Las acciones de los operadores de justicia, entre los que destacan los cuerpos policiales y los militares-policiales, así como los fiscales, buscan activar los cambios en este país centroamericano, considerado uno de los más corruptos y más inseguros de América Latina.
Esta ola de cambios, a la que apuesta Honduras, inició con la lucha contra la corrupción detectada por la junta interventora del Seguro Social, en donde los actos denunciados por las autoridades y las investigaciones preliminares del Ministerio Público, es probable que concluyan en sentencias en contra de los presuntos responsables, si se comprueba en juicio los delitos por los cuales se les acusa.
El caso del Seguro Social ha sido ejemplarizante por el supuesto saqueo que se hizo de los fondos públicos de esa institución, cuya madeja se torna compleja, pero se percibe desde las estructuras del poder del país una firme voluntad política para llegar a esclarecer los hechos en base a la verdad y a un debido proceso.
Una persona está por ahora en prisión, pero según el fiscal Roberto Ramírez Aldana, otras 22 personas están siendo investigadas y pronto se librarán más requerimientos fiscales. El principal implicado en este escándalo, como es el médico Mario Zelaya, ex director del Seguro Social se encuentra prófugo, pero muchos de sus bienes y otros que se presume podrían ser de él, han sido asegurados por las autoridades.
Del IHSS al Injupemp Del Seguro Social los movimientos de los operadores de justicia casi en paralelo se han traslado también a otras operaciones investigativas que han concluido con la captura de dos supuestos implicados en el cobro irregular de una comisión por la venta de bonos por parte del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp). Aquí los fiscales del Ministerio Público indican que también trabajan en otras 15 líneas investigativas, por lo que el caso apenas empieza a ser develado, se informó.
Eso del lado de la lucha contra la corrupción. Pero en estos siete meses de una nueva administración del Partido Nacional, el presidente Juan Orlando Hernández, ha dado muestras que tendrá mano dura en contra de la criminalidad organizada. Así lo dijo en la toma de posesión en su discurso pronunciado el 27 de enero de este año. Honduras por primera vez aprobó la extradición de un ciudadano hondureño en la figura de Carlos Arnoldo “El Negro” Lobo, quien fue enviado a Estados Unidos en donde es acusado por delitos de narcotráfico. Esta extradición fue un claro mensaje que el país está dispuesto a brindar una batalla a la criminalidad organizada. El 80 por ciento de la droga de sur a Norteamérica pasa por territorio hondureño, según las autoridades nacionales y estadounidenses. |
Despiertan operadores de justicia
Asimismo, se atribuye al crimen organizado y al narcotráfico gran parte de la responsabilidad de los homicidios en el país, donde a diario un promedio de 15 personas son asesinadas, según las estadísticas de la policía nacional.
En este campo de la delincuencia organizada, los operadores de justicia dieron un fuerte golpe, esta vez en materia de presunto lavado de activos, al capturar al alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, junto a dos de sus hermanos, en un operativo en el cual habrían colaborado con información y datos, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA.
Urbina Soto, junto a sus hermanos, fue enviado a prisión preventiva por los delitos de lavado de activos y portación ilegal de armas de guerra y armas de uso comercial. Un juez especial definirá en un plazo de dos meses cuando será la audiencia inicial para fijar el proceso que le conducirá a un juicio, según la ley.
Han sido en el tema de la lucha contra la impunidad siete meses intensos que ha tenido el país, acostumbrado a que muchas de estas acciones no pasaran más allá de las denuncias que registran los medios de comunicación.
Para los analistas, pese a las dificultades que vive el país en materia económica y de inseguridad, los operadores de justicia parecen estar dispuestos a comenzar a erosionar las estructuras de la impunidad en una nación en donde todo indica, los asomos de voluntad política parecen ser firmes.
Los operadores de justicia parece que están dispuestos a abandonar su timidez y la comodidad de sus escritorios para perseguir a fondo el delito y sus protagonistas.
La sociedad, en medio del asombro que causan estos hechos, está dispuesta a otorgarles el beneficio de la duda con la esperanza de que finalmente las estructuras de la impunidad comiencen a ser erosionadas.
