Tegucigalpa- El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, informó que las autoridades se encuentran en una etapa avanzada de las investigaciones relacionadas con las masacres registradas en la zona norte del país, y aseguró que están cerca de presentar a los presuntos autores materiales del hecho.
Durante su participación en el programa 30/30, conducido por el periodista Edgardo Melgar, el funcionario señaló que ya se han identificado varios sospechosos en el marco de las pesquisas, aunque evitó revelar nombres por tratarse de un proceso en curso.
Velásquez explicó que las investigaciones se han desarrollado a partir de entrevistas comunitarias, labores de inteligencia y análisis de estructuras criminales que operan en la zona, las cuales han evolucionado en el tiempo desde conflictos por tierra hasta organizaciones con control territorial y vínculos con actividades ilícitas.
El ministro detalló que las capturas dependen del fortalecimiento del expediente investigativo, la obtención de pruebas sólidas y la emisión de órdenes judiciales por parte de los tribunales competentes.
Agregó que el objetivo inmediato de las autoridades es documentar de forma rigurosa el caso, asegurar elementos probatorios “indubitables” y proceder posteriormente a la localización y detención de los responsables.
Velásquez afirmó que ya se preparan operaciones puntuales y que, de acuerdo con las proyecciones del equipo de investigación, los primeros autores materiales podrían ser identificados en el transcurso de la semana.
Por esto mismo, reconoció que el proceso representa un desafío tanto en la fase probatoria como en la captura de los implicados, pero sostuvo que las autoridades trabajan para evitar la impunidad en estos hechos violentos.
(LEER): El crimen desafía al Estado: dos masacres tiñen de luto a Honduras
Proceso de auditoría interna
El ministro también amplió que los procesos de investigación sobre la muerte de elementos de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) ya han iniciado.
La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDAPOL) ya desarrolla diligencias en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y el Ministerio Público, tanto para determinar responsabilidades administrativas como posibles implicaciones penales.
De acuerdo con lo expuesto, las investigaciones se mantienen activas con intervención de distintas instancias del Estado, incluyendo requerimientos en poder del Ministerio Público y equipos fiscales especializados.
Velásquez explicó que el caso cuenta con una comisión interventora integrada por seis oficiales con experiencia, la cual tiene el mandato de esclarecer lo ocurrido sin encubrimientos y con acceso total a la información operativa.
(LEER): Misión irregular: droga y dinero tras masacre de agentes de Dipampco
Dicha comisión tendrá un plazo de siete días para presentar un informe preliminar, aunque el ministro aclaró que los resultados podrían adelantarse si las investigaciones así lo permiten.
El informe deberá establecer posibles responsabilidades, incluyendo si los hechos obedecieron a decisiones individuales o a instrucciones superiores dentro de la operación.
Operativo en Corinto habría sido autorizado, pero para otra zona
Una de las mayores revelaciones del proceso fue que el operativo en Corinto aparentemente sí contaba con autorización oficial, aunque no para el lugar donde finalmente ocurrió el enfrentamiento.
Según explicó, la orden de operaciones establecía inicialmente una misión vinculada a investigaciones por delitos relacionados con drogas en el departamento de Colón, por lo que ahora las autoridades buscan determinar si existió una modificación autorizada durante el desarrollo del operativo o si hubo una desviación irregular de la misión original.
Velásquez advirtió que, de confirmarse inconsistencias, deberán deducirse responsabilidades sobre la conducción de la operación, ya sea por una mala planificación de los mandos o por decisiones equivocadas o “malintencionadas” tomadas por quienes ejecutaban el despliegue en terreno.
Fallas operativas
El funcionario también vinculó parte del análisis a la evaluación del estado de excepción, señalando que algunas operaciones realizadas en el pasado bajo ese marco pudieron haber generado prácticas irregulares dentro de unidades especializadas.
Velásquez afirmó que, en el nuevo enfoque institucional, todas las acciones deberán ajustarse estrictamente al marco legal vigente, con respeto a garantías constitucionales y supervisión de la autoridad competente.
Dicho enfoque reconoce a las maras y pandillas como asociaciones terroristas, lo que permitiría procesar a sus miembros no solo por delitos individuales, sino también por pertenencia a estructuras criminales organizadas.
Aclaró que este modelo no implica detenciones arbitrarias, sino procesos sustentados en investigación previa, individualización de sospechosos y presentación de pruebas ante los tribunales.
“Tenemos que demostrarle a los jueces que el sujeto es parte de la estructura y qué rol cumple dentro de ella”, señaló.
Agregó que la medida busca evitar la llamada “puerta giratoria”, donde personas detenidas por delitos como extorsión, drogas o armas recuperan la libertad por debilidades procesales.
Modelo propio
Consultado sobre si la estrategia se asemeja al modelo aplicado en El Salvador, el general en condición de retiro afirmó que Honduras desarrolla un esquema propio basado en el debido proceso y el control judicial.
Explicó que la declaración de organizaciones terroristas deberá ser emitida por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, tras comprobar que las estructuras cumplen criterios como control territorial, uso de violencia, coerción y actividades ilícitas sistemáticas.
Velásquez insistió en que la estrategia de seguridad requiere coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el sistema judicial y el sistema penitenciario, al considerar que parte de los delitos aún se coordinan desde los centros penales.
Finalmente, reiteró el compromiso de su gestión de construir un modelo de seguridad “enérgico contra el crimen”, pero respetuoso de las garantías constitucionales, con el objetivo de evitar que este tipo de tragedias ocurran una vez más. AD
