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Reprograman para el 12 de febrero audiencia preliminar contra Román Villeda



Reprograman para el 12 de febrero audiencia preliminar contra Román Villeda
Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa – La audiencia preliminar para el diputado del Partido Nacional, Román Villeda, por el caso “Fe de erratas” fue pospuesta para el 12 de febrero del presente año, informó el Poder Judicial.

-La audiencia preliminar estaba programada para este día a las 10:00 de la mañana.

“Ha solicitado (la defensa), la reprogramación y se estaría llevando a cabo el próximo 12 de febrero a las 8:00 de la mañana”, dijo Lucía Villars, relacionado pública del ente administrador de la justicia hondureña.

Contó que la causa de la reprogramación fue porque la defensa no fue notificado a tiempo de la programación de la audiencia preliminar.

“La audiencia se inició, sin embargo la defensa técnica del imputado le indicó que hasta el día de ayer (miércoles), no se le habría notificado por lo que no habría tenido tiempo para preparar la contestación de los cargos”, justificó.

Villars señaló que para la audiencia preliminar se espera que el Ministerio Público formalice la acusación y que la defensa conteste a los cargos.

El diputado Villeda es acusado de los delitos de falsificación de documentos públicos y abuso de autoridad en el caso Fe de Erratas.

Asimismo, la vocera del Poder Judicial no descartó la posibilidad que la audiencia preliminar del parlamentario se desarrolle en una sola con la de la diputada Sara Medina, siempre que la imputada no interponga apelaciones.

El caso de Pacto de Impunidad se originó el 11 de diciembre de 2017 cuando la UFECIC presento requerimiento fiscal contra cinco exdiputados, en el caso denominado “Red de Diputados”.

El requerimiento señala que cuando se celebraba la audiencia inicial contra los cinco exdiputados, el Poder Legislativo modificó por adición la Ley de Presupuesto aprobada en decreto legislativo número 141-2017 publicado en el diario oficial La Gaceta el 19 de enero de 2018.

Dicha modificación incluyó disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados provocando la imposibilidad de comenzar las investigaciones contra funcionarios que habrían manejado fondos públicos mientras no culminaba la investigación por el Tribunal Superior de Cuentas en un plazo de tres años.


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