«La pobreza está afectando a Honduras y, desafortunadamente afecta más a las poblaciones indígenas y afro-hondureñas. Hay una clara relación entre pobreza y discriminación racial», explicó a Efe el presidente de este comité, José Francisco Cali.
Por ello, el grupo recomienda que el Estado implemente políticas de inclusión social y de desarrollo para eliminar esta «discriminación histórica, la desigualdad y la pobreza».
También hace referencia a la situación de las mujeres indígenas, que se enfrentan a «múltiples formas de discriminación», por lo que sugiere que se «incluya una perspectiva de género en todas las políticas contra la discriminación racial».
Sobre la explotación de recursos en tierras tradicionalmente habitadas por indígenas, el comité «exhorta a desarrollar mecanismos prácticos que garanticen el derecho a la consulta previa libre e informada a estas comunidades».
«Pedimos que se garantice el acceso de estos pueblos a los tribunales para defender sus derechos tradicionales y su derecho a ser consultados antes de que se otorguen concesiones, además de una indemnización justa por cualquier perjuicio sufrido», señala.
El comité lamenta la persistencia de «graves atentados contra la seguridad física» de defensores de los derechos humanos, incluidos líderes indígenas y afro-hondureños, así como la «falta de respuesta policial y judicial adecuada».
Según el informe, entre 2002 y 2013 la Fiscalía del país recibió sólo 55 denuncias por delitos de discriminación, de las que 31 se encuentran en proceso de investigación, 17 fueron desestimadas, 4 llegaron a juicio y 3 fueron resultas con soluciones alternativas.
«Nos preocupa el número limitado de denuncias a la Fiscalía, así como la desproporción entre las denuncias desestimadas y las judicializadas», indica.
Por otro lado, el comité resalta la «lamentable situación» de los buzos misquitos, un grupo étnico indígena, que son víctimas de lesiones provocadas por el buceo al no trabajar con las debidas condiciones de seguridad.
«Los buzos misquitos no utilizan ningún equipo para bucear y de ahí que hemos encontrado estadísticas de problemas de salud derivados de esta práctica laboral en esta comunidad, muchos no pueden hablar o caminar», denunció Cali.
Por este motivo, el comité pide que sean las empresas o el Gobierno los que les proporcionen el equipo adecuado y un seguro médico que cubra posibles enfermedades laborales derivadas de ese trabajo.
Ante la falta de datos estadísticos recientes y fiables, solicita que Honduras elabore indicadores que «permitan tener una mejor visión sobre la situación de los pueblos indígenas y afro-hondureños».
