Menores hondureños, rehenes de bandas criminales

Tegucigalpa – La población menor de Honduras sigue siendo rehén de las bandas criminales que operan a sus anchas frente a la ausencia de políticas gubernamentales coordinadas.
 

– Unos 600 menores de edad integran la población interna en centros de rehabilitación del Ihnfa.

En los hechos criminales que sobresalen todos los días en los medios de comunicación siempre se da cuenta de menores de edad involucrados en actos ilícitos, a lo que siempre sale a relucir la revisión del tema de la edad punible, soslayando otros factores que verdaderamente son caldo de cultivo para que los niños sean reclutados por bandas delictivas.

Proceso Digital consultó las valoraciones de actores relacionados con esta problemática y todos coincidieron en endurecer las penas para los adultos que se dedican a captar menores para llevar a cabo sus acciones criminales.

Cabe mencionar que la población menor también paga con sus vidas formar parte de las estructuras delictivas. En 2012, Honduras registro 85.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, de los que 78 fueron ciudadanos menores de 23 años.

Además, durante los últimos 15 años, entre febrero de 1998 y agosto de 2013, Casa Alianza registró ocho mil 658 casos de muertes violentas de menores de 23 años en el país.

De éstos, tres mil 435 se han registrado durante el transcurso de 43 meses de la actual administración gubernamental, lo que representa una tasa mensual de 79.88 muertes violentas.

En 2004 vino al país el relator de las Naciones Unidas y dejó una serie de recomendaciones, pero de ese año a la fecha nada ha cambiado, recordó la fiscal de la Niñez, Nora Urbina.

Fiscal de la Niñez: Procurar una verdadera
reinserción de los menores

La fiscal de la Niñez del Ministerio Público, Nora Urbina, demandó una difusión y análisis de la problemática en todo su contexto. “Se trata de determinar por qué los jóvenes no están en los centros educativos y se dedican a vender drogas u otros actos delictivos. Esa solución pasa por practicar políticas que atiendan a la juventud, niños y jóvenes, pasa por disminuir la migración de personas hacia otros países porque los hogares quedan abandonados a cuidados de terceros”, dijo.

La profesional del derecho insistió que la utilización de niños por el crimen organizado debe ser vista desde la perspectiva de víctimas del sistema, así como la ola criminal que azota el país.

Explicó que cuando un menor está implicado en actos criminales, éstos son sometidos a procesos penales juveniles que pueden resultar en privación de libertad hasta por ocho años. “Se debe cuidar que en ese proceso de internamiento y privación de la libertad puedan reeducados y reinsertados a la familia y la comunidad”, sugirió.

Urbina pidió actuar en la prevención y fortalecer la investigación para dar con las redes criminales que captan menores y sancionarlos con penas altas.

Remarcó que antes que el Estado hondureño estime en discutir el techo de la edad punible, es urgente que se revise bajo qué condiciones se está dando la rehabilitación de menores en el país.

Leitzelar: No se soluciona bajando la edad punible

Frente a la problemática, el diputado del Partido de Innovación y Unidad (Pinu), Germán Leitzelar, dijo que hay dos acciones urgentes: educar y capacitar a la población, sobre todo desvincularla de todos los hechos delictivos que sean de crimen organizado; también que el Estado recupere institucionalmente el monopolio de la fuerza porque en muchos hechos criminales los menores son víctimas de los adultos.

“Debe fortalecerse al máximo los organismos que repriman al crimen, brindándole seguridad a la población. Al haber seguridad se necesita menos protección, pero en este momento tenemos que incidir profundamente los mecanismos de protección hasta que rescatemos la institucionalidad y el monopolio de la fuerza”, argumentó.

El parlamentario refirió que en el Congreso Nacional se ha analizado el tema de la edad punible, aunque agregó que “si bajamos la edad de responsabilidad penal, las bandas criminales movilizan menores bajo los rangos establecidos por la ley. El en el caso de la edad no hay que calificarlos por los años que haya cumplido la persona, sino por la capacidad sicológica que tenga el menor para poder actuar en función de una mente criminal y planificadora”.

Leitzelar citó el ejemplo de Estados Unidos donde los menores que cometen crímenes no los califican porque tengan 16 años, lo hacen por la conducta que puedan desarrollar con estudios técnicos y sicológicos. “Si tienen mente de adultos, son juzgados como adultos, en tanto si sucede lo contrario se les ofrece un tratamiento especial”, argumentó.

