justicia y la capacidad del Estado para anticipar y contener esquemas que captan dinero del público sin autorización. El fenómeno no solo persiste, evoluciona, muta y se adapta a nuevas tecnologías y vacíos legales.
Problema que se repite: cómo operan estas organizaciones
Los casos de Koriun y Unifin son emblemáticos. Ambos ofrecían rendimientos imposibles —hasta 5 % semanal o 20 % mensual— sin contar con autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Su modelo, según las investigaciones, era un esquema Ponzi clásico: pagar a los primeros inversionistas con el dinero de los nuevos.
La ciudad de Choloma, en el norte de Honduras, reúne una combinación de factores económicos, sociales y territoriales que la vuelven especialmente vulnerable a esquemas de captación ilegal de dinero. No es casualidad que varias de las plataformas denunciadas oficialmente hayan tenido oficinas, promotores o fuertes redes de captación en esta zona.
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Expertos financieros estiman que la vulnerabilidad de los habitantes de Choloma de volverse víctimas de estos esquemas está ligado a una economía marcada por salarios bajos y alta informalidad. Al ser uno de los municipios con mayor concentración de maquila en el país, implica la combinación de salarios bajos y poco margen de ahorro; altos niveles de endeudamiento familiar y la búsqueda constante de ingresos adicionales.
Y cuando una plataforma promete “ganar 20 % mensual” o “duplicar el dinero en semanas”, se vuelve atractiva para personas que viven con ingresos ajustados y pocas oportunidades de inversión formal.
Migración interna y redes comunitarias muy densas
En el caso de Koriun, el colapso dejó más de 35 mil afectados y pérdidas superiores a 125 millones de lempiras, convirtiéndose en la mayor estafa financiera reciente del país. La ATIC incluso encontró más de 358 millones de lempiras en efectivo ocultos en caletas, evidencia del manejo opaco del dinero.
Tras su caída, surgieron nuevas plataformas que replicaron el modelo. Unifin, por ejemplo, utilizó la figura de “donaciones” para disfrazar la captación ilegal de fondos, una modalidad que la CNBS calificó como engañosa y violatoria de la ley.
Más recientemente, la CNBS alertó sobre Willbox, otra supuesta empresa que estaría captando recursos sin autorización, demostrando que el fenómeno no se ha detenido y que se desempeña en base a redes sociales.
El rol de los entes reguladores: alertas, límites y vacíos
La CNBS ha emitido múltiples comunicados advirtiendo que ninguna persona natural o jurídica puede captar dinero del público sin autorización. El cambio de autoridades en el ente marcó también el acento en el combate de esta modalidad de estafa ya que el accionar del ente regulador es marcado por la estabilidad, independencia y capacidad técnica del ente y su impacto puede sentirse en la coordinación interinstitucional y credibilidad pública.
En lo que va del año la CNBS ha desplegado equipos técnicos para inspeccionar oficinas, verificar documentación y coordinar con la Secretaría de Seguridad y la OPIF.
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Un vacío legal permite que organizaciones se registren como sociedades civiles o comerciantes individuales y operen en una “zona gris” donde la CNBS no tiene facultades directas para intervenir hasta que el daño ya está hecho.
Las autoridades especializadas han reconocido la dificultad para identificar a los responsables, quienes suelen ocultar su identidad y utilizar figuras jurídicas simuladas.
Preocupa porque la gente lo hace con conciencia
El comisionado de la CNBS, Gustavo Solórzano le confió a Proceso Digital dijo que a Koriun y Unifin la gente no debería estarles llamando financieras y mucho menos empresas, son grupos creados para estafar a la población.
Citó que el Código de Comercio las enuncia como “sociedad ilícitas” que se crearon con la finalidad de defraudar a las personas.
Desglosó que en el caso de Koriun el señor Iván Velásquez se había constituido como comerciante individual y creó Koriun Inversiones, pero en el caso de Unifin se espera el registro porque no hay evidencia que fue creada como comerciante individual o de otra manera.
Igualmente, reveló que en Arizona, Atlántida, también hay personas captando de manera irregular el dinero de la población.
