San José.– Una veintena de organizaciones de la sociedad civil manifestaron este miércoles su «profunda preocupación» por la reciente reforma a la Constitución de Nicaragua, que reestructura el Estado y concentra el poder en la figura de dos «copresidentes» y con ello «anula constitucionalmente la división de poderes».
Además, «consolida el cierre del espacio cívico, eliminando la libertad de expresión y religión, y asegura impunidad para perpetradores de violaciones a derechos humanos», indicaron esos organismos en un pronunciamiento.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propuso una reforma profunda a la Constitución, aprobada ya por el Legislativo en primera lectura, que transforma el Estado en una «democracia directa» ejercida a través de la Presidencia, que legaliza la apatridia y deroga el artículo en el que se prohibía la práctica de la tortura, entre otros cambios.
«Uno de los elementos más alarmantes de la reforma es la concentración del poder en la figura de la copresidencia a la que se le otorga el rol de ‘coordinación’ de los ‘órganos’ legislativo, judicial y electoral del Estado, a los cuales no considera como poderes independientes, además de otras entidades», según esos organismos.
Esas oenegés advirtieron que la «copresidencia» tendrá control absoluto del Ejército y un año más de mandato presidencial, para un total de 6 años.
«Alertamos que asegurar impunidad para las violaciones a derechos humanos es un elemento clave en estas reformas», agregaron.
Enmienda derogó artículo que prohibía la tortura
Asimismo, anotaron que en el nuevo texto se elimina el derecho a no ser torturado, y se institucionaliza «las policías voluntarias», que desde la crisis que estalló en 2018 «han sido reconocidas como grupos de civiles fuertemente armados, que actúan con la aquiescencia, el apoyo y la protección de las fuerzas estatales».
Los organismos también llamaron la atención sobre el cierre absoluto del espacio cívico y las restricciones a cualquier libertad.
Con la reforma se fortalecen los controles sobre los medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil, tanto fuera como dentro de Nicaragua, aseguraron.
Además se avala el uso excesivo e indebido del sistema penal para reprimir a cualquier persona opositora o percibida como tal, al eliminar garantías judiciales mínimas.
Asimismo, se impone un mayor control sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes para decidir sus formas de gobierno y organización, «instrumentalizando la autonomía al momento de llevar a cabo las consultas, quedando estas sujetas a una aprobación única por parte de los gobiernos regionales y no por parte de las comunidades».
Las modificaciones también concretan la apatridia de facto, el destierro y la represión transfronteriza, señalaron.
Piden condicionar la cooperación con Nicaragua
«Por tanto, ante este panorama, las organizaciones firmantes solicitamos a la comunidad de Estados mantener la vigilancia sobre Nicaragua y reforzar su apoyo a las comunidades indígenas y afrodescendientes, organizaciones y movimientos sociales», abogaron.
Solicitaron, asimismo, valorar la activación de los mecanismos diplomáticos para incidir en la urgencia del retorno a la democracia en Nicaragua, y asegurar que los relacionamientos comerciales y financieros se condicionen al estricto cumplimiento del Estado de sus obligaciones en materia de derechos humanos y acceso a la justicia.
A las entidades financieras, las instaron a implementar políticas y directrices que establezcan disposiciones en materia del respeto y garantía de la democracia, seguridad jurídica y derechos humanos, «que supediten el otorgamiento de préstamos y créditos a que el Estado de Nicaragua cumpla con dichas disposiciones, en consonancia con los más altos estándares de derechos humanos».
Entre las organizaciones firmantes se encuentran Alerta Venezuela, Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Colectivo Nicaragua Nunca Más, Federación Internacional por los Derechos Humanos, Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Movimiento Autónomo de Mujeres, Organización Mundial Contra la Tortura, y otras.EFE/ir
