En el año 2000, tuve el honor de coordinar el “Equipo Universitario de Voluntariado Cívico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)” que concluyó, en ese mismo año, el diagnóstico interdisciplinario de la situación, al fin del siglo XX, de la sociedad y el Estado de Honduras.
En el 2001, complementamos ese diagnóstico con el “Planteamiento” del “Proyecto de Nación Siglo XXI: Honduras: Una Patria para Todos” que contiene la Propuesta de la UNAH (a la población, a los políticos, partidos políticos y gobiernos) de objetivos y metas concretas sobre el “Desarrollo Integral Sostenible de Honduras”, conducente a “Vida Digna y Seguridad Democrática para la Nación Hondureña” (Años 2001 – 2021). Desde entonces, han transcurrido veinte y dos años que han evidenciado el proceso de la gestión del Estado y del comportamiento de la sociedad que han conducido a la actualrealidad nacional, en el período 2001 – 2023.
A la luz de aquella histórica Propuesta de “Vida Digna y Seguridad Democrática para la Nación Hondureña” (Años 2001 – 2021): se puede objetivamente testimoniar lo poco que hemos avanzado en este siglo, en el que se continúan cometiendo más errores y omisiones del pasado que inclusive se han agravado y nos debilitan aún más como sociedad y Estado, tal como lo revela igualmente las causas y consecuencias de las numerosas crisis que hemos sufrido y continuamos experimentando.
Ese desorden de cosas y ese estado de hecho contradice lo que manda la Constitución de la República y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por lo que debe corregirse al ser evidentemente atentatorio contra el derecho de autodeterminación de los pueblos, en particular del pueblo hondureño. Autodeterminación de la población soberana que está regulada como derecho imperativo y con posición jerárquica superior en la normativa nacional e internacional, imponiéndose sobre cualquier norma contraria de derecho.
Por ello, es jurídicamente ineludible y socialmente urgente que los servidores públicos y la sociedad, sin ninguna excepción, cesen de actuar al margen y se sometan siempre al ordenamiento constitucional como expresión de respeto a la autodeterminación soberana del pueblo que fundamenta la organización y funcionamiento del Estado de Honduras como República Democrática Pluralista y Estado de Derecho al servicio exclusivo de la dignidad y bienestar de la población hondureña, sin discriminación o exclusión alguna.
Ese orden de actuaciones democráticas asegurará la unidad solidaria y complementación funcional en la relación entre la sociedad (incluyendo el sector privado y la academia) y el Gobierno para materializar, cada vez más, el disfrute de la dignidad y el bienestar de todos (as) los habitantes, mediante el desarrollo nacional, sostenible e integral, impulsado por el crecimiento económico innovador, sostenible e inclusivo; la utilización racional y conservación de los recursos naturales; la protección ecológica y del medio ambiente sano; la eficiencia en la producción; el acceso a la tecnología y al trabajo decente que permita la digna contribución de las personas a la producción de la riqueza municipal y nacional; y la justicia social en la distribución de esa riqueza y del ingreso nacional. Unidad solidaria y complementación de sociedad y Gobierno que también deberá vencer las amenazas a la seguridad humana, paz, democracia y libertad. de la nación hondureña
En verdad, el desarrollo nacional debe ser proceso conducente al mejoramiento progresivo del respeto al valor de la dignidad de la población y al logro del bienestar de todas las personas y población, mediante el ejercicio del derecho de ellas a participar en la determinación y ejecución de ese desarrollo; y en la distribución justa de los beneficios que de ahí se derivan.
Lo que debe ser así en democracia real en Honduras porque la participación política de la ciudadanía es un derecho humano y punto clave en la democracia que, además del proceso electoral, importa sobremanera ejercerse y disfrutarse, en el desarrollo local y nacional, en función del mejoramiento progresivo de la calidad de vida y de trabajo. En consecuencia, la ciudadanía hondureña debe participar en el proceso elaboración, ejecución, beneficios y supervisión del Plan de Nación 2023 – 2035, en el cual Gobiernos (actual y futuros) sólo tienen atribuciones de promoción, fomento y de adopción de políticas de aseguramiento y apoyo de condiciones favorables para su implementación planificada y resultados eficientes y efectivos.
De ahí, la urgencia de que la sociedad, población o pueblo ejerza su derecho de participación y derechos a la democracia y al desarrollo, con la realización de la solicitada convocatoria gubernamental al diálogo pluralista, local y nacional, que haga democráticamente posible los consensos sociales para conformar ese Plan de Nación, sobre la base y aplicación de la Constitución, la Ley de Visión de País y Plan de Nación y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esa es la base normativa, en nuestro Estado constitucional de Derecho, para determinar el contenido del Plan de Nación 2023 – 2035, que requiere de esa participación ciudadana para la precisión de objetivos, prioridades, metas e indicadores de resultados del desarrollo, así como de la rendición de cuentas gubernamentales. Ese es el mandato requerido para el cumplimiento, por el Gobierno actual y los futuros, de su obligación inexcusable de impulsar y promover, desde el presente año, el desarrollo sostenible integral hacia la visión de país al 2038 que haga posible, a toda la población o pueblo soberano, sin discriminación alguna, el disfrute de condiciones favorables para su vida digna en: una Honduras que aproveche racional y sosteniblemente sus recursos naturales y riquezas, reduzca al mínimo su vulnerabilidad ambiental y genere oportunidades y empleos dignos; una Honduras convertida en Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo; desarrollándose en democracia, con seguridad, sin violencia; sin pobreza extrema, con población educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social; una Honduras que se desarrolla productivamente con bienestar común y que impulsa el progreso social. de toda la población.