“Hay que tener mucho cuidado con este tipo de operaciones, pero lo digo como abogado después de hacer el análisis correspondiente, a la Comisión no le toca tan siquiera hacer una revisión porque no supervisamos este tipo de instituciones ilícitas”, describió.
Puntualizó que “hay que entender que el flagelo existe, luego aceptar que algunos están sacando provecho de esto, la población debe tener claro que colocar su dinero en estas actividades al margen de la ley lo único que provocará es que pierdan su dinero. La gente lo hace con conciencia, pese a saber que es ilícito, pero lo hacen con la esperanza de recuperar el dinero en corto plazo”.
AHIBA: corresponde a la CNBS advertir sobre captaciones irregulares
Para la directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA), María Lidia Solano, su organización no ha emitido hasta ahora ninguna aclaración oficial sobre captaciones irregulares, ya que, según la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), esta entidad es la responsable de identificar tales operaciones, recabar la información pertinente y entregarla al Ministerio Público, además de alertar oportunamente a la población.
En comunicación con Proceso Digital dijo que en el caso de Korium, la CNBS y el Ministerio Público advirtieron a la ciudadanía de manera tardía, y el proceso legal resultó errático. En particular, el Ministerio Público incautó fondos que, según se indicó, fueron devueltos a la empresa para su distribución a los inversionistas, sin que se haya clarificado públicamente cómo se identificaron estos últimos.
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Para la doctora Ana Cristina Pereira, experta en temas financieros y expresidenta de la CNBS todo es cuestión de educación y codicia: “Creo que la mejor defensa frente a esos esquemas de fraude es la información y la educación financiera, que ayude al ahorrante a identificar el riesgo de colocar su dinero en un esquema fraudulento. Sin embargo, la mejor arma de los defraudadores es la codicia: aunque el esquema propuesto se vea sospechoso —demasiado bueno para ser cierto—, la gente se autoconvence de que el rendimiento tan alto vale la pena correr el riesgo” , dijo a Proceso Digital.
El sistema de justicia: decisiones cuestionadas y procesos lentos
El caso Koriun también expuso tensiones dentro del sistema judicial. La liberación bajo fianza de su exgerente, Iván Velásquez, generó indignación institucional y llevó al Ministerio Público a denunciar y a la Corte Suprema, como consecuencia, a investigar al juez que otorgó el cambio de medidas, señalando un posible patrón de resoluciones irregulares en casos de crimen organizado y lavado de activos.
La lentitud en la judicialización de expedientes y la percepción de aplicación selectiva de la ley han alimentado la desconfianza ciudadana. En paralelo, miles de víctimas siguen sin recuperar sus ahorros.
Lo que viene: más riesgos si no se actúa con firmeza
Las estafas financieras en Honduras no están disminuyendo; están diversificándose. Plataformas digitales, redes sociales, contratos disfrazados de “donaciones” o “asociaciones”, y oficinas que abren y cierran en cuestión de días hacen más difícil la supervisión.
Tres tendencias marcan el futuro inmediato: una mayor sofisticación tecnológica Los esquemas migran a plataformas digitales difíciles de rastrear, con identidades falsas y operaciones transnacionales. Igualmente, la revictimización de ahorrantes, muchas víctimas, desesperadas por recuperar su dinero, vuelven a caer en nuevas plataformas que prometen “soluciones rápidas”.
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De otro lado, la necesidad urgente de reformas legales: sin un marco que regule actividades no financieras de captación, el Estado seguirá reaccionando tarde.
Así el panorama,Honduras enfrenta un desafío que combina debilidad institucional, vacíos legales y una ciudadanía vulnerable ante promesas de rentabilidad rápida. La CNBS y el Ministerio Público han intensificado acciones, pero la magnitud del problema exige reformas profundas, coordinación interinstitucional y educación financiera masiva. Igualmente, más allá del accionar visible y mediático, se demanda la efectividad de la justicia, frente a un Poder Judicial que se ha mostrado endeble y hasta permisivo.
Mientras tanto, la recomendación de los reguladores es clara: si una plataforma promete ganancias superiores al 10 % mensual, opera sin autorización o presiona para atraer aportantes, es casi seguro una estafa. (PD)
