“El efecto de la sentencia de inconstitucionalidad, una vez que haya sido declarada, totalmente por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, establece que todo lo que ha sido incoado y ejecutado en base a la legislación, cuya inconstitucionalidad se declaró, tiene validez”, expresó Villanueva.
Al mismo tiempo, refirió que “si ya fueron notificadas y ejecutadas (las pruebas de confianza) por el mando policial y la secretaría de Seguridad, son jurídicamente válidas y tienen plena vigencia”.
Según Villanueva, lo que no se puede seguir haciendo a partir de la declaración de inconstitucionalidad, es aplicar una norma que ha sido declarada ilegal.
Igualmente, reconoció que la Ley Especial para la Depuración de la Policía, ya no tiene vigencia y esperan la nueva que aprobará el Congreso en las próximas horas.
En ese sentido, reiteró que “las consecuencias de lo que ya fue actuado, notificado y ejecutado al amparo de la ley que fue declarado con inconstitucionalidad son jurídicamente válidas, lo que no puede hacerse ahora es ejecutar lo que no se ha hecho una vez que el fallo sea definitivo”.