Puntualizó que lo de la edad punible debe ser muy analizado porque si se baja la edad de 18 a 16, los criminales buscarán a los de 15 años. “No se trata de atacar solamente el tema de la edad, muchas veces estos niños nunca fueron niños, siempre fueron adultos porque no tuvieron padres, ni un centro de formación o lugares para ejercitarse. La sociedad y el Estado tienen altos grados de responsabilidad en el problema”, arguyó.

Coiprodeh: Niños más vulnerables
por responsabilidad del sistema

Para el director ejecutivo de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), Wilmer Vásquez Florentino, la mejor manera de contrarrestar la utilización de menores por parte del crimen organizado es ofreciendo, por parte del Estado, mejores oportunidades y espacios de participación para la infancia, adolescencia y la juventud como parte de los sectores en situación de vulnerabilidad.

Continuó que la falta de oportunidades hace a los menores mucho más vulnerables a ser coptados y secuestrados por el crimen organizado.

“También obedece a una situación de autoprotección, es como decir que ‘si estoy al lado de ellos me siento más protegido que estar fuera’. Tampoco podemos ocultar que estamos frente a un Estado que les castiga y les niega el derecho a la vida, aunque no se diga de manera abierta, más pareciera que existe una política de limpieza social”, criticó.

Vásquez lamentó que el Estado de Honduras mire a este sector de la población (menores de edad) como responsable de la violencia, inseguridad y el crimen organizado en el país; “entonces en más fácil deshacerse de ellos que ofrecerles los espacios y las oportunidades que les permitan vivir con dignidad”.

Mayor castigo para los adultos

Vásquez estimó que cuando en el país se aplique la justicia a todos por igual, en especial a los adultos que forman parte del crimen organizado y que secuestran a los menores de 18 años para que se involucren en ilícitos.

“Cuando se les castigue a estas personas que inducen a los menores a realizar hecho criminales y se amplíen las penas para estos adultos, de esa forma estaríamos atacando seriamente el problema”, aseveró.

El representante de Coiprodeh coincidió con el congresista Leitzelar que no es bajando la edad de responsabilidad penal que se terminará de usar a los menores para hechos delictivos. “Eso es contradictorio con el Código de la Niñez y la adolescencia, también con la Convención de los Derechos de la Niñez”, dijo.

Seguidamente añadió que estudios realizados en los últimos años en el país revelan que entre el 5 y 10 por ciento de los delitos que se comenten en Honduras son realizados por menores de 18 años; “Es decir que el 90 por ciento de crímenes restantes lo cometen los adultos y en el caso de los realizados por menores siempre hay un mayor detrás de ellos. Es mentira que para disminuir la violencia e inseguridad sea necesario disminuir la edad de responsabilidad penal”, argumentó.

Relató que de acuerdo a testimonios de menores utilizados por el crimen y a los que Coiprodeh ha tenido acceso dan cuenta que no tienen otra opción. “Es una forma de sobrevivir, si no lo hago yo entonces me lo hacen a mí. Le cuento el caso de un ex pandillero que decidió salir de la mara y luego recibió varios atentados… lo último que me di cuenta es que tuvo que asesinar a la persona que le quería quitar la vida, entonces le pregunté: ¿por qué lo hizo? Y me respondió: ‘mire compita, o era él o era yo’”.

Concluyó diciendo que no justifica a los menores que cometen crímenes y el que delinque debe ser castigado con todo el peso de la ley. “Sin embargo, tenemos el país que tenemos porque somos el país más violento del mundo, tenemos cuatro de las diez ciudades más inseguras del planeta, somos parte de los tres países con mayor desigualdad en América Latina y también figuramos en las cinco naciones más corruptas del continente”.

Ihnfa: Se deben endurecer penas contra
adultos que inducen a menores

En tanto, el director del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (Ihnfa), Felipe Morales, lamentó la falta de políticas para atacar las raíces de este flagelo. “Los niños al final son víctimas de los mayores que los utilizan. La sociedad debería reaccionar en cuanto a imponer una sanción ejemplar a los adultos que instrumentalizan a los menores para cometer fechorías”, manifestó.

El funcionario detalló que el Ihnfa maneja una población menor en riesgo de siete mil menores, de los que 600 han cometido hechos delictivos.

Los niños en riesgo social que se hospedan en Casitas 21, Jalteba y Casitas Kennedy. También hay centros de internamiento como Renaciendo y el Sagrado Corazón en Tegucigalpa, así como El Carmen en San Pedro Sula, donde llegan los que tienen conflictos con la justicia.

Morales calificó la utilización de menores por el crimen como compleja. “Todos estos muchachos provienen de barrios y zonas marginales, donde sus referentes son los pandilleros, aunado a la negativa de la sociedad de reaccionar ante las necesidades de estos niños”, expuso.


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