“Hay varias indicaciones como que no pueden haber contrataciones de personal si no se cuenta con la asignación presupuestaria disponible y que los incrementos salariales no pueden ir más allá de lo que la ley establece”, indicó.
Añadió que existe el decreto 19-2003, que establece que los incrementos salariales selectivos que se pretendan otorgar en cada una de las secretarías de Estado, aparte de contar con la asignación presupuestaria, debe de contar con un estudio de méritos del empleado para que sea sujeto a ese aumento salarial.
El funcionario aseveró que también se ejercen controles respecto a las adquisiciones y las compras que deberán ser reguladas por la Ley de Contratación del Estado, siguiendo los procedimientos que la legislación establece.
En ese sentido, advirtió que no podrán hacerse compras ni adquisiciones directas y la ley establece un mecanismo ya sea de licitación pública o licitación privada y cuando se trata de compras menores, deberán hacerse las tres cotizaciones que la misma ley establece.
Reiteró que todas esas regulaciones son las que se están implementando para hacer una ejecución presupuestaria que vaya de acuerdo a lo programado y que está incluido los planes operativos anuales de todas las instituciones estatales
Zúniga destacó que este año, las instituciones del gobierno tendrán que hacer una mayor uso del Plan Operativo Anual en virtud que las modificaciones presupuestarias ya no las podrán hacer al libre albedrío como se ha venido estilando, sino que ya hay una regulación en la ley donde se establece que solamente 40 modificaciones en el año, es decir 10 trimestrales.
Explicó que hasta la tercera semana de marzo, las instituciones estatales podrán hacer una modificación presupuestaria, por lo que deberán ir ejecutando el presupuesto de acuerdo a la programación incluida en su presupuesto.
Señaló que la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Presupuesto, establecen claramente que ninguna institución puede hacer compromisos más allá de los créditos incluidos en su presupuesto pues de lo contrario, la misma ley implanta una sanción que va desde la sanción administrativa hasta la persecución penal de acuerdo a la gravedad del caso.
Advirtió que “el control que se pretende llevar sobre el comportamiento fiscal va más allá de lo que se ha venido haciendo anteriormente porque ahora se harán los reportes precisos tanto al Congreso Nacional como al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para que hagan sus acciones de acuerdo a las instancias que la misma ley les confiere”.
