Rubí se preguntó: “Qué pasa con el fallo sobre las pruebas de confianza y sus efectos anteriores y posteriores. Si la Corte ratifica el decreto, lo actuado tiene vigencia y lo que establece es que no podrían realizarse de allí en adelante”.
Reiteró que “los actos que son constitutivos de delitos con resolución o no vamos a proceder contra ellos, aunque no solo se trata de policías, también hay jueces y fiscales, ahora mismo hay un fiscal preso y otro prófugo”.
Entre tanto, recalcó que esperarán la resolución final del pleno de magistrados de la CSJ sobre las pruebas de confianza en la Policía Nacional, para emitir la declaración oficial de la Fiscalía hondureña.
Al consultársele el porqué muchos efectivos policiales quedan libre tras presentarse a juicios por presuntos hechos delictivos, el titular de la Fiscalía arguyó que “ante los jueces los fiscales debemos ir con pruebas contundentes porque aún así hay algunos recursos que permiten defenderse en libertad”.
Con respecto al instrumento jurídico de una consulta popular para conocer la expresión del pueblo sobre las pruebas de confianza como parte de la depuración policial, Rubí manifestó que “hemos gastado 800 millones de lempiras en los recientes comicios… habrá que ver si hay recursos para una consulta de este tipo”.
Operativos antidrogas
Sobre la operación antidrogas Julián Arístides González, reveló que a las 83 órdenes de captura vigentes se suman otras 17 que se efectúan en el conflictivo departamento de Olancho.
“El Ministerio Público ha estado comprometido a través de la Fiscalía de Privación de Dominio y seguiremos con estas acciones, vamos a decomisar bienes mal habidos y se pondrán a la orden del Estado”, afirmó Rubí.
