Tegucigalpa. – La Revolución Francesa, de 1789, ha generado a lo largo del tiempo una serie de mitos e ideas erróneas que simplifican y a menudo deforman la complejidad de ese proceso histórico, tal como lo reconocen algunos estudiosos pasados y eruditos contemporáneos.
Así por ejemplo, para el ensayista mexicano Luis Villatoro, en lo relativo a la Revolución Francesa se deben introducir rectificaciones históricas como las siguientes:
• La revolución no fue un tránsito al capitalismo. El historiador inglés Alfred Cobban puso en cuestión esta tesis. El capitalismo no se habría desarrollado en Francia durante la revolución ni durante el imperio.
• No existe un sujeto de la revolución llamado “burguesía”. Cobban primero, Furet y Richer después, muestran que, en realidad, no habría habido una clase burguesa unitaria, conscientes de sus intereses y de su poder creciente.
• Los sans culottes de París no son el pueblo. Los estudios de Lefevre sobre la composición social de los sans culottes demuestran, en cambio, que lo integraban artesanos, profesionistas, pequeños comerciantes, plebe y sólo algunos obreros.
• No existe una “pequeña burguesía progresista” como grupo distinto. No puede hablarse, pues, de un sector social cuyos intereses estuvieran ligados al pueblo y opuesto a la aristocracia y burguesía.
• El movimiento campesino es contrario a la burguesía. El mismo no obedece al llamado de la burguesía urbana ni estaba aliado a ella. En realidad se levantan contra las ciudades, tanto contra los nobles que residen en ellas como contra los burgueses.
De esa manera, entre los mitos más difundidos está la idea de una ruptura instantánea y total con el pasado, cuando en realidad el cambio fue una mezcla de ruptura y continuidad. Muchas instituciones y prácticas administrativas evolucionaron y se reutilizaron, y las transformaciones jurídicas se asentaron sobre estructuras preexistentes.
Otro mito frecuente sostiene que la Revolución fue obra exclusiva de la burguesía ilustrada; sin embargo, su energía política emergió de alianzas y conflictos entre múltiples actores sociales —burguesía, sans-culottes urbanos, campesinado, sectores populares y aristócratas liberales— cuya cooperación y confrontación configuraron el curso revolucionario. Se dice a veces que la Revolución instituyó la igualdad real de manera inmediata, pero lo cierto es que si bien se instauró la igualdad jurídica y se abolieron privilegios, persistieron desigualdades económicas y sociales profundas, y muchas exclusiones, especialmente de género y de colonia.
Asociar la Revolución únicamente con el Terror es otra reducción: el Terror de 1793–1794 fue una fase trágica e influyente, pero no agota ni explica por completo las otras etapas—constitucionales, moderadas o conservadoras— que coexistieron antes y después. Incluso figuras como Robespierre han sido caricaturizadas como único motor del Terror, cuando en realidad las dinámicas colectivas, la guerra externa y las presiones internas obligaron a decisiones adoptadas por comités, asambleas y movimientos populares.
La lectura teleológica que presenta la Revolución como creadora inmediata de la democracia moderna también es engañosa: el proceso democratizador fue largo, discontinuo y estuvo lleno de retrocesos y exclusiones.
Otro mito insiste en ver a Napoleón como el traidor inevitable de la Revolución; más bien, su aparición fue contingente, producto de crisis internas y conflictos militares, y al mismo tiempo consolidó varios logros jurídicos y administrativos revolucionarios, como el Código Civil.
Por último, la idea de homogeneidad de la experiencia revolucionaria en todo el territorio es falsa: París, provincias, regiones fronterizas y colonias vivieron procesos distintos, y el campesinado mostró conductas variadas que van desde el apoyo a las reformas por la eliminación de cargas feudales hasta la resistencia frente a reclutamientos o impuestos, lo que obliga a relativizar generalizaciones simplistas.
