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Nueva policía sustituirá a la actual en tres años

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Tegucigalpa.- Honduras contará en los próximos tres años con una nueva Policía que sustituirá a la actual y será regida por una cúpula más profesional, ética y dispuesta a rendir cuentas, en donde sus oficiales y agentes de base serán sometidos a niveles de profesionalización académica e investigativa que devolverán al país la confianza en uno de sus principales órganos de control responsables de garantizar la vida de la población, según se desprende del decreto de depuración y reestructuración de la Policía que se apresta a aprobar el Congreso en sus próximos debates.
 

– El nuevo ente policial gozará de amplios controles democráticos y de rendición de cuentas

La responsabilidad de este nuevo órgano policial que contará con asesoría y apoyo internacional, entre ellos la Policía de Carabineros de Chile, estará bajo la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública que estará integrada por notables nacionales y extranjeros.

Este nuevo órgano, temporal e independiente, será el responsable de diseñar, planificar y certificar el proceso de reforma integral de la seguridad pública, entre otros. Durará tres años pero el período puede ser ampliado a criterio del poder Ejecutivo, en base al desempeño y resultados.

Entre sus muchas funciones, esta Comisión deberá diseñar y proponer ante el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, “la creación de una nueva estructura policial”, así como “acompañar y dar seguimiento al proceso de transición entre la anterior (actual Policía) y la nueva estructura policial que se proponga”, establece el documento.

El proyecto de ley que contempla diez artículos que detallan claramente las funciones de la Comisión y sus integrantes, es parte de las acciones que impulsa el gobierno del presidente Lobo a raíz de la crisis institucional que vive la Policía Nacional implicada en hechos delictivos y de criminalidad con nexos no solo con el delito común, también con el crimen organizado, según lo han reconocido desde la propia organización.

Credibilidad en picada

El más reciente sondeo de opinión pública elaborado por la Compañía de Jesús de Honduras y el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana de El Salvador, la UCA, revela que el 67.5 por ciento de los hondureños considera que la Policía está involucrada en la delincuencia y opina que además “protegen” a los delincuentes.

La Policía Nacional, cuyo traspaso al poder civil se efectuó hace más de dos décadas, atraviesa su peor crisis de credibilidad y legitimación, al verse implicada en el asesinato de personas, extorsión, robo de armas, corrupción, secuestros, colusión con el crimen organizado y pequeños carteles de mafias que operaban desde las principales postas policiales de la capital.

De acuerdo al estudio de los jesuitas, los niveles de desconfianza en la institución policial se ubican en un 77 por ciento y consideran que es el tema de la inseguridad el peor fracaso de la administración del presidente Lobo, que al entrar al tercer año de gobierno busca revertir esta tendencia con cambios sustanciales en materia de seguridad ciudadana.

Las presiones sociales e internacionales, entre ellas de Washington, preocupado por el vertiginoso avance del crimen organizado en los países del norte centroamericano, entre ellos Guatemala, El Salvador y Honduras, ha obligado a los poderes Ejecutivo y Legislativo junto a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a formular una propuesta de reforma en materia de seguridad ciudadana.

Esta propuesta, calentándose desde hace dos meses entre los archivos públicos, finalmente llegó a la cámara legislativa y en ella se establece claramente qué tipo de Policía quiere Honduras y cuál es el tipo de Policía a depurar. Honduras se apresta, dos décadas después, a confeccionar una nueva Policía más cercana a la ciudadanía y menos contaminada como la actual. Esa primera reforma policial resultó inconclusa por no haber entrado a la etapa de la depuración.

Blindaje contra la politización partidaria

La Comisión de Reforma de la Seguridad Pública que establece el decreto, también deberá presentar propuestas conducentes a profesionalizar la función policial, “librándola de las influencias del poder político sobre los cuerpos de policía o de éstos sobre las organizaciones políticas, y transformándola en una institución de alto desempeño profesional”.

La nueva Policía gozará de una serie de controles democráticos en materia de seguridad ciudadana que van desde el diseño de un mecanismo de institucionalización del control ciudadano sobre la Policía en el cual las representaciones sean “legítimas, los representantes sean versados en los temas de seguridad pública y las instancias de control ciudadano sean decisorias y no solamente asesoras”.

La función de esta Comisión va desde propuestas para una formación profesional más académica y técnica de la Policía en todos sus niveles hasta la desconcentración de la Universidad Nacional de la Policía, así como las funciones y atribuciones de ésta.

