Tegucigalpa – El Ministerio Público informó este martes que se inhibe a emitir opinión sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado en contra del convenio firmado por el Gobierno y la Organización de Estados Americanos (OEA) y que dio vida a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).
– El exfiscal Edmundo Orellana calificó la actuación de la Fiscalía como “absurda” porque carece de fundamento.
En parte toral, la Fiscalía arguye que: “… con base a la Ley del Ministerio Público, se abstenga a emitir opinión en la acción constitucional de mérito, al ser expresa la vinculación que hace el recurrente de la acción constitucional incoada, con un punto promovido por el Ministerio Público; e igualmente, para los efectos de garantizar los principios de legalidad, objetividad y parte de buena fe, que determinan como valores de sus agentes, los artículos 12, 18 y 19 del Reglamento Especial de Organización y Funcionamiento de la Dirección General de Fiscalía”.
Cabe recordar que el 20 de marzo pasado, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), admitió un recurso de inconstitucionalidad en contra al convenio Honduras-OEA MACCIH, aunque el escrito fue presentado el 6 del mismo mes.
El recurso fue presentado por el abogado Juan Carlos Sánchez Cantillano, quien representó a los imputados en el denominado caso “Red de Diputados”, un escándalo de supuesta corrupción que implicó a cinco congresistas de la pasada gestión legislativa (2014-2018), señalados de malversas fondos públicos.
En el escrito presentado por Sánchez señala “un interés directo, personal y legítimo como requisito de admisibilidad para la acción”.
El argumento esgrimido para no evacuar el dictamen es tan absurdo, que sería como aceptar que el MP tendría que abstenerse de emitirlo si se presentase inconstitucionalidad en contra de su ley constitutiva, o la Sala de juzgar, si fuese contra la LSJC. https://t.co/PqAYbPEqHh
— Edmundo Orellana (@mundoorellana) 25 de abril de 2018
Es importante mencionar que el abogado Sánchez representó a la “Red de Diputados”, que fueron acusados por mal manejo de fondos públicos, pero que una reforma del Congreso Nacional a la Ley de Presupuesto permitió archivar las diligencias y enviarlas a las competencias del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
El 19 de enero de 2016 el Estado de Honduras firmó con la OEA el convenio que daba creación a la MACCIH. Mientras el 29 de marzo el Congreso Nacional aprobó el tratado con participación de todas las bancadas.
Lo que dice el convenio
El convenio definió como objetivo principal, apoyar, fortalecer y colaborar activamente con las instituciones del Estado encargadas de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción.
El documento señala que será un ente complementario, con líneas de acción definidas a unas reformas de la justicia penal, de la seguridad pública y electoral.
En ese sentido, la MACCIH seleccionará, asesorará, evaluará y certificará un grupo de fiscales y jueces hondureños quienes investigarán y ejercerán la acción penal contra casos que involucran redes de corrupción.
La MACCIH -según el espíritu del convenio- estará conformada de jueces, fiscales y policías internacionales, así como especialistas forenses y profesionales nacionales, encargados de supervisar que las autoridades competentes investiguen los casos de corrupción. Otra de sus atribuciones será la de asesorar, supervisar y evaluar que el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, el Tribunal Superior de Cuentas y la Dirección Ejecutiva de Ingresos, entre otras entidades, responsables de prevenir y combatir la corrupción.
