Tegucigalpa – El diputado por Francisco Morazán, Oswaldo Ramos Soto, luego de escuchar la petición popular, presentó un proyecto de ley orientado en prohibir la exigencia de antecedentes penales y policiales como requisito para optar a cualquier contratación de naturaleza laboral en instituciones públicas o privadas sin perjuicio a las investigaciones que por propia iniciativa desee efectuar el patrono.
– Se busca evitar que la población gaste su dinero y además ahorre tiempo en largas filas para obtener el documento.
En ese sentido, el diputado proyectista expone que “la constancia de los antecedentes penales al que se refiere el artículo 6 del Código Procesal Penal se han convertido en un documento de obligada presentación para todo ciudadano que aspira a una posición laboral o un cargo de importancia dentro de la estructura del gobierno”.
Y explicó que “se observan enormes filas de ciudadanos demandantes en las oficinas del Poder Judicial, Ministerio Público o Dependencias Policiales se les extienda un documento en que se haga constar que no tienen condenas, procesos pendientes o investigaciones en las referidas dependencias”.
Ramos Soto recordó que este documento se les exige como requisito para el establecimiento de una relación de trabajo tanto para empresa privada o sector público.
“El costo para la extensión de estos documentos es totalmente elevado y de dichos pagos solo se encuentran un reducido número de hondureños”, apuntó Ramos Soto.
Sin fundamento legal
El experimentado congresista sentenció que “¡La exigencia de este documento no tiene fundamento de ley alguna para fines laborales!”.
Se convierte en un grave agobio para la economía personal y el tiempo de los usuarios en muchos casos, personas que ya cumplieron su pena o que fueron favorecidas con un indulto deben hacer un trámite especial para eliminar esta información de naturaleza estrictamente personal, expuso Ramos Soto.
Para Ramos Soto, es una propuesta legislativa en consecuencia de los asuntos anteriormente expuestos y para garantizar el derecho al trabajo de manera libre, equitativa y satisfactoria se ve vulnerado cuando en los requisitos se exige el acompañamiento de un documento de antecedentes emitido por la policía o por el Poder Judicial.
Reconozco -dijo Ramos Soto–, que para la realización de ciertas actividades como los permisos de portar armas, el uso de vehículos blindados, ciertos trámites migratorios y otros procedimientos de particular naturaleza debe exigirse la presentación de antecedentes.
