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Leyes atan al Ministerio Público en combate a la corrupción



Leyes atan al Ministerio Público en combate a la corrupción
Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa - La Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos mediante decreto legislativo 116-2019, inmoviliza al Ministerio Público a iniciar una investigación, si previamente no existe un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), por lo que urge se atienda un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el ente acusador.

- Durante la actual crisis del COVID-19, diversas instituciones han sido cuestionadas por sobrevalorar precios en las compras de artículos e insumos médicos.

La citada Ley, de acuerdo a un recurso de inconstitucionalidad presentado por el MP, en octubre de 2019, - excede los límites constitucionales al brindarle al Tribunal Superior de Cuentas, una facultad excesiva para intervenir en otros tipos penales , más allá del enriquecimiento ilícito atribuido en la norma superior, lo que imposibilita al MP el ejercicio de la acción penal pública en delitos relacionados con el uso y aprovechamiento indebido de recursos púbicos como la malversación de caudales públicos y otros vinculados con la corrupción de los funcionarios públicos.

Es así como la falta de instrumentos legales, la modificación y recorte de su acción han mermado las funciones del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y con ello se ha fomentado la opacidad en el manejo de los recursos públicos, se destaca a la luz de los últimos acontecimientos de denuncias de corrupción en las compras de la emergencia por la pandemia del COVID-19.

Estas disposiciones aprobadas por el Poder Legislativo le han restado al Ministerio Público los recursos jurídicos para que combata la corrupción y otras formas del delito, en detrimento de la ciudadanía, incluso ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID 19 en cuyo contexto afloran denuncias de presuntas irregularidades de grandes proporciones.

El MP encuentra un muro frontal en su lucha por combatir las redes criminales, por ejemplo, en el caso de la presunta corrupción que rodea COPECO, el MP inició una investigación a fondo mucho antes de que existieran denuncias públicas pero esa acción es obstaculizada en base a que el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos mediante decreto legislativo 116-2019, la cual inmoviliza al Ministerio Público a iniciar una investigación, si previamente no existe un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

El TSC puede tardar hasta cinco años en una investigación previa sobre el manejo de recursos públicos de parte de funcionarios estatales, lo que impide que los fiscales puedan actuar cuando existan denuncias o hechos sobre corrupción pública.

En ese sentido, dos instituciones estatales han sido señaladas recientemente de haber sobrevalorado compras de artículos e insumos médicos para hacer frente a la emergencia sanitaria del coronavirus.

Dichos entes fueron designados para comandar las tareas gubernamentales a cargo de evitar la propagación de la pandemia, pero se han visto salpicados por denuncias de la sociedad civil y organismos anticorrupción.

MPLa Fiscalía lamenta que cada vez le pongan más trabas para realizar su labor. La existencia de la legislación impide la lucha frontal contra la corrupción y fomenta la opacidad, reduciendo la capacidad de la institución del Estado a cargo de combatir la malversación de caudales públicos y persiguiendo a los funcionarios responsables.

El MP interpuso el año pasado un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 116-2019 ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, aduciendo que parte de los artículos exceden competencias constitucionales.

Hasta la fecha, dicho recurso de inconstitucionalidad no ha sido resuelto, lo que facilita a los funcionarios y entes el manejo de los fondos estatales sin mucho control.

El Tribunal de Cuentas todavía no ha emitido informes finales y turnado los mismos al Ministerio Público, a fin de que dicho ente estatal pueda actuar firmemente ante los tribunales.

Control de corrupción

Pero pese a estar maniatado por la legislación vigente, Ministerio Público, por medio de equipos de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), investigan desde inicios de abril del presente año supuestas irregularidades en las compras hechas por la emergencia del COVID-19, según indicó la institución en un comunicado emitido en su momento.

investgan FECCCOAunque existe el decreto 116-2019, señala el MP, que establece que el Tribunal de Cuentas debe emitir previamente un informe, la Fiscalía General consideró oportuno “adelantar el proceso investigativo a la espera del trabajo el TSC en torno a las compras de emergencia en COPECO”, dio a conocer entonces el MP.

En tanto el ente fiscal espera que se declare inconstitucional el referido decreto y tener de esa forma los recursos legales que permitan su trabajo para proteger el interés público y su patrimonio.


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