Tegucigalpa – El recién nombrado director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), el general en retiro Walter Amador Lacayo, anunció una serie de lineamientos estratégicos orientados a fortalecer el control y erradicar los “residuos de ingobernabilidad” que aún persisten en los centros penales del país.
El funcionario asumió el cargo a partir del 1 de mayo, tras la finalización del periodo de la junta interventora que durante casi cinco años administró el sistema penitenciario hondureño. Según explicó, la transición ha sido paulatina y forma parte de un proceso más amplio de reorganización institucional.
Amador Lacayo detalló que, aunque ahora dirige el sistema en condición de civil, la estructura operativa mantiene una importante presencia de las Fuerzas Armadas, particularmente en los centros penitenciarios. No obstante, subrayó que a largo plazo se prevé un retiro progresivo del componente militar.
“Este no es un cambio inmediato, es un proceso gradual. La idea es que en el futuro el sistema sea dirigido completamente por personal penitenciario formado para esa función”, explicó, al tiempo que destacó la existencia de una escuela especializada para capacitar agentes y oficiales.
En cuanto a la estructura administrativa, el titular del INP indicó que, por ahora, se mantendrá sin cambios mientras se realiza una evaluación integral.
Respecto a la gestión saliente, informó que ya se iniciaron reuniones con miembros de la junta interventora para recibir informes generales, mientras que en los próximos días se profundizará en la rendición de cuentas y el estado real del sistema penitenciario.
El nuevo director reconoció que, pese a avances logrados en los últimos años, aún existen prácticas heredadas que afectan la gobernabilidad interna de las cárceles. “Se ha mejorado, pero todavía quedan remanentes de los vicios del pasado que debemos eliminar”, afirmó.
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En ese sentido, aseguró que la instrucción del gobierno es mantener el orden alcanzado y reforzarlo mediante una estrategia basada en control, inteligencia penitenciaria y respeto a los derechos humanos, tomando en cuenta los distintos niveles de peligrosidad de la población privada de libertad.
El funcionario también abordó el problema del hacinamiento, revelando que el sistema alberga alrededor de 19 mil privados de libertad en instalaciones con capacidad para unos 14 o 15 mil. Ante esto, planteó medidas como el uso de brazaletes electrónicos para reos próximos a cumplir condena y el fortalecimiento de procesos judiciales virtuales.
Finalmente, reiteró su compromiso de trabajar en coordinación con organismos de derechos humanos y otras instituciones del Estado, con el objetivo de consolidar un sistema penitenciario más ordenado, eficiente y respetuoso de la dignidad humana, marcando así una nueva etapa tras la salida de la junta interventora. JS/IA
