Bogotá.- El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, admitió hoy «deficiencias administrativas» en diez contratos de la Aviación del Ejército y ordenó llamar a retiro al coronel Róbinson González del Río, señalado como eje de una red de corrupción en el Ejército y a otros militares.
Pinzón hizo los anuncios en una declaración que dio hoy a la prensa sobre las denuncias hechas por la revista Semana sobre un esquema de corruptelas que amañaba contratos y licitaciones de ese cuerpo, con base en grabaciones de voz que reposan en la Comisión de Acusaciones del Congreso y que se remontan a los años 2012 y 2013.
Según el ministro, en el último trimestre el inspector del Ejército, general Ernesto Maldonado, revisó aleatoriamente 201 contratos en cinco jefaturas, entre ellas la de Aviación del Ejército, en la que fueron examinados 105, y en 10 de ellos se encontraron irregularidades.
«Se encontraron diez hallazgos con una posible connotación disciplinarias por deficiencias administrativas», dijo el ministro.
Pinzón añadió que, de ahora en adelante, se centralizará todo el proceso de contratación de la Aviación del Ejército en el Ministerio de Defensa, se crearán comités de seguimiento de las ejecuciones contractuales y se harán «auditorías externas para verificar la calidad de los procesos».
La Aviación del Ejército es mencionada en algunas de las grabaciones de audio divulgadas por la revista como una de las áreas en las que la red de corrupción interfería para conseguir contratos.
En una de las conversaciones, un interlocutor del coronel González del Río, que está preso en una guarnición militar, le cuenta de sus gestiones con otros militares para conseguir a dedo un contrato de 14.000 millones de pesos (unos siete millones de dólares), de la División de Asalto Aéreo del Ejército.
Por esas denuncias hoy presentó su dimisión el jefe de operaciones conjuntas de las Fuerzas Militares, general Javier Rey Navas, quien durante cuatro años fue comandante de la División de Asalto Aéreo del Ejército.
Según la revista, en la red de corrupción en el Ejército para repartirse contratos de compra de equipos, material de intendencia y hasta de gasolina para los vehículos, al parecer participaron miembros de la jerarquía militar y oficiales que están presos por ejecuciones extrajudiciales, conocidas en el país como «falsos positivos».
Ante la gravedad de las denuncias, el ministro Pinzón ordenó además «llamar a calificar servicios al teniente coronel González del Río y su traslado a otro centro de reclusión».
González del Río está detenido desde 2012 por una denuncia de ejecución extrajudicial de dos campesinos ocurrida en 2007 en el centro del país, pese a lo cual en las grabaciones obtenidas por la revista aparece hablando de millonarios negocios de todo tipo en el Ejército.
También dispuso llamar a retiro «a la cadena de mando relacionada con el manejo y control en los centros de reclusión en la época en que esta grabaciones fueron hechas» que, según dijo, son de antes de junio de 2013.
El ministro dijo además que tan pronto fue informado de las denuncias de Semana ordenó la creación de una comisión del más alto nivel al interior del Ministerio de Defensa que ayer, durante 14 horas, evaluó «en detalle cada palabra publicada en este medio» y que ya entregó sus primeras conclusiones.
Según esta comisión, de los 19 audios publicados por la revista, «diez hacen referencia a presunto tráfico de influencias en asuntos relacionados con contratación, y de esos diez, en solo tres se puede inferir, sin muchos elementos de juicio, que hay una coincidencia con un contrato existente».
En ese contrato, que es un convenio con la Gobernación del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, figura como intermediario Gabriel Eduardo Cruz Tinjacá, que es uno de los interlocutores de González del Río.
El ministro dijo además que una de las grabaciones en las que supuestamente el general Leonardo Barrero, actual comandante de las Fuerzas Militares, habla con el coronel detenido, la voz que se escucha «no es la voz del general y corresponde a otro oficial».
Según el ministro, en el último trimestre el inspector del Ejército, general Ernesto Maldonado, revisó aleatoriamente 201 contratos en cinco jefaturas, entre ellas la de Aviación del Ejército, en la que fueron examinados 105, y en 10 de ellos se encontraron irregularidades.
«Se encontraron diez hallazgos con una posible connotación disciplinarias por deficiencias administrativas», dijo el ministro.
Pinzón añadió que, de ahora en adelante, se centralizará todo el proceso de contratación de la Aviación del Ejército en el Ministerio de Defensa, se crearán comités de seguimiento de las ejecuciones contractuales y se harán «auditorías externas para verificar la calidad de los procesos».
La Aviación del Ejército es mencionada en algunas de las grabaciones de audio divulgadas por la revista como una de las áreas en las que la red de corrupción interfería para conseguir contratos.
En una de las conversaciones, un interlocutor del coronel González del Río, que está preso en una guarnición militar, le cuenta de sus gestiones con otros militares para conseguir a dedo un contrato de 14.000 millones de pesos (unos siete millones de dólares), de la División de Asalto Aéreo del Ejército.
Por esas denuncias hoy presentó su dimisión el jefe de operaciones conjuntas de las Fuerzas Militares, general Javier Rey Navas, quien durante cuatro años fue comandante de la División de Asalto Aéreo del Ejército.
Según la revista, en la red de corrupción en el Ejército para repartirse contratos de compra de equipos, material de intendencia y hasta de gasolina para los vehículos, al parecer participaron miembros de la jerarquía militar y oficiales que están presos por ejecuciones extrajudiciales, conocidas en el país como «falsos positivos».
Ante la gravedad de las denuncias, el ministro Pinzón ordenó además «llamar a calificar servicios al teniente coronel González del Río y su traslado a otro centro de reclusión».
González del Río está detenido desde 2012 por una denuncia de ejecución extrajudicial de dos campesinos ocurrida en 2007 en el centro del país, pese a lo cual en las grabaciones obtenidas por la revista aparece hablando de millonarios negocios de todo tipo en el Ejército.
También dispuso llamar a retiro «a la cadena de mando relacionada con el manejo y control en los centros de reclusión en la época en que esta grabaciones fueron hechas» que, según dijo, son de antes de junio de 2013.
El ministro dijo además que tan pronto fue informado de las denuncias de Semana ordenó la creación de una comisión del más alto nivel al interior del Ministerio de Defensa que ayer, durante 14 horas, evaluó «en detalle cada palabra publicada en este medio» y que ya entregó sus primeras conclusiones.
Según esta comisión, de los 19 audios publicados por la revista, «diez hacen referencia a presunto tráfico de influencias en asuntos relacionados con contratación, y de esos diez, en solo tres se puede inferir, sin muchos elementos de juicio, que hay una coincidencia con un contrato existente».
En ese contrato, que es un convenio con la Gobernación del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, figura como intermediario Gabriel Eduardo Cruz Tinjacá, que es uno de los interlocutores de González del Río.
El ministro dijo además que una de las grabaciones en las que supuestamente el general Leonardo Barrero, actual comandante de las Fuerzas Militares, habla con el coronel detenido, la voz que se escucha «no es la voz del general y corresponde a otro oficial».
