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Corrupción y narco siguen desafiando instituciones en Triángulo Norte



Corrupción y narco siguen desafiando instituciones en Triángulo Norte
Autor del artículo: Especial Proceso Digital

Tegucigalpa - Atrapados por las garras de la corrupción y el narcotráfico, los países del Triángulo Norte no terminan de saborear el golpe a un determinado grupo de transportistas de droga, cuando sus tentáculos vuelven a estremecer, ya sea con el financiamiento de campañas políticas o con el presunto involucramiento de instituciones estatales en el transporte y trasiego de drogas, mientras cambian rutas y en algún punto del camino unen acciones con la corrupción incrustada en la política.

Es la percepción que dejan en este momento todos los escándalos de corrupción, política y narcotráfico que se están generando en los llamados países del norte de Centroamérica que conforman Guatemala, El Salvador y Honduras.  La corrupción y el narcotráfico, entre los principales hilos que les unen.

El resto de la región no se queda atrás y Costa Rica, por ejemplo, ha pasado a ser un país donde el narco ya deja huellas profundas y marca sus espacios.

1.4 toneladas de cocaína decomisada y arrestan a 3 colombianos en Costa Rica

Pero los gobiernos del Triángulo Norte,  no han terminado de anunciar un fuerte golpe a la narcoactividad o un caso de corrupción, mediante acciones hechas por los operadores de justicia, entre otros, cuando surge un escándalo o una denuncia que sacude sus estructuras institucionales, desdibujando así sus operativos y poniendo de nuevo en el tapete el nivel de penetración de las redes criminales del narcotráfico o de la corrupción en las instituciones.

Guatemala es uno de los ejemplos más visibles en estos momentos, donde las campañas políticas para elegir un nuevo gobernante este mes de junio tienen a esa nación y a la clase política de cabeza.

EEUU captura y acusa de narcotráfico a candidato presidencial de Guatemala Mario Estrada

La captura por parte de la DEA, el cuerpo antidroga de Estados Unidos, del presidenciable Mario Estrada por acciones de narcotráfico y por pedir presuntamente 12 millones de dólares al cartel mexicano de Sinaloa, para financiar su campaña política a cambio de entregarle instituciones claves para el trasiego de droga, ha desatado un escándalo político sin precedentes en ese país centroamericano. Estrada se habría comprometido, también, a asesinar a dos ex presidenciables para sacarlos del camino y poder ascender en los niveles de preferencia

La denuncia de Aldana            

La ex fiscal Thelma Aldana, cuya candidatura presidencial fue rechazada por las instancias judiciales, incluyendo la Corte de Constitucionalidad, ha denunciado que miembros de la DEA le alertaron que el ex presidenciable Mario Estrada la quería asesinar y le recomendaron salir del país. Aldana dijo que las autoridades del Ministerio Público, que ella dirigió, saben de la amenaza y no actuaron oportunamente.

trascendió que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, admitió haberse reunido en abril pasado con Estrada, en una finca de propiedad del empresario para hablar del proceso electoral y de seguir los "buenos proyectos" impulsados por su Gobierno.

Luego trascendieron fotos y videos en donde se mira al presidente Jimmy Morales compartiendo y movilizándose en una aeronave propiedad de Mario Estrada, mientras el Tribunal Supremo Electoral canceló la candidatura del político detenido en Estados Unidos.

En tanto, las autoridades del partido Unión del Cambio Nacional (UCN), por el cual se postula a la presidencia Estrada, salió al paso indicando que no sabían nada de los movimientos de su líder.

La denuncia y posteriores declaraciones de la ex fiscal Aldana sobre las intenciones de Mario Estrada, llevó a la actual fiscal Consuelo Porras a dar declaraciones a medias para intentar restar mérito a su antecesora, en tanto la cancillería guatemalteca, diez días después de la captura de Estrada, ha pedido información a Estados Unidos al respecto.

