Tegucigalpa – En la alcaldía de Apopa, en El Salvador, las maras o pandillas habrían logrado lo que pretendían hacer en Honduras con la municipalidad de Talanga: tener un centro político de poder y control; en tanto en Guatemala, las estructuras criminales fueron más allá al cooptar un partido político que llegaría al poder de la mano del ex presidente Otto Pérez Molina para asaltar al Estado. Son las nuevas formas de criminalidad que afloran en el llamado Triángulo Norte de América Central.
Ese corredor, en el cual se encuentra también Honduras, es considerado uno de los más inseguros y frágiles de Centroamérica por varios factores: violencia, corrupción, impunidad, alta presencia del crimen organizado y debilidad institucional. Los gobiernos intentan de un tiempo a acá revertir esa tendencia con políticas de mano dura y apoyo estadounidense en un afán por detener la expansión del crimen organizado, en especial el narcotráfico.
Pero la erosión de sus instituciones es tan fuerte que la batalla no será fácil. A medida que en países como en Guatemala, El Salvador o la propia Honduras se desarticulan importantes redes criminales, afloran nuevas formas de penetración criminal que se llevan de encuentro otros importantes estamentos sociales como el político y económico, por citar algunos casos.
Guatemala y El Salvador viven actualmente una de esas manifestaciones de criminalidad que llevan al resto de naciones centroamericanas a seguir con atención sus movimientos.
Por ejemplo, en materia de maras o pandillas, El Salvador vive una guerra sin cuartel entre el gobierno y esos grupos delincuenciales que intentan poner de rodillas al Estado, luego de fracasar una tregua negociada durante la administración del ex presidente Mauricio Funes, según investigaciones hechas por la fiscalía.
Esas investigaciones han permitido develar que a cambio de una serie de prebendas para los cabecillas de las maras o pandillas, el gobierno de Funes logró disminuir ostensiblemente la tasa de homicidios, pero al romperse la tregua la ola delictiva repuntó y las pandillas han declarado una guerra sin cuartel al gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén que lo ha llevado a emitir una emergencia en las cárceles para mayor control hacia los cabecillas pandilleriles en prisión.
El caso de Apopa en El Salvador
En medio de esta guerra sin cuartel, las investigaciones siguen dando más luces sobre los alcances de la tregua y algunos de los responsables de las negociaciones fueron capturados y con procesos judiciales pendientes. Algunos de los capturados lograron libertad provisional pero no fueron exonerados de sus delitos.
Un ex viceministro de Seguridad de El Salvador dijo que las 21 personas acusadas de ser responsables de la tregua con las pandillas, no son los verdaderos culpables pues ellos recibían instrucciones del ex presidente Mauricio Funes, a quien asegura es el que se debe acusar y responsabilizar de los delitos cometidos al amparo de la figura que dio vida a la tregua.
Se trata del ex viceministro y ex subdirector de los centros penales de El Salvador, Douglas Moreno, quien reiteró a medios de prensa salvadoreños que ninguna de las personas implicadas iba a dispararse sin tener el visto bueno del ex presidente Mauricio Funes.
De otro lado, la penetración de las maras o pandillas en algunos actores de la institucionalidad salvadoreña tiene hoy en aprietos a la alcaldía de Apopa, al norte del municipio de San Salvador, donde su alcalde Elías Hernández, fue detenido por los delitos de homicidio agravado, agrupaciones ilícitas y amenazas con agravación especial.
A cambio de votos para ganar la municipalidad, el alcalde de Apopa, según las autoridades otorgó una serie de beneficios a los pandilleros como vales de combustible, taller para la reparación de vehículos, chips, saldo telefónico y el aval por parte de los agentes municipales para extorsionar a los comerciantes del mercado y la principal calle del comercio de la comunidad.
La alcaldía de Apopa fue ganada por el opositor partido de derecha ARENA, pero de acuerdo a las pesquisas no descartan que este tipo de negociaciones del gobierno local con las pandillas a cambio de votos se repita en algunos otros de los 262 municipios de El Salvador. Esta negociación, asegura, es un mensaje claro que la tregua con las pandillas fue una política de Estado salvadoreña.
El alcalde niega toda vinculación con los grupos criminales de las pandillas, pero al momento de su captura algunos miembros de su seguridad portaban armas sin permiso y tenían probada conexiones con líderes de pandillas encerrados en las cárceles. El caso de Apopa es todo un escándalo en ese país que viene a recordar lo sucedido recientemente en Honduras, donde el Ministerio Público dio un fuerte golpe a la MS-13 y ligó al alcalde de Talanga con ese grupo delictivo.
Como en El Salvador y Honduras los casos siguen el curso de las investigaciones y los procesos judiciales, pero ambos reflejan que las nuevas formas de penetración criminal no tienen límite al buscar socios ya sea político o económico.
Las mafias en Guatemala
No obstante, es Guatemala la que sigue dando ejemplo de fuertes golpes al desmantelamiento de estructuras criminales, luego de trabajos de investigación efectuados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público.
En este nuevo escándalo de corrupción en el cual se implica al ex presidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, la novedad es el uso de un partido político en colusión con elites económicas y burocráticas para asaltar el Estado.
Se le conoce como el caso “Cooptación del Estado de Guatemala” que se suma al de “La línea” que se liga al fraude en las aduanas, el caso “Lago Amatitlán”, “La Terminal de Contenedores” y ahora el de “La Cooperacha”.
