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Ola de protestas por pago salarial desnuda precariedad financiera en Honduras

Tegucigalpa. De empleados estatales a veteranos de guerra, pasando por alcaldes y proveedores del sistema penitenciario, a escasos días que concluya el presente año, la temida bancarrota pública parece ser una realidad, de acuerdo a lo observado desde inicios de la semana.
 

– Cada día de suman trabajadores de instituciones estatales en las calles reclamando el pago de sus salarios de noviembre y no se sabe que pasará en diciembre.

– Solamente los “aguinaldos” parecen estar garantizados.

Todos estos sectores han venido reclamando en las calles o protestando por la falta de pago a sus salarios, pensiones, transferencias y obligaciones en lo que va de la presente semana.

Y la mala noticia es que las protestas se incrementarán en los próximos días, ya que el cofre estatal no cuenta con los recursos para hacer frente a todas las demandas de pagos.

Este panorama ya había sido adelantado por expertos como el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh) y el Colegio Hondureño de Economistas (CHE), al igual que otros economistas que habían alertado que los recursos aprobaos del presupuesto se agotarían en agosto y septiembre en la mayoría de las instituciones públicas.

La lista de demandas de pago de salarios abarca a instituciones como Soptravi, hospitales y empleados de la Secretaría de Salud, Hondutel, trabajadores del Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre otros, por lo cual los trabajadores se concentran frente a la Casa Presidencial y la Secretaría de Finanzas en demanda del pago de salarios.

Los empleados del TSE anunciaron el jueves que de no concretarse el pago de sus salarios paralizarían funciones, con lo cual se alargaría la declaratoria oficial de las elecciones internas y primarias realizadas el pasado 18 de noviembre.

Miles de millones en compromisos


El pago de las obligaciones del gobierno para cerrar este año puede estimarse en miles de millones de lempiras, aunque no hay una cifra exacta por que cada dependencia pública administra emite sus obligaciones y después lo reporta a la Secretaría de Finanzas.

La ministra de la Presidencia, María Antonieta Guillén, advirtió el jueves que si las demandas de pago salariales están fuera del techo presupuestario, los ministros y encargados de entes estatales deben hacer las “readecuaciones presupuestarias”.

En muchas dependencias nos se ha cancelado el salario de noviembre, mientras el gobierno busca recursos desesperados para cancelar los compromisos de diciembre, así como el pago de los “aguinaldos” o décimo tercer mes.

La viceministra de Finanzas, Evelyn Bautista, había adelantado que las reservas de recursos para el pago de los “aguinaldos” se habían hecho adecuadamente.

Pero la Secretaría de Finanzas anunció que los recursos provenían de los 2,000 millones de lempiras que se pidieron de adelanto a cuenta de las recaudaciones tributarias.

Los trabajadores de los hospitales psiquiátricos Mario Mendoza y Santa Rosita mantienen protestas y las consultas externas están suspendidas por el reclamo del pago salarial de noviembre, vacaciones y otras bonificaciones.

Los veteranos de guerra no reciben sus raquíticas pensiones y han salido a las calles a exigir que la nación que defendieron con las armas pueda cumplir con el pago de la pensión, a través del gobierno central.

Alcaldes

Por su lado los gobernantes de las 298 comunidades con rango municipal en Honduras se movilizaron el martes a Tegucigalpa para reclamar las transferencias que el gobierno está obligado a realizar.

El gobierno se comprometió a pagar 77 millones de lempiras el próximo lunes 10, y el siguiente lunes 17 otros 77 millones de lempiras, para un total de 154 millones de lempiras.

El ministro del Interior y Población, Áfrico Madrid, dijo que otros 450 millones de lempiras se cancelarían con bonos, pero que los mismos deben ser previamente aprobados.

Mientras el sistema penal hondureño admitió que tiene deudas de 10 millones de lempiras con los proveedores de alimentos y que están próximos a cesar de atender a la población penal.

El subcomisionado Carlos Mejía López, jefe de Centros Penales, indicó que la deuda se mantiene desde hace varios meses.

El oficial policial admitió que actualmente la mayor parte de la alimentación para mantener a los privados de libertad procede de donaciones de instituciones.

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