Tegucigalpa – El paquete de reformas penales que urge el Poder Ejecutivo sean aprobadas en el Congreso hondureño, prevé la modificación de ocho leyes, conoció Proceso Digital. Las mismas fueron sancionadas la noche del lunes en su primer debate.
– El Congreso necesita mayoría simple para aprobar las reformas. No se prevé dispensa de debates, aún faltas dos.
Las tan debatidas normas jurídicas, según lo ha dicho el propio presidente Juan Orlando Hernández, lo que persigue en tipificar la figura del terrorismo y acentuar las penas para los encargados de ejecutar acciones criminales que buscan sembrar el terror en la sociedad.
¿Está a favor del paquete de reformas penales que propone el Poder Ejecutivo para enfrentar la inseguridad?
— Proceso Digital (@ProcesoDigital) 23 de enero de 2017
El Poder Judicial se ha pronunciado a favor en casi la totalidad de las reformas de las ocho leyes, en tanto el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) hizo algunas consideraciones en ciertos apartados para evitar violación de derechos constitucionales.
El paquete propone reformar apartados del: Código Penal; Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo; Código Procesal Penal; Ley de Inteligencia Nacional; Ley de Limitación de Servicios de Telecomunicaciones en Centros Penitenciarios, Granjas Penales y Centros de Internamiento de Niños y Niñas a Nivel Nacional; Ley Especial sobre Intervenciones de las Comunicaciones Privadas; Ley de Recompensas y Ley del Sistema Penitenciario Nacional.
De acuerdo a lo argumentado por el Ejecutivo, estas reformas se hacen ante las necesidades expuestas por las autoridades para hacer frente a los altos índices de extorsión y las nuevas actividades delictivas descubiertas recientemente y que no eran combatidas por las actuales leyes.
En el caso del Código Penal, se agrega un último párrafo al artículo 335 que dice: “Incurre además en dicho delito (terrorismo) quien o quienes formen parte de asociaciones ilícitas, y desarrollen de forma sistemática acciones cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos violentos o amenaza de cometerlos, alterar gravemente la paz pública, aterrorizar o intimidar a la población o a parte de ella, para obligarla a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
Esta es la reforma que más polémica ha generado, ya que se alega que se criminaliza la protesta pública. Sin embargo, fuentes legislativas negaron este extremo y agregaron que tienen que ser asociaciones ilícitas y ser acciones sistemáticas para generar terror, para ser consideradas terroristas.
También se modifica el delito de extorsión para garantizar que el ilícito se considere cometido desde el momento que se hace la amenaza, sin que se necesite haber logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación, es decir sin necesidad de que se haya pagado dinero a cambio de no sufrir la repercusión.
Actualmente, la autoridad no puede actuar cuando alguien recibe una nota extorsiva, se tiene que esperar a que se produzca el pago para capturar y enjuiciar.
Asimismo, se le agregan algunas agravantes al delito de extorsión: Cuando por efecto de este ilícito se produce el cierre de una empresa de cualquier naturaleza o cuando la orden para la comisión del delito emane de un centro penal o del extranjero.
En el caso de la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo, se modifica únicamente para adaptar la nueva definición del delito de terrorismo del artículo 335 del Código Penal arriba mencionado, a efectos de homologar ambas normas jurídicas.
En relación al Código Procesal Penal se adiciona un último párrafo al Artículo 173 para que en casos en que un funcionario comete un ilícito en legítima defensa como pare del cumplimiento de sus funciones, la detención preventiva y la prisión preventiva se cumpla un lugar distinto al que están las personas que ellos mismos han investigado o acusado.
Aquí el Conadeh advierte que de ser aprobados se estarían infringiendo estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
El Ombudsman Roberto Herrera Cáceres, argumenta que, en materia de derechos humanos, la Ley debe controlar y limitar estrictamente las circunstancias en las cuales las fuerzas de seguridad pueden causar lesiones o privar de la vida a una persona, ya que el uso de armas de fuego se considera una medida extrema.
El paquete de reformas también prevé modificar el Artículo 237-A; el 237 B; y el 311, para facilitar la denuncia en supuestos de asociación ilícita y extorsión, y evitar que los acusados tomen represalias contra los denunciantes o testigos, permitiendo que su declaración se rinda a través de la Cámara Gesell y se incorpore como prueba anticipada a juicio, evitando que las víctimas y los testigos tengan que ir a declarar delante de la persona que los ha extorsionado.
Entre tanto, la Ley de Limitación de Servicios de Telecomunicaciones en Centros Penitenciarios, Granjas Penales y Centros de Internamiento de Niños y Niñas se modifica para ampliar el tipo de aparatos y medios a través de los cuales se pueden comunicar desde un centro penal. En la actualidad está limitado a unas que enumeraba la Ley, ahora se deja abierto previendo que la tecnología avance y se creen nuevas rutas de comunicación inalámbrica.
De su lado, la Ley Especial sobre Intervenciones de las Comunicaciones Privadas se reforma para obligar a las empresas privadas y públicas a otorgar la información solicitada con orden judicial sin importar hora o día de solicitud.
Actualmente si se pide información fuera de horas de oficina o en fines de semana, estas empresas no la proporcionan al instante. Pero, se sigue manteniendo la exigencia de una orden judicial para solicitar una intervención telefónica.
ONU: reformas deben ser compatibles con DDHH
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) dijo que el paquete de reformas legislativas que el Parlamento discute para fortalecer la seguridad del país deben ser compatibles con los derechos humanos.
La OACNUDH indicó en un comunicado que ha «venido dando seguimiento» al paquete de reformas enviadas el pasado 4 de enero por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, al Parlamento, para adecuar las leyes para una lucha efectiva contra las diferentes formas de criminalidad en el país.
La iniciativa implica reformar, derogar o añadir párrafos de varios artículos del Código Penal contra delitos como el de la extorsión, que ha crecido en este país centroamericano.
La OACNUDH también indicó que ha presentado a las autoridades hondureñas un análisis de la propuesta con el fin de «fortalecer y armonizar dichas reformas legislativas con los estándares internacionales de derechos humanos relevantes».
Reiteró, además, su disposición para brindar a las autoridades del país centroamericano «su asistencia técnica» para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que garanticen el goce de derechos de los hondureños.
