Managua – El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó este martes cancelar la personalidad jurídica a la Fundación Festival Internacional de Poesía de Granada, organizadora de un evento cultural considerado uno de los más grandes de Centroamérica.
Junto a esa Fundación, el Ejecutivo del presidente Daniel Ortega ordenó ilegalizar a otras 18 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), incluida una de periodistas y comunicadores ambientales, y otra de afrodescendientes, según un decreto legislativo presentado ante la Asamblea Nacional (Parlamento) por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez.
Esas 19 ONG nicaragüenses se suman a otras 25 organizaciones sin fines de lucro que fueron propuestas a ser canceladas durante esta semana, y cinco que fueron ilegalizadas en la sesión de hoy, aunque fueron autorizadas a seguir como sociedad mercantil.
Con esas nuevas 49 asociaciones se elevan a 99 las ONG a las que el Ejecutivo de Ortega ha pedido su ilegalización en lo que va de mayo, y a 236 desde diciembre de 2018.
CASI 200 ONG HAN SIDO ILEGALIZADAS
En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, que son mayoría en la Asamblea Nacional (Parlamento), se ha cancelado la personalidad jurídica al menos a 192 ONG desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular -originada por unas controvertidas reformas a la seguridad social- calificada como intento de golpe de Estado por Ortega.
Según el Gobierno de Nicaragua, las ONG han incumplido con las leyes de la materia, lo cual ha sido rechazado por los afectados.
En la nueva lista, la cartera de Gobernación propuso al Parlamento cancelar la personalidad jurídica a la Fundación Festival Internacional de Poesía de Granada, organizadora del evento con ese mismo nombre, que desde 2005 a 2018 reunió a más de 1.500 poetas de 120 países, por lo que era considerado uno de los más importantes de América Latina.
Otras ONG propuestas a ser anuladas son la Asociación de Periodistas y Comunicadores Ambientalistas de Nicaragua, la Federación Consejo Superior de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Cosumipyme), la Asociación para el Desarrollo Integral de la Mujer, la Fundación Costeños Unidos por la Integración y Desarrollo Autogestionario y Sostenido de la Costa Atlántica de Nicaragua, entre otras.
¿PASADA DE CUENTAS?
Según Gobernación, esas ONG han trasgredido e incumplido con sus obligaciones conforme a las leyes que rigen a las ONG, entre las que mencionó la Ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro -en vigor desde el 6 de abril pasado-, y la Ley contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
La propuesta de ley establece que los bienes y acciones de las ONG afectadas tendrán previa liquidación.
Los representantes de algunas de las ONG canceladas, entre estas la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), han denunciado que las autoridades nicaragüenses se niegan a recibir los documentos de las organizaciones para después acusarlas de incumplimiento y que se trata de una pasada de cuenta por su posición crítica.
Entre las organizaciones que han sido afectadas se encuentran algunas ONG que defendían los derechos humanos, médicas, feministas, educativas, universidades, ambientalistas, indígenas, de periodistas y centros de pensamiento, entre otras.
El Ejecutivo también ha cancelado los registros y números perpetuos de cuatro ONG estadounidenses y seis europeas.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión. JS
