Guatemala – El Gobierno de México autorizó este miércoles la extradición del expresidente del Congreso de Guatemala Luis Rabbé, acusado de contrataciones irregulares por las autoridades guatemaltecas durante su presidencia en el organismo legislativo.
A petición del Ministerio Público de Guatemala, según indicó el propio ente en un comunicado, el Gobierno mexicano «concedió la extradición» del exdiputado, acusado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de «contrataciones irregulares».
«De acuerdo con la información recibida en el Ministerio Público por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, con fecha 6 de junio de 2019, la Embajada de Guatemala en México fue notificada por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de ese país, que con fecha 8 de mayo de 2019 se dictó el acuerdo por medio del cual se concede la extradición de Rabbé», aseguró el ente investigador en un escueto comunicado.
La entrega del requerido a Guatemala «surtirá efecto hasta que la resolución emitida en el acuerdo quede en firme».
El expresidente del Congreso fue detenido el 23 de julio del año pasado en Nuevo León, México, y en septiembre el Ministerio Público hizo el requerimiento de extradición al Juzgado contralor de la causa para que vía diplomática el memorial fuera remitido a las autoridades mexicanas.
La fiscalía guatemalteca sostiene que Rabbé, en su calidad de presidente del Congreso entre 2015 y 2016, autorizó para la junta directiva 164 plazas de trabajo, muchas de ellas con toma de posesión retroactiva, además de no tener el perfil idóneo y de ser, otras, plazas fantasmas.
También autorizó de manera consecutiva dos solicitudes de contratación por un total de 21 asistentes para la primera vicepresidencia, a cargo del diputado Arístedes Crespo, quien está en prisión preventiva y procesado por este mismo caso.
Otra de las modalidades de contratación detectadas es que como presidente de la Junta Directiva del Congreso autorizó 42 plazas para su beneficio y de otros diputados con salarios elevados, de hasta 3.000 dólares.
Según el Ministerio Público y la Cicig, los miembros de la junta directiva del Congreso de 2014 (presidente Arístides Crespo) y de 2015 (presidente Rabbé) realizaron «un gran número de contrataciones» que presentan «irregularidades evidentes e ilegales».
El tipo de contratación para la cual se unieron las directivas «se convirtió en una práctica habitual y aceptada a pesar de su evidente ilegalidad», «irrespetando» las formas correctas y por la «no asistencia» de los contratados, que ganaban entre 5.000 y 20.000 quetzales (680 a 2.720 dólares) mensuales.
