La única forma de poder alcanzar un crecimiento económico sostenible es a través de una mayor inversión privada, tanto interna como externa. Durante toda nuestra historia republicana hemos concebido y ejecutado medidas o incentivos para promover la inversión en determinados rubros. Generalmente, los beneficios que se estudian u ofrecen son de tipo fiscal o crediticios. En algunos casos estos han brindado un beneficio puntual, que no se hubiese obtenido de otra forma. Sin embargo, el crecimiento económico sostenible está basado en la competitividad de toda la economía en su conjunto.
Todos los incentivos fiscales o crediticios que se dan deben ser pagados por alguien más. Cada lempira que se deja de percibir en impuestos por un contribuyente lo deberá pagar otro, o el estado lo quedará debiendo. El efecto de pérdida no es neutral, ya que hay que agregarle los costos de operación y acceso a regímenes especiales, la alta barrera de entrada creada por la burocracia y el favoritismo, y el simple dolo al que invita el trato diferenciado.
Adicionalmente, se tiene el efecto enclave. Entre otras, la razón por la cual la extracción minera y el banano no lograron levantar nuestra economía es que el régimen especial premiaba que operaran autárquicamente. Sus procesos, por la misma naturaleza del incentivo, no evolucionaban a una mayor integración con la economía local.
El estado también tiene un desafío en escoger cuáles son los sectores que serán más atractivos o rentables para la inversión. La prueba de si un sector es atractivo es la inversión misma, más que cualquier proyección hecha previamente. Si a esto le sumamos la vistosidad variada y la capacidad diferenciada de obtener ventajas públicas de sectores más poderosos, nos resulta muy ineficiente el mecanismo para asignar recursos escasos. Lo mismo ocurre con el sector financiero. Si el acceso al crédito es lo más igualitario posible, es más probable que las tasas generales de intereses sean más bajas. Adicionalmente, el no cobro de tributos, o la evasión, constituyen otro elemento. Esto reduce el ingreso del fisco, aumentando la carga a los que sí cumplen sin ningún