En el marco complejo de la Revolución Francesa, conviene situar los aportes intelectuales de dos de las figuras más citadas del Siglo de las Luces: François-Marie Arouet, conocido como Voltaire, y Jean-Jacques Rousseau.
Voltaire contribuyó decisivamente a erosionar la autoridad de la Iglesia y de la superstición mediante una crítica incisiva de los abusos clericales y la intolerancia; su intervención pública en casos judiciales notorios, como el de la familia Calas, puso de manifiesto las injusticias legales cometidas en nombre de la religión y ayudó a crear un clima público sensible a la reforma y a la tolerancia.
Su defensa de la libertad de pensamiento y de expresión, su estilo satírico y su denuncia del autoritarismo reforzaron un ambiente cultural en el que la crítica al poder dejó de ser un tabú, lo que a su vez facilitó discusiones sobre responsabilidad pública y reformas del sistema judicial.
En materia jurídica y humanitaria, Voltaire fue un catalizador de debates sobre penas y procedimientos más humanos, contribuyendo indirectamente a cambios que más tarde encontrarían eco en iniciativas legislativas. No obstante, el propio Voltaire sostenía una visión en la que prefería reformas implementadas desde arriba por monarcas ilustrados más que por un empoderamiento popular radical; su inclinación hacia un “despotismo ilustrado” y su desconfianza hacia las multitudes limitan la lectura que lo presenta como promotor directo de la democratización revolucionaria.
Rousseau, por su parte, ofreció categorías políticas que tuvieron una influencia más evidente y directa en los discursos revolucionarios. En El contrato social(1762) formuló con claridad la idea de que la legitimidad política deriva del pueblo y no del monarca, y desarrolló la noción de voluntad general como principio orientador de la ley legítima. Estas ideas sirvieron de fundamento teórico a la reivindicación de la soberanía nacional y a las instituciones que intentaron situar la soberanía en el cuerpo del pueblo representado por asambleas constituyentes.
Además, en su Discurso sobre el origen de la desigualdad (1755) examinó cómo las estructuras sociales corrompen la condición natural y generan desigualdades, lo que alimentó sensibilidades igualitarias que reclaman transformaciones sociales y políticas; en Emilio o de la educación (1762), al plantear la educación como formación de ciudadanos virtuosos, ofreció una visión de la educación cívica como elemento constitutivo de una república legítima.
Al mismo tiempo, las formulaciones de Rousseau contienen ambigüedades y riesgos: la idea de voluntad general, admirable como criterio de legitimidad colectiva, pudo y fue usada en ocasiones para justificar medidas coercitivas si se interpretaba que ciertas libertades individuales eran incompatibles con el bien común, lo que contribuyó a lecturas que facilitaron prácticas autoritarias en nombre de la unidad republicana.
Asimismo, ni Voltaire ni Rousseau aportaron proyectos que resolvieran las cuestiones de género o coloniales de modo igualitario; sus reflexiones avanzaron en el terreno de la crítica y la teoría política, pero dejaron abiertas limitaciones que la Revolución heredó y que tardaron mucho en afrontarse.
En síntesis, la comprensión crítica de la Revolución Francesa debe apartarse de mitos que simplifican y, simultáneamente, reconocer la importancia de la influencia intelectual de Voltaire y Rousseau: el primero ayudó a socavar la autoridad tradicional y a forjar un clima favorable a la secularización y a la reforma humanitaria, mientras que el segundo proveyó los conceptos políticos —soberanía popular, contrato social, voluntad general— que los revolucionarios canalizaron para legitimar transformaciones institucionales profundas. Ambos pensadores fueron apropiados de manera selectiva y a veces contradictoria por actores revolucionarios diversos, y sus ideas, al combinarse con otras corrientes y circunstancias históricas, contribuyeron tanto a prácticas emancipadoras como a exclusiones y tensiones que caracterizan la experiencia revolucionaria.
