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MP tras extitular de la OABI e investiga actos de corrupción en salud e infraestructura

Tegucigalpa- El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en contra del ex Director Ejecutivo de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Francisco Ernesto Ruiz Nieto.

La operación se desarrolla a nivel nacional,  a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP)

Se trata de la Operación Omega XI con la que ya han comenzado allanamientos, inspecciones, detenciones, decomisos y otro tipo de acciones y en el caso de Ruiz Nieto, quien ahora labora en la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgo y Contingencias (COPECO), se ha solicitado se señale su audiencia de declaración de imputado por suponerlo responsable del delito violación de los deberes de los funcionarios.

De acuerdo a la información recabada por la FETCCOP y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el exdirector ejecutivo de la OABI no siguió el trámite legal correspondiente y manejó de forma irregular un lote millonario de 136 joyas y 258 relojes incautados el 28 de agosto de 2017 por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).

Lo anterior sucedió en El Progreso, Yoro, durante la Operación Emperador, lo que derivó que en octubre de 2019 se reportara el extravío de 45 piezas de joyas y 28 relojes, constituyéndose esto en un acto de acarrea responsabilidad penal.

Caso IHSS y otros

Asimismo, la FETCCOP y la ATIC realizan inspecciones y secuestro de documentos por dos casos relacionados a una red de falsificación de incapacidades en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de Choluteca.

También se investigan presuntas irregularidades en el Catastro de la Municipalidad de Puerto Cortés y en el Registro Nacional de las Personas (RNP) de San Francisco, Atlántida.

Por otra parte, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) lleva a término inspecciones, toma de declaraciones y otras diligencias de investigación en las ciudades de San Pedro Sula, Tocoa y La Paz, por presuntos delitos en perjuicio de la administración pública en el rubro de infraestructura y de cara a acusaciones a presentarse próximamente.

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