“Existen presiones políticas en contra del Poder Judicial” y “todo se está dando por la coyuntura de los casos que va a conocer el juez natural en su momento de los casos en contra del ex presidente Manuel Zelaya”, dijo el presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, Teodoro Bonilla
Bonilla calificó como una intromisión en las acciones del Poder Judicial las declaraciones del presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, quien a principios de esta semana dijo que no descartaba que el Parlamento destituya a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) si se comprueba que desde ese poder del Estado se cometieron excesos durante la crisis política que vivió Honduras en junio de 2009.
“Eso lo rechazamos, y es inadmisible que diputados e inclusive el presidente del Legislativo (Juan Orlando Hernández) quieran atentar contra la independencia del Poder Judicial cuando el Código Procesal Penal ya defiende esta independencia en la administración de justicia”.
Bonilla recordó que el artículo 22 del Código Procesal Penal “es claro, prohíbe delimitar o interferir la actividad judicial de los jueces y magistrados; eso significa que la contravención de esta norma cualquier funcionario incurre en el delito de sedición, que es penado de cinco a diez años”.
Agregó que “la simple insinuación o la simple recomendación de cualquier presidente de los poderes del Estado o diputados o funcionarios del país para que a un juez o un magistrado se le coarte su libertad, o interferir en la conducta de este magistrado para que ese criterio de este juez en un caso especifico falle en contra de la ley, éste funcionario incurre en ese delito de sedición”.
Bonilla consideró que el Ministerio Público “de oficio deberá de actuar porque aquí los funcionarios cometen delitos y no son perseguidos”
Y advirtieron que si el Ministerio Público no actúa “nosotros vamos a imponer las denuncias, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias de movilizar a los 4,000 empleados del Poder Judicial si se atenta contra la independencia, contra la estabilidad de los magistrados, porque ya la Constitución es clara los magistrados son nombrados por siete años y solo por causas legales podrán separados cuando cometan delito”.
Los jueces y magistrados demandaron además “un alto a esas amenazas, de lo contrario estaríamos denunciando ante el Ministerio Público por el delito de sedición a estos funcionarios del Estado, porque nadie está por encima de la ley”.
“Los gobernantes y gobernados debemos respetar la ley y la constitución”, anotó.
