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Condenas a militares y policías, un avance contra la impunidad



Condenas a militares y policías, un avance contra la impunidad
Autor del artículo: Especial Proceso Digital

Tegucigalpa - Hace dos décadas, hacer efectivas más de una docena de sentencias condenatorias y más de una veintena de requerimientos fiscales contra policías y militares, era impensable.

Un ropaje de impunidad los protegía a tal grado que de la época oscura de violaciones a los derechos humanos de los años ochenta, la mayoría de los imputados están libres, nunca se les abrió una causa y esa parte de la historia sigue siendo una agenda pendiente para este país. 186 personas desaparecieron por razones políticas e ideológicas y las ejecuciones extrajudiciales superaron las 200, según los propios datos oficiales.

Pero en los últimos tres años, esa tendencia parece estar cambiando. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, anunció que obtuvo 15 sentencias condenatorias y presentó 29 requerimientos fiscales por diversos delitos, contra policías y militares, en los últimos tres años.

Una de las personas de uniforme condenadas ha sido por el asesinato de un miembro de la comunidad LGTBI, un hecho que décadas atrás ni siquiera hubiera sido abordado por los operadores de justicias, en general.

De las 15 sentencias condenatorias obtenidas en contra de los hombres de uniforme, 11 son policías preventivos, de los que cuatro de ellos son por abuso de autoridad, otros cuatro por torturas y detención ilegal, uno por lesiones graves, uno por evasión y otro por tentativa de asesinato, señala la Fiscalía en uno de sus comunicados. Destaca entre estas condenas la de integrantes de la policía militar de orden público por el crimen de un miembro de la comunidad LGTBI, ocurrido en San Pedro Sula.

En tanto los 25 requerimientos fiscales que han sido librados contra policías preventivos y miembros de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) están relacionados con delitos de tortura, violación de los deberes de los funcionarios, detención ilegal, allanamiento de morada, agresión a menores, entre otros.

Torturas crueles e inhumanas

La Fiscalía de Derechos Humanos señala que en uno de los casos por los cuales ha acusado a las fuerzas del orden es por la tortura a un menor a quien le colocaron bolsas plásticas en su cabeza y le provocaron hematomas alrededor del cuello, además de allanar viviendas sin orden judicial y sin existir motivo alguno.

Algunos de los uniformados imputados pertenecen a la fuerza antimaras y pandillas, indica la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, al destacar los logros obtenidos en los últimos tres años ante un sistema de justicia caracterizado por lento y engorroso.

En materia de derechos humanos, estos logros son importantes avances en materia de lucha contra la impunidad, pues no se había registrado en el país de una docena de sentencias condenatorias contra los hombres en poder del uso de las armas, sean policías o militares-policías. 16 policías y 11 militares condenados por violaciones a los derechos humanos no es un registro usual ni en los archivos judiciales, ni en los de la prensa hondureña.

Las violaciones a los derechos humanos siguen siendo una agenda pendiente en Honduras, donde las organizaciones de derechos humanos, públicas, privadas e internacionales destacan en sus informes los diversos tipos de violaciones, en su mayoría cometidas por las autoridades policiales y militares.

Cuando hace dos años se instaló el diálogo en el espacio de las Naciones Unidas, una de las mesas temáticas identificadas fue la de la violación a los derechos humanos tras el proceso post electoral de noviembre de 2017. Los organismos humanitarios registraron al menos 22 crímenes post elecciones que implicaban a las fuerzas de orden, en su mayoría militares.

Se abre un camino…

En esa mesa de trabajo se propusieron mecanismos para mejorar el tema de los derechos humanos, protocolos para la cobertura de las protestas sociales, entre otras recomendaciones y propuestas de reformas legales para desenmarañar y combatir la impunidad.

En el 2019, las autoridades del Ministerio Público en más de una oportunidad enfrentaron dificultades en cuanto a la captura de agentes del orden implicados en violaciones humanitarias relacionadas con los crímenes post electorales, en los batallones los fiscales y agentes de la policía técnica de investigación criminal, encontraron cerrados los cuarteles o les negaban a los imputados, habiendo que ejercer presiones de alto nivel para que la autoridad uniformada acatara la ley y el orden.

Esos procesos son parte de esos requerimientos que siguen su curso en los tribunales, pero indican que lograr actos condenatorios no es una tarea fácil, frente a actores que se sienten investidos de autoridad más allá de lo que determina la ley.

Las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, solo en 2018 registraron más de cuatro mil violaciones a los derechos humanos de diversa índole, entre ellas contra activistas de derechos humanos, líderes ambientalistas, periodistas y comunicadores sociales, ciudadanos comunes que protestaban en las manifestaciones sociales, entre otros.

Esa tendencia se mantuvo en el 2019 y según los reportes de estos organismos, Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la organización Humans Right Watchs, entre otros, los actores que han imposibilitados avances sustanciales a favor de los derechos humanos son las agencias de Policía y  órganos judiciales, debido a la corrupción y el abuso de autoridad que existe en sus estructuras internas. Sus acciones, señalan, siguen siendo ineficaces y ello alienta a la impunidad.

En el caso de la justicia, los informes destacan como amenazas para una impartición efectiva e imparcial de la justicia, el nivel de interferencia política que existe sobre una amplia mayoría de jueces y sus sentencias.

En tal sentido, las primeras acciones obtenidas por la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público son significativos avances en materia humanitaria y la búsqueda de justicia, pues nunca el país ni la historia del Ministerio Público había registrado ese número de sentencias condenatorias y requerimientos fiscales contra integrantes de poderosas fuerzas del orden.


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