Tegucigalpa – El quite de droga es la principal hipótesis de las propias autoridades policiales de investigación en torno a la matanza que cobró la vida de cinco agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), en Corinto, Omoa, departamento de Cortés, norte de Honduras.
– El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, prometió que emplearán todos los recursos del Estado para dar con los responsables de la masacre y someterlos ante la justicia.
– Los altos cargos de Dipampco fueron suspendidos y se ordenó la intervención de este cuerpo policial para realizar una exhaustiva investigación de los acontecimientos trágicos en Corinto.
Los elementos del cuerpo policial ejecutaron la operación bajo la inobservancia de patrones de formalidad y legalidad. Un video detalla el momento que ingresan a la vivienda tras derribar el portón y se escucha una ráfaga de disparos con los que fueron recibidos.
La operación, que no contaba con características de formalidad y legalidad, acabó con las vidas del subcomisario Lester Josué Amador Herrera y los agentes Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benavidez y Emerson Josué Canales Fúnez.
De acuerdo a lo informado, los elementos de Dipampco fueron sometidos por la estructura criminal dirigida por Heber Noé Argueta Zavala, quienes ante la vista y paciencia de los pobladores se los llevaron a una zona montañosa del lugar para quitarles la vida.
El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, reveló que en la zona de Corinto está desplegado un fuerte contingente interinstitucional que trabaja en identificar a los integrantes de la estructura criminal que provocó este sangriento suceso, pero también se siguen diligencias para descubrir a las autoridades locales que pudieran tener conexión con los responsables de la matanza.
Velásquez apuntó que “es impresionante como una pequeña comunidad que está muy próxima a la frontera fue prácticamente tomada por esta estructura que hizo que impidiera el trabajo que pretendían hacer los agentes policiales, y luego retenerlos, raptarlos y llevárselos con la observancia de varios actores en plena luz del día”.
Los cuerpos de los malogrados agentes presentaban múltiples impactos de bala, fueron desmembrados, decapitados e incluso les prendieron fuego. Se conoció que uno de los agentes presentaba más de 50 perforaciones de arma de fuego.
Quite de droga y dinero
El subcomisionado César Ruiz, jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la zona norte, indicó que una de las principales líneas de investigación en el caso es un presunto “quite de drogas”.
Confesó que mediante entrevistas realizadas en la zona, un ciudadano informó que uno de sus familiares pidió ayuda porque estaban siendo abordados por elementos de una estructura criminal que planificaban una “pegada”.
El oficial confirmó que se investiga el extremo que los agentes policiales iban detrás de droga que habría en la vivienda allanada, sin embargo “la otra hipótesis está relacionada con posible ubicación de dinero”.
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Hecho no muy claro y misión irregular
El propio rector de la seguridad tuvo palabras contundentes para retratar lo ocurrido con el asesinato con saña de cinco agentes policiales, “este hecho no ha sido muy claro”, dijo y acentuó que la planificación de la operación no contó con los requisitos de rigor.
“Hubo una inobservancia de procedimientos legales, de seguridad y de acompañamiento de los autoridades judiciales en esta operación de allanamiento que tuvo este desenlace fatal”, refirió.
Velásquez señaló que la comisión interventora de la Dipampco tendrá todas las facultades para llegar hasta las últimas consecuencias, por lo que se conectará información y verificar todos los eslabones administrativos que incluyen investigación en todas las regionales comenzando por San Pedro Sula.
Insistió que “no hay claridad de cuál fue el alcance y objetivo de la misión, dudas razonables para pensar en omisión, probablemente negligente o racionales”.
“El propósito, del gobierno y de la Secretaría de Seguridad, es que tengamos mayor confianza en los procedimientos policiales y para ello debemos esclarecer qué pasó en este caso puntal, y de haber algún tipo de irresponsabilidad sea esta administrativa o penal, se le deduzca responsabilidad a los participantes”, detalló.
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El funcionario reconoció que están obligados a darle una respuesta a las familias de las víctimas y a la sociedad hondureña, pero no sólo en este caso puntual de Corinto, “sino también en los procedimientos administrativos y operativos con esta dirección”.
Enfatizó que la Dipampco “era la dirección insigne en el gobierno anterior y la que más se empleaba en el marco del estado de excepción, por ahí también tenían ciertas libertades de poder actuar sin órdenes de allanamiento porque teníamos un estado de excepción que este gobierno actual decidió no continuar y esos procedimientos –quizás– se han seguido practicando sin la observancia de la normativa y es por eso que va la intervención”.
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Sin control e inteligencia, crimen seguirá
El exjefe policial Danilo Orellana reaccionó a las masacres registradas en Rigores, Trujillo, Colón, donde al menos 20 personas fueron asesinadas, y en Corinto, Omoa, Cortés, donde murieron cinco agentes de la Policía Nacional, señalando que el Estado hondureño ha fallado en control territorial, planificación operativa e inteligencia policial en zonas de alta conflictividad.
Sobre el caso de Corinto, Omoa, donde cinco agentes de la DIPAMPCO fueron asesinados durante un operativo, Orellana cuestionó la ejecución de la acción policial y aseguró que existen elementos preocupantes en el procedimiento.
“Si irrumpieron una casa sin orden de allanamiento y sin juez ejecutor, la situación es complicada”, manifestó.
Asimismo, criticó la falta de estrategia operativa al señalar que la Policía debió mantener superioridad numérica frente a la estructura criminal. “Si había diez delincuentes, la Policía tenía que llevar treinta hombres. Si no se mantiene esa hegemonía, el operativo está destinado al fracaso”, afirmó.
El exjerarca policial también señaló que hubo una grave falla en inteligencia policial, ya que las autoridades debían conocer previamente cuántas personas operaban en la zona, sus actividades y el nivel de riesgo del territorio antes de ejecutar la misión. “Esa zona es conflictiva desde hace tiempo y el Estado debía entrar con toda su capacidad”, concluyó.
La tragedia de Corinto, no sólo deja un saldo trágico de cinco policías asesinados, sino que abre una profunda grieta sobre la integridad de las operaciones de seguridad estatal.
La orden de la Secretaría de Seguridad de suspender de forma inmediata a los directores y jefes de operaciones de la Dipampco, y el gobierno decretando la intervención de la institución, el caso pasa de un violento asalto criminal a un escándalo de posible colusión institucional.
Las investigaciones en curso deberán determinar y dejar claro si esta «misión irregular» fue una emboscada planificada o el resultado de un fallido intento de tumbe de droga y dinero por parte de agentes que se separaron de los procesos legales. PD
