– Respetar la ley y seguir los pasos que establece el Código de Procedimientos Penales, recomiendan analistas.
Esa fractura de sistema que deslinda a los operadores de justicia ha permitido que narcotraficantes recobren su libertad fácilmente; otros delincuentes de alto calado salen libres sin problema alguno, mientras que al par, son muchos los que han cometido delitos e infracciones menores, pero purgan cárcel de por vida. Lejos quedó el accionar de la justicia.
La entrada en vigencia del Consejo de la Judicatura ha desentrañado esta realidad en lo que corresponde a varios jueces que han sido destituidos de sus cargos y otros suspendidos. Pero estas acciones no son agradables a todos los actores de la cadena. Jueces han expresado que el Consejo actúa sin respeto al debido proceso y que coarta la independencia de los togados.
Vinculado a esta realidad, este lunes, el universitario Observatorio de la Violencia precisó en 79 la tasa de homicidios en Honduras para el 2013, al par, el gobierno hondureño creó la Inspectoría de la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional, con el afán de reducir los índices criminales que mantienen postrado a este país centroamericano. La violencia ha bajado levemente pero sigue siendo alarmante indican las mediciones del Observatorio.
La Inspectoría de la Fuerza Interinstitucional anunciada por el Consejo de Defensa y Seguridad, será coordinada por el Ministerio Público (MP) y tendrá la tarea primordial de vigilar el trabajo que realizan los operadores de justicia y así identificar cuál es el eslabón débil de esa cadena que por acción u omisión falla en las capturas o permite la liberación de delincuentes.
El ministro de la Presidencia y portavoz del presidente, Reinaldo Sánchez, explicó que la idea de crear la Inspectoría busca activas mecanismos, vías y procedimientos que en el marco de la ley y el respeto a los derechos humanos contribuyan a que Honduras deje de ser uno de los paises más violentos del mundo.
El órgano supervisor tiene entre sus primeras tareas la investigación de casos criminales detallados en un comunicado oficial con los nombre de «El Patrón» en San Pedro Sula; otro en Zacapa, Santa Bárbara; “Los Laureles”, así como crímenes, no precisados, cometidos en restaurantes de la ciudad industrial.
El nuevo organismo también apoyará para que las capturas y documentación sean presentadas de manera oportuna en los tribunales.
Un flajelo mortal
Por su parte, el fiscal general del Estado, Óscar Fernando Chinchilla, indicó que se han identificado que los principales delitos que abaten a la población son el crimen organizado, ilícito funcional y la delincuencia común, por lo que esa deoendencia trabaja de manera coordinada con todos los esfuerzos y recursos que tienen la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el MP y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo.
Mientras el director de la Policía Nacional, Ramón Sabillón Pineda, estimó que el principal fin de la creación de Inspectoría de la Fuerza Interinstitucional “es asegurar la eficacia, lo que permitirá que las personas que están bajo proceso tener un buen nivel de efectividad para que los casos sean juzgados adecuadamente”.
El jerarca policial manifestó a Proceso Digital que “se trata que todos los involucrados en la cadena de justicia nos pongamos en sintonía y que hagamos un trabajo articulado para el procesamiento de las bandas criminales”.
Sabillón no descartó que se sigan ofreciendo recompensas para dar con los autores de crímenes o con el paradero de bandas delincuenciales. “Estamos tratando de perfeccionar el sistema para hacerlo coherente y capaz con las exigencias de la ciudadanía”, apuntó.
El jefe policial es del criterio que la autoridad debe ser creativa porque los delincuentes mutan en sus estrategias criminales.
¿Intromisión?
Para el analista en temas nacionales, Olban Valladares, lo anunciado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, “son medidas que no tienen sentido».
Añadió que “el problema con esta imposición de medidas es que tienen que ser coordinadas. No se puede desde el Ejecutivo imponer normas al Poder Judicial que se basan en la aplicación de la ley”.
Propuso analizar toda la estructura legal del país e identificar donde falla el Código de Procedimientos Penales. “Las leyes van evolucionando y no las podemos dejar rígidas. Se tienen que quedar estáticas siempre y cuando las condiciones sociales no se modifiquen drásticamente”, apuntó.
Valladares sugirió revisar el Código de Procedimientos Penales y determinar cómo se puede modificar para adaptarlo a la realidad que vive el país. “Hay que buscar la manera de adaptar los mecanismos a las circunstancias reales, eso es lo primero que hay que hacer, no se trata de crear a diestra y siniestra fuerzas coercitivas”.
Enfatizó que el Ejecutivo atropella al Poder Judicial con este tipo de determinaciones; “aquí se pierde el sentido republicano de la independencia de los poderes del Estado”, finalizó.
Jueces suspendidos y destituidos
El Consejo de la Judicatura destituyó, sin perjuicio de responsabilidades para el Estado, a tres jueces que anteriormente habían sido suspendidos.
Esta decisión derivada de minuciosos análisis a expedientes elaborados por la Inspectoría de Tribunales, eleva a 32 las suspensiones, nueve separaciones y dos juezas presas, como parte de las acciones del Consejo de la Judicatura.
Cabe señalar que de todos estos jueces suspendidos en los últimos meses, ninguno de ellos ha sido reintegrado a sus funciones.
También este lunes el Ministerio Público informó sobre la suspensión de un fiscal que pidió sobreseimiento definitivo para un presunto capo colombiano.
El profesional del derecho responde al nombre de Francisco Rodríguez, quien luego de someterse a una audiencia de descargo por parte de la Dirección de Fiscalías, quedó suspendido del cargo.
Según la información, confirmada a Proceso Digital por una fuente de la Fiscalía hondureña, el fiscal Rodríguez no presentó las pruebas contundentes en el juicio celebrado el pasado 31 de julio de 2013 en contra del supuesto capo colombiano Rubén Darío Pinilla, detenido nuevamente hace dos semanas en posesión de un invernadero donde se cultivaba marihuana y amapola.
