MP inicia proceso contra autores de ataque a la democracia

Tegucigalpa – El exdiputado Luis Redondo y su séquito de 12 legisladores, entre titulares y suplentes, han sido citados por el Ministerio Público para rendir cuentas por sus actuaciones contra la Constitución hondureña. Se les señala por atentar contra la democracia al intentar alterar el proceso electoral general de noviembre de 2025.

En las últimas horas, la Fiscalía hondureña abrió una investigación contra la Comisión Permanente del Congreso Nacional que lideró Redondo (2022-2026).

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, informó que la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), procedió a citar a los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional para que comparezcan este miércoles ante fiscales de esta dependencia y rindan declaración en el marco de investigaciones relacionadas con presuntas actuaciones ilegales y excesos en el ejercicio de sus funciones.

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Entre los citados figura el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo Guifarro, junto a otros integrantes de la Comisión Permanente señalados en las líneas de investigación que desarrolla la Fiscalía por decisiones que presuntamente violentaron los límites y facultades establecidos por la ley, sostuvo.

Agregó que las diligencias abarcan a nueve miembros propietarios y cuatro suplentes de dicha comisión. Algunos continúan ejerciendo funciones como diputados del Congreso Nacional, por lo que el Ministerio Público aplicará el procedimiento especial correspondiente para este tipo de servidores públicos, conforme a la legislación vigente.

Los diputados citados son: Luis Redondo Guifarro, Juan Barahona, Osman Danilo Chávez, Carlos Raudales, Karen Vanessa Martínez, Silvia Ayala y Linda Donaire. Asimismo, se está a la espera de que definan fecha, hora y lugar para rendir declaración los actuales diputados Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Sherly Arriaga y Edgardo Casaña.

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Todos sujetos a la ley

El presidente del Congreso, Tomás Zambrano se refirió a la citación del Ministerio Público a miembros de la anterior Comisión Permanente del Congreso. Aseguró desconocer los detalles del proceso, pero subrayó que todos los funcionarios están sujetos a investigación.

“Actuaron al margen de la ley y la lógica dice que se lleve a cabo la investigación”, afirmó.

El presidente del CN, Tomás Zambrano.

Pidió al ente acusador actuar con objetividad e imparcialidad, evitando cualquier sesgo político. “Nadie debe ser llevado a los tribunales por su afiliación política, sino por la comisión de un delito debidamente sustentado”, manifestó.

Señaló que no considera necesario que los diputados investigados soliciten permiso en sus cargos, aunque sí deben presentarse ante las autoridades para ejercer su defensa. Reiteró que el Ministerio Público es un órgano independiente y que no recibe instrucciones del Congreso ni del Poder Ejecutivo.

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Suficientes motivos para investigarlos

La exdiputada Fátima Mena calificó a la comisión permanente de Luis Redondo con ejecutorias en forma ilegal por atribuirse acciones o facultades que le correspondían al pleno del Congreso Nacional.

“Espero que se sienten los precedentes correspondientes para que estos hechos no vuelvan a suceder”, remarcó la abogada.

Citó que las facultades del pleno fueron despojadas por parte de los nueve diputados (titulares) que formaron parte de la comisión permanente.

La abogada y exdiputada Fátima Mena.

“Los diputados tendrán que acudir como investigados y esto surge a raíz de diversas denuncias luego de las acciones de la comisión”, externó.

Mena refirió que en 2023 cuando operó la comisión permanente se nombró de forma interina al fiscal general Johel Zelaya –cesado este año mediante juicio político–, mientras en 2025 pretendieron usurpar las funciones del pleno legislativo en el campo electoral al pretender hacer la declaratoria de los resultados de las elecciones generales.

“En 2025 cuando clausuraba el Congreso, la comisión permanente decidió hacer una sesión de pleno para tener como punto de agenda la realización del conteo voto por voto, nos pareció que esa era una de las principales señales de alarma, ya que el Congreso y la comisión pretendían usurpar el rol de la autoridad electoral que es la que debe hacer la declaratoria”, esbozó.

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Lo obrado con base a la Constitución

El exdiputado de Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, aseguró que las actuaciones de la Comisión Permanente del Congreso Nacional se apegaron a la Constitución de la República, y consideró poco probable que prosperen imputaciones penales contra sus integrantes en el caso que investiga el Ministerio Público.

El exdiputado Ramón Barrios.

El exlegislador sostuvo que tras las declaraciones de los implicados “nos daremos cuenta que todo lo obrado por la Comisión estuvo de acuerdo a lo establecido en ese momento en la Constitución de la República”.

Barrios añadió que el órgano tenía atribuciones legales específicas durante el periodo investigado, y que por ese motivo no se les podría imputar sanciones penales a los miembros.

Barrios defendió que incluso decisiones como nombramientos interinos estaban dentro del marco constitucional. “Podía, frente a la ausencia de un fiscal, nombrar un fiscal interino, porque lo establecía la Constitución”, afirmó.

Mensaje para los que abusan

Para el abogado Hermes Ramírez, la investigación que desarrolla el Ministerio Público contra Luis Redondo y los exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional representa un claro mensaje para los políticos que abusan del poder.

El abogado Hermes Ramírez.

El profesional del derecho señaló que este tipo de acciones deben servir como precedente para fortalecer el respeto a la ley y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.

El artículo 321 de la Constitución establece que todo funcionario público está sujeto a responsabilidad cuando se exceden de sus facultades.

Afirmó que en este momento solo hay una citación donde inicia la investigación, ellos se deben de presentar y en caso que haya responsabilidad penal habrá un requerimiento fiscal.

“Aquí lo importante es el mensaje que se debe de enviar que todo aquel funcionario público que cometa delitos debe de ser castigado sin importar el color político”, apuntó. JS

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