Panamá – El Parlamento de Panamá aceptó este martes empezar a discutir un polémico proyecto de ley que busca regular la migración y que plantea deportar a extranjeros por insultar o desplazar laboralmente a panameños, entre otras medidas.
La iniciativa, que para ser aprobada tiene que superar tres debates parlamentarios, fue propuesta el 9 de julio pasado por la diputada y vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Zulay Rodríguez, del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) y quien en los últimos tiempos ha protagonizado varios discursos tildados de xenófobos.
«Sé que van a ser valientes y van a velar por el trabajo y la seguridad jurídica de todos los panameños y los residentes que sí tienen sus papeles en regla», dijo este martes Rodríguez a los diputados de la comisión parlamentaria que han aceptado el proyecto por unanimidad.
El texto plantea que los servicios migratorios podrán deportar a los extranjeros «que manifiesten públicamente ofensas e insultos hacia la nacionalidad panameña» o a quienes delincan en el país.
También podrán ser expulsados los que ejerzan profesiones reservadas exclusivamente para panameños, como la medicina o la abogacía, o a aquellos que no paguen el impuesto de la renta, entre otros motivos.
«El Estado panameño necesita tener una regulación para que podamos convivir de manera pacífica, para que el ciudadano extranjero que viene a nuestro país respete las leyes y para que podamos seguir echando este país hacia delante», aseguró por su parte el diputado oficialista y presidente de la Comisión de Gobierno del Parlamento, Leandro Ávila.
Panamá, un país de apenas 4 millones de habitantes, ha sido en los últimos años uno de los destinos más elegidos por muchos migrantes de la región, principalmente venezolanos, colombianos y centroamericanos, debido a su pujanza económica y a su estabilidad sociopolítica.
Entre 2010 y 2018 las autoridades panameñas aprobaron 150.000 permisos de residencia a extranjeros, según datos oficiales.
Aunque el país sigue siendo uno de los principales motores de la región, su economía creció en 2018 solo un 3,7 %, lejos de las cifras de dos dígitos registradas a principios de la década.
El presidente panameño, Laurentino Cortizo, del socialdemócrata PRD, ha dicho que su Gobierno presentará próximamente una reforma migratoria «consensuada que ayude al desarrollo del país» y aseguró que no le pedirá a la diputada Rodríguez que retire el proyecto por respeto a la «separación de poderes».
La diputada Rodríguez, quien perdió en unas internas la nominación presidencial del PRD frente Cortizo, quien asumió el poder el pasado 1 de julio para el período 2019-2024, presentó varias veces sin éxito durante el Gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019) la iniciativa para reformar la política migratoria.
El discurso con el que Rodríguez ha presentado esas iniciativas ha sido tildado de xenofobia por diversos sectores locales, mientras que otros lo han aplaudido.
El vicepresidente panameño, José Gabriel Carrizo, ha dicho que el Gobierno enfrentará el tema migratorio como una política de Estado que «sin provocaciones de rechazo, de odio, sin discriminar, entendiendo que todos los países, la mayoría de los países civilizados, tienen política migratoria para controlar quién se queda y quién se va».
