Custodio dijo que el país tiene una Ley de Indulto y Conmutas que puede aplicarse «siempre y cuando los presos cumplan con los requisitos» para reducir la sobre población de las cárceles, que supera el 62% de su capacidad.
El sistema penitenciario de Honduras tiene capacidad para albergar unas 8,000 personas, pero la población supera los 13,000, mientras que la mora judicial es del 52 por ciento, según diversos organismos.
El día del incendio en la Granja Penal de Comayagua (centro), que ha dejado 360 muertos, incluida una mujer que visitaba a su marido, hubo un recluso, Marco Antonio Bonilla, también conocido en la prisión como «El Chaparro», que salvó a decenas de sus compañeros al abrir los barrotes de una celda para que pudieran escapar del fuego.
Ese hecho de heroísmo fue reconocido por el presidente hondureño, Porfirio Lobo, quien el pasado martes dijo que le concedería el indulto a Bonilla.
Pero ese perdón no es posible, según dijo el jueves el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera, porque Bonilla no llena los requisitos, ya que uno de los delitos por los que está condenado es homicidio.
El incendio en la prisión se registró entre la medianoche del 14 y la madrugada del 15 de febrero, y según un equipo de expertos de Estados Unidos, la causa del siniestro fue «accidental».
La consternación y el dolor de centenares de familiares de las víctimas continúa porque hasta ahora solamente han sido entregados 60 cadáveres, de 120 que han sido identificados por los equipos forenses, entre nacionales y extranjeros.
La mayoría de los cuerpos serán identificados mediante pruebas de ADN porque quedaron irreconocibles debido al incendio.
Los últimos siete reos fallecidos eran parte de un grupo de diez que fueron ingresados el 15 de febrero en el Hospital Escuela, en Tegucigalpa.
Los tres restantes continúan hospitalizados y su estado sigue siendo «estable pero crítico», según fuentes del nosocomio estatal.