La relación entre la nueva policía y los gobiernos locales en la orientación, control, supervisión y evaluación en las actividades que ejerzan en la jurisdicción municipal son otros de los mecanismos que contempla la propuesta legislativa, en donde se prioriza el área de la prevención, la ejecución de programas de Policía Comunitaria sobre la base de generar confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.

Al par de estas propuestas para formar esta nueva policía, que contará con el apoyo de países como Chile, Estados Unidos, España y Colombia, entre otros, la Comisión de Reforma supervisará también que la nueva Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, cumpla con sus funciones como: “Investigar dentro de la policía, en toda su estructura y desde la cúpula hasta su base, los actos de corrupción, violaciones a los derechos humanos, delitos de distinto tipo, modos de operar en la ejecución de acciones delictivas, abusos policiales en los distintos municipios donde operan y estructuras delincuenciales existentes dentro de la policía, así como los vínculos clandestinos para cometer ilícitos existentes entre la policía, el crimen organizado, las pandillas y cualquier estructura delincuencial”.

También, “investigar la procedencia del patrimonio de los policías, estableciendo sus ingresos y comparándolos con sus posesiones y propiedades en bienes muebles e inmuebles, así como la de sus cónyuges o compañeros de hogar y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, durante los últimos diez años”.

Control al control

La Comisión de Reforma también velará porque el nuevo organismo que sustituye a Asuntos Internos de la Policía, esté sujeta a un permanente control ciudadano para transparentar sus acciones en sus diagnósticos, investigaciones y evaluaciones. El equipo responsable de la depuración policial que dirigirá la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial no deberá estar integrado por policías o ex policías, ni militares o ex militares.

Todo indica que la nueva Policía será eminentemente civil y que a la misma sólo pasaran aquellos policías y oficiales de la actual estructura que pasen las pruebas e investigaciones, garantizando así un proceso de depuración efectivo y confiable, además que se establece la inmediata remisión al Ministerio Público de copia certificada de todo expediente investigativo administrativo en el que se haya emitido resolución definitiva en el que se considere la presunta comisión de un ilícito. Para ello la Comisión de Reforma podrá apoyar técnica y financieramente a la Dirección de Investigación y Evaluación.

Una nueva política anticorrupción para la Policía y un nuevo código de ética son entre otras, las nuevas funciones que hará la Comisión de Reforma para contar con una mejor y nueva Policía.

El ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, dijo que esta nueva Policía será asesorada por expertos internacionales en materia de seguridad ciudadana, siendo los primeros en venir a apoyar el proceso de transición y de formación la policía de Carabineros de Chile.

Actualmente, cuentan con un diagnóstico policial elaborado por expertos colombianos y Washington enviará dos asesores especialísimos de alto nivel, uno para el poder ejecutivo y otro para el secretario de Seguridad para empujar este proceso de reforma policial considerado como el más completo hasta ahora presentado.

Perfil de la Comisión

La Comisión de Reforma será conformada por tres nacionales con derecho a voz y voto, y dos extranjeros, debiendo los nacionales reunir los siguientes requisitos:

– Ser mayor de 30 años

– No ser Servidor Público

– No haber sido miembro de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas ni de empresas que brinden servicios privados de seguridad, durante la vigencia de este órgano temporal.

– Haber evidenciado reconocida independencia de criterio político y convicción democrática.

– Haber evidenciado reconocida ética en el ejercicio de sus actividades públicas y privadas.

– Tener conocimiento técnicos en cualquiera de las áreas de seguridad democrática de la ciudadanía y evidenciar competencias profesionales o experiencias en al menos dos de las siguientes áreas: derechos humanos, reformas institucionales en el Estado, políticas públicas, sistemas de transparencia, auditoría social, rendición de cuentas y controles ciudadanos sobre instituciones públicas, ciencias jurídicas, sociología, administración pública, ciencias políticas y medicina legal.

– No estar desempeñándose como miembro del Órgano Central de Dirección de un Partido Político o haberse desempeñado en los dos últimos años.

– Los miembros internacionales deben ser altamente calificados en temas de seguridad democrática y reforma policial, con amplia experiencia de trabajo en estos campos, preferiblemente vinculados a reformas policiales exitosas, y satisfacer los criterios de idoneidad ética exigidos a los miembros nacionales, seleccionados y solicitados a Países Cooperantes con experiencia en seguridad democrática y reforma policial.

Nombramiento: Sus integrantes serán seleccionados y propuestos por el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y la Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y serán nombrados por el Presidente de la República.

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