«Los inmigrantes fueron secuestrados en circunstancias bastante cuestionables hace más de un mes. Desde entonces no se sabe nada de ellos y defensores de los derechos humanos que colaboraron con otros miembros del mismo grupo han sido repetidamente amenazados de muerte», señaló Pillay en un comunicado distribuido hoy.
Según los informes recogidos por la Oficina de la Alta Comisionada en México, un grupo 250 inmigrantes procedentes de Centro América -especialmente El Salvador y Guatemala- viajaban el pasado 16 de diciembre en un tren dirección norte que atravesaba el estado de Oaxaca.
El tren fue detenido por un operativo conjunto de la Policía y funcionarios de Migraciones que arrestaron a 92 de los inmigrantes.
Según algunas fuentes, en la operación también participó personal militar, pero lo que sucedió posteriormente no ha podido aclararse.
Varios testigos indicaron que 150 inmigrantes pudieron volver a subir al tren, que pertenece a la estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, pero que el conductor les exigió dinero y les amenazó tras no recibir la suma deseada.
Treinta minutos más tarde, el tren fue asaltado por un grupo de hombres armados que robaron a los inmigrantes y raptaron a 40 de entre ellos, incluyendo al menos 10 mujeres y un niño.
Dos días más tarde, algunos de los inmigrantes que no fueron detenidos ni raptados consiguieron llegar hasta el refugio «Hermanos en el Camino», en Ciudad Ixtepec, en el mismo estado de Oaxaca.
El refugio es dirigido por el padre Alejandro Solalinde, conocido defensor de los derechos de los inmigrantes, y quien ha recibido múltiples amenazas de muerte desde que acogió al grupo que viajaba en el malogrado tren.
A pesar de que el Gobierno se ha hecho cargo de algunos de los inmigrantes, la Alta Comisionada urge a las autoridades mexicanas a «que lleven a cabo una investigación transparente de las alegaciones de malos tratos y abusos cometidos por miembros de la Policía Federal y El Instituto Nacional de Migraciones».
Asimismo, Pillay solicita que se investiguen a fondo las circunstancias del secuestro de los inmigrantes y las amenazas contra el padre Solalinde.
«Las autoridades mexicanas necesitan determinar si funcionarios públicos, incluyendo los que trabajan en la compañía de ferrocarriles, fueron cómplices con la organización criminal que llevó a cabo el rapto y las extorsiones», afirma Pillay.
Según la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, varios miles de inmigrantes han sido extorsionados y raptados en México en los últimos dos años.
«En línea con sus obligaciones internacionales, el Gobierno de México debe hacer todos los esfuerzos posibles para proteger la vida y la integridad de los inmigrantes. Debería hacer todo lo necesario para asegurarse que todos los funcionarios que trabajan con inmigrantes respetan sus derechos y que todos los que los ayudan son efectivamente protegidos», concluyó Pillay.