La ex fiscal Thelma Aldana,ha denunciado que miembros de la DEA le alertaron que el ex presidenciable Mario Estrada la quería asesinar

La clase política guatemalteca ha enmudecido frente al escándalo Estrada pues los medios sacan, de a poco, las conexiones de éste y de otros presidenciables con supuestos líderes de carteles o las conexiones de éstos con las elites políticas guatemaltecas.

Las elecciones en Guatemala entran así a una fase de incertidumbre mientras la lucha contra la corrupción sigue siendo ignorada en la mayoría de las propuestas de los presidenciables, así como la continuación de la CICIG, la manzana de la discordia que desató el polvorín en el llamado país de la eterna primavera.

El Salvador amplía investigaciones

En tanto, en El Salvador, la lucha contra la corrupción sigue su curso y sigue salpicando a cúpulas políticas enteras del llamado bipartidismo en la figura de ARENA y el FMLN, último en el poder. Un ex presidente salvadoreño, Antonio Saca, confesó a cambio de reducción de pena, que efectuó un millonario robo a ese país.

Antonio Saca, confesó a cambio de reducción de pena, que efectuó un millonario robo a ese país.

En tanto, la fiscalía anunció que investiga presuntos desvíos millonarios durante el tiempo que la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) gobernó ese país, son al menos nueve casos, y en ellos se implica a varios ex directivos de ese partido.

En El Salvador, otro ex presidente es investigado y se encuentra prófugo de la justicia, es Mauricio Funes, del partido del FMLN, en el poder, por millonarios desfalcos. En Costa Rica, el suegro de Funes se encuentra capturado por una orden internacional de captura y se espera sea extraditado a San Salvador. El suegro de Funes está ligado a la corrupción que envuelve al ex presidente salvadoreño protegido en Nicaragua por la figura de asilo político otorgado por el gobierno de Daniel Ortega.

Las autoridades salvadoreñas buscan también al empresario prófugo Enrique Rais, a quien ligan con presuntos actos de narcotráfico y que tuvo en el gobierno de Funes influencia y poder, al grado que desde la Fiscalía determinaba a quién procesar de sus enemigos políticos o competidores empresariales, indican los informes de los entes investigadores.

Uno de los líderes del cartel de los Valle Valle, extraditado a Estados Unidos, confesó en una corte de justicia de ese país que elementos de la fuerza naval de Honduras les ayudaban en el trasiego de droga.

Hablan los Valle Valle

Honduras, no se queda atrás, el testimonio de uno de los líderes del cartel de los Valle Valle, extraditado a Estados Unidos, confesó en una corte de justicia de ese país que elementos de la fuerza naval de Honduras les ayudaban en el trasiego de droga procedente de Colombia y rumbo a Estados Unidos.

La presunta complicidad de las autoridades hondureñas en temas de narcotráfico no es nueva, pero hace tiempos no era visible. Uno de los integrantes del cartel de Los Cachiros también salpicó a policías en este negocio, algunos de ellos ya rinden cuentas en los tribunales de Estados Unidos, pero en el caso de los militares, es la primera vez—desde la década de los 70—que los hombres de uniforme verde olivo salen a relucir otra vez en este ilícito.

Las Fuerzas Armadas han reaccionado tibiamente al respecto, niegan cualquier involucramiento y dicen estar abiertas a cualquier investigación, la cual se espera sea abierta por los órganos de control respectivos.

Devis Leonel Rivera Maradiaga, ofreció una lista de varios políticos y ex políticos Hondureños a tribunales estadounidenses.

La narcoactividad también ha sido ligada al financiamiento de la narco política y así lo reveló también el líder de los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, y por ese testimonio y lista ofrecida, varios políticos y ex políticos hoy se encuentran dando testimonios en tribunales estadounidenses, mientras otros huyen o negocian su extradición.

En todos estos casos que sacuden al Triángulo Norte aparece el fenómeno de la corrupción asociado a la política y de ésta al narcotráfico, evidenciando así que la penetración de esta redes, a medida que se desnudan, muestra la debilidad institucional y el desafío de los gobiernos por buscar fortalecimientos que permitan, disminuir la impunidad y el daño que ésta provoca a la democracia y la credibilidad institucional.


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