Sí hay falta de trabajo. Y es urgente. Pero el problema es cómo se ha intentado resolver. En Honduras, el Estado se ha convertido en el principal empleador de facto, no por diseño, sino por debilidad económica y decisión política. Cada elección no disputa el rumbo del país: disputa los cargos.
“No hay chamba para tanta gente” no es una frase menor. Es una advertencia que vuelve después de cada elección. Lo que señala es un límite: el Estado ya no puede seguir funcionando como el principal empleador del país.
Más del 80% de la fuerza laboral hondureña se mueve en la informalidad. La economía no genera empleo suficiente, ni estable, ni productivo. Ante ese vacío, el Estado ha terminado ocupando un lugar que no le corresponde. No por diseño, sino porque no hay otra salida inmediata.
Este desplazamiento no ocurrió de golpe. Se fue acumulando elección tras elección. En los últimos cuatro ciclos de gobierno, la planilla pública no ha dejado de crecer. Bajo administraciones liberales y nacionalistas el aumento fue más lento; en el período reciente, el ritmo cambió. Entre 2021 y 2024, el número de empleados públicos pasó de aproximadamente 237 mil a casi 286 mil personas: unas 50 mil plazas adicionales en un solo período, un incremento cercano al 21%. La diferencia ya no es solo de tamaño, sino de capacidad: ese crecimiento no solo no ha mejorado la eficiencia, sino que ha deteriorado la capacidad de gestión.
Más plazas, menos Estado.
En un país donde la mayoría ni siquiera accede al empleo formal, el aparato público no se expande porque la economía lo sostenga, sino porque termina absorbiendo lo que el mercado no genera. Cuando el Estado asume ese papel, la política también cambia. Cada elección deja de girar en torno a lo que se quiere hacer y pasa a girar en torno a quién ocupa qué. La administración pública pierde continuidad y se convierte en un espacio de reparto.
Durante años hubo ciertos límites. Liberales y nacionalistas evitaban desmontar la estructura estatal porque sabían que el poder era transitorio. Ese equilibrio —precario, pero suficiente— evitaba que todo volviera a empezar desde cero.
El gobierno de LIBRE no creó esta dinámica, pero sí la llevó más lejos. La incorporación masiva de personal sin experiencia administrativa —algo esperable en un partido sin trayectoria previa de gobierno— se tradujo en pérdida de capacidad de gestión. El Índice de Estado de Derecho del World Justice Project y evaluaciones del BID registran un deterioro sostenido del desempeño estatal en ese período. Ese deterioro no es total. Hay una capa que sostiene lo que queda en pie.
Son los técnicos, los cuadros intermedios, los funcionarios de carrera que no aparecen en los discursos, pero mantienen el funcionamiento diario. Son quienes evitan que cada cambio de gobierno se convierta en un “apagón institucional”. En la práctica, son quienes permiten que el gobernante de turno muestre resultados.
Y son, además, los más expuestos.
Cuando la administración se convierte en un espacio de reparto, la experiencia compite con la lealtad. Y la experiencia rara vez gana. Cada transición no solo redistribuye puestos; va debilitando esa capa técnica que sostiene una mínima continuidad.
Esa tarea corresponde al sector privado. El papel del Estado es otro: estructurar un marco legal claro, garantizar seguridad jurídica, sostener un clima de negocios estable y reducir la incertidumbre para que la inversión ocurra. Lo que no puede es sustituir al mercado sin pagar el costo.
Otros países tomaron decisiones que Honduras aún posterga. Chile instaló en 2003 un sistema de alta dirección pública que separó la gestión técnica de la conducción política. Uruguay mantuvo una burocracia de carrera capaz de sostener políticas sociales a través de gobiernos de distintos colores políticos. Singapur construyó uno de los centros financieros más competitivos del mundo sobre una premisa simple: el mérito, no la lealtad, define quién administra el Estado.
En Honduras, la Ley de Servicio Civil existe. No es un problema de norma. Es un problema de voluntad política. Aplicarla implica concursos reales, no protocolos de forma; nombramientos por mérito, no por militancia; y funcionarios de carrera protegidos en cada transición. Pero también exige algo más: revisarla y mejorarla donde sea necesario para asegurar que funcione en la práctica y no solo en el papel. El resultado electoral de noviembre de 2025 ofrece una condición poco frecuente: liberales y nacionalistas tienen interés común en que esto ocurra. Ambos han gobernado, ambos han perdido, y ambos conocen el costo de recibir un Estado desvalijado. Esa convergencia no es un dato menor. Es una responsabilidad. Convertirla en reforma exige decisión: aplicar la ley, mejorarla donde sea necesario y garantizar una administración que no se reinicie en cada elección.
Mientras el Estado siga siendo visto como la principal salida laboral, cada elección seguirá girando en torno a lo mismo:
NO HAY CHAMBA PARA TANTA GENTE.