De acuerdo a la CICIG, cuando el 16 de abril de 2015 se presentó el caso de La Línea, se pensaba que se hacía frente a una estructura de corrupción que había tomado control de las aduanas para generarse beneficios económicos. Conforme avanzaron las diligencias judiciales—especialmente los allanamientos y escuchas telefónicas—se detectó que en realidad se trataba de una organización criminal que llegaba hasta los entonces Presidente y Vicepresidenta del país.
“Al hacer un ordenamiento minucioso de la documentación incautada físicamente, así como en dispositivos electrónicos, se encontró un inmenso esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros, etc., el cual reportaba operaciones incluso desde el año 2008, cuatro años que el Partido Patriota asumiera el poder”, dice en su informe de investigación la CICIG.
El caso Cooptación del Estado aborda cómo desde el Partido Patriota (PP) de Otto Pérez Molina se fraguó toda una estrategia para recolectar fondos ilícitos para campaña política en la cual participaron sectores privados y de medios de comunicación.
Esta actividad, típica de redes político-económicas ilícitas, se habría diseñado durante la campaña del PP, llegando a la conclusión que las operaciones de esta red corrupta no eran típicas de un gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez y Roxana Baldetti.
El asalto desde el PP
“Así, varias instituciones claves del Estado fueron cooptadas por la red mafiosa que utilizó un esquema financiero—con apariencia de legalidad en muchos casos pero cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura—sin importar siquiera la precariedad financiera de las instituciones, sostiene la CICIG y la Fiscalía guatemalteca.
Fue así que se ha girado órdenes de captura contra 42 personas, entre ellas banqueros, empresarios, esposas de dueños de medios de comunicación, burócratas y otros. Uno de los tres banqueros que andaba prófugo, se entregó ya a la justicia, al igual que una de las asistentes de la ex vicepresidenta Baldetti que le manejaba supuestamente la red de Cooptación del Estado.
Esta especie de cooptación del Estado tuvo una vez que el PP llegó al poder canonjías, prebendas y concesiones para todos los que participaron y de acuerdo a la CICIG y la fiscalía guatemalteca se ha podido comprobar cómo esta nueva modalidad criminal usó un partido político para una vez en el poder, terminar asaltando el Estado.
Estas investigaciones sobre la cooptación del Estado llevaron a descifrar otra subred dentro de las redes mafiosas que han operado en Guatemala. Esta última se ha denominado “La Cooperacha” y muestra cómo funcionarios con fondos públicos financiaban los gustos de Pérez Molina y la Baldetti con regalos que fueron desde aeronaves hasta propiedades, una de ellas en la isla hondureña de Roatán, en el insular departamento de Islas de la Bahía en el Caribe.
En el caso de Baldetti, los informes fiscales indican que ésta usó esas canonjías para darse gustos como la compra de pedestales de la bandera de Guatemala para regalarla a centros de beneficencia por un poco más de 50 mil dólares cada uno, pagar maestros privados a sus hijos, comprar ropa de marca exclusiva, así como zapatos y bolsos de firmas carísimas y reconocidas.
En el caso de la casa de playa en Roatán, Honduras, Baldetti al parecer solo dio 100 mil dólares de enganche y la compra de acuerdo a reportes extraoficiales no terminó de concretarse, pero se asegura llegó dos veces a la zona en un jet privado a visitar la construcción. La fiscalía de Guatemala informó que cuadran con su homóloga de Honduras acciones investigativas pues tienen indicios que Baldetti tendría más propiedades en esta nación centroamericana.
Baldetti y Otto Pérez, a quienes se les han imputado nuevos delitos por estos dos últimos casos de corrupción, se vieron en los tribunales, se dieron la mano e intercambiaron miradas, según la prensa. La ex vicepresidenta adujo sentirse mal de salud y pidió ser recluida en un hospital privado para “reponerse” y “contar” su verdad. En esa fase están los casos judiciales que han escandalizado a una Guatemala que no termina de reponerse de cómo un pueblo botó a un gobernante.
Uno de los personajes claves en esta maraña de estafa hacia el Estado guatemalteco ha sido Juan Carlos Monzón, el ex secretario privado de Baldetti en el gobierno de Otto Pérez, quien ha colaborado con las autoridades con interioridades y detalles de las operaciones que tienen a Guatemala sin reponerse de las sorpresas pero firme en cerrar filas en contra de la corrupción y la impunidad.
El trabajo de la CICIG ha despertado esperanzas en el pueblo guatemalteco pues ha encontrado en el Ministerio Público un brazo esencial en la búsqueda de impartir justicia y según sus personeros las estructuras criminales pueden incluso atentar contra los testigos de los casos o desaparecerlos, pero las pruebas que tienen en su contra son tan contundentes que ni eliminando a las pieza claves podrán destruir las evidencias recogidas y cotejadas.
Una nueva etapa en la lucha contra la corrupción y la impunidad se vive nuevamente en Guatemala, mientras en El Salvador las autoridades siguen desenmascarando también sus propias redes que solo develan, a la larga, las nuevas modalidades de criminalidad con que al amparo de la impunidad han operado las fuerzas lícitas y paralelas del llamado triángulo norte de Centroamérica.
