Managua – El pleno de la Asamblea Nacional de Nicaragua conocerá este miércoles de manera formal una propuesta de reforma constitucional impulsada por el oficialismo que le otorgaría más poderes al presidente Daniel Ortega, incluido el de presentarse a una nueva reelección, señalaron hoy fuentes políticas.
También será anunciada la Comisión Especial, integrada por siete diputados, cuatro de ellos oficialistas, que estudiará la viabilidad de esa propuesta de reforma constitucional, dijo a periodistas la primera secretaria del Parlamento y quien encabezará esa instancia, la oficialista Alba Palacios.
La enmienda a la Carga Magna, presentada el viernes pasado por el grupo parlamentario del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que tiene mayoría absoluta en el Congreso, elimina la prohibición de la reelección presidencial, lo que permitiría a Ortega aspirar a su cuarto mandato en los comicios de 2016.
Entre otras reformas contempladas en la propuesta está que el presidente de la República pueda ser electo con la mayoría relativa de votos, es decir con la mitad más uno de los sufragios, dicte decretos ejecutivos con fuerza de ley y nombre a militares en servicio activo para ocupar cargos en instituciones del Estado.
La Comisión Especial tendrá un plazo de 60 días para dar su dictamen (a favor o en contra) sobre las reformas a la Carta Magna.
Por su parte, el jefe de la opositora Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Luis Callejas, dijo a periodistas que su grupo no respaldará esas «reformas inconstitucionales de Daniel Ortega», porque, a su juicio, «atentan contra cada uno de los nicaragüenses».
El legislador explicó que están en proceso de definir «las mejores estrategias de lucha» para oponerse a las pretensiones de Ortega «para entronizarse en el poder al mejor estilo de la dictaduras que gobernaron el pasado en Nicaragua», en alusión a la de Somoza (1937-1979).
Callejas criticó que la enmienda propone llamar a Nicaragua un «Estado Socialista que se va a organizar sobre valores cristianos, ideales socialistas y prácticas solidarias».
Asimismo, que «militariza el Estado, pues los militares activos podrán ocupar cualquier cargo en el Estado, incluso magistrados de los Tribunales de Justicia».
Las reformas parciales constitucionales en Nicaragua requieren ser aprobadas en dos legislaturas y con al menos el 60 % de los 92 diputados que integran la Asamblea Nacional, es decir con 56 votos.
La Asamblea Legislativa está controlada por los sandinistas con 63 diputados que les dan mayoría absoluta, suficientes para reformar la Constitución sin la necesidad de aliados ni la oposición.
La enmienda a la Carga Magna, presentada el viernes pasado por el grupo parlamentario del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que tiene mayoría absoluta en el Congreso, elimina la prohibición de la reelección presidencial, lo que permitiría a Ortega aspirar a su cuarto mandato en los comicios de 2016.
Entre otras reformas contempladas en la propuesta está que el presidente de la República pueda ser electo con la mayoría relativa de votos, es decir con la mitad más uno de los sufragios, dicte decretos ejecutivos con fuerza de ley y nombre a militares en servicio activo para ocupar cargos en instituciones del Estado.
La Comisión Especial tendrá un plazo de 60 días para dar su dictamen (a favor o en contra) sobre las reformas a la Carta Magna.
Por su parte, el jefe de la opositora Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Luis Callejas, dijo a periodistas que su grupo no respaldará esas «reformas inconstitucionales de Daniel Ortega», porque, a su juicio, «atentan contra cada uno de los nicaragüenses».
El legislador explicó que están en proceso de definir «las mejores estrategias de lucha» para oponerse a las pretensiones de Ortega «para entronizarse en el poder al mejor estilo de la dictaduras que gobernaron el pasado en Nicaragua», en alusión a la de Somoza (1937-1979).
Callejas criticó que la enmienda propone llamar a Nicaragua un «Estado Socialista que se va a organizar sobre valores cristianos, ideales socialistas y prácticas solidarias».
Asimismo, que «militariza el Estado, pues los militares activos podrán ocupar cualquier cargo en el Estado, incluso magistrados de los Tribunales de Justicia».
Las reformas parciales constitucionales en Nicaragua requieren ser aprobadas en dos legislaturas y con al menos el 60 % de los 92 diputados que integran la Asamblea Nacional, es decir con 56 votos.
La Asamblea Legislativa está controlada por los sandinistas con 63 diputados que les dan mayoría absoluta, suficientes para reformar la Constitución sin la necesidad de aliados ni la oposición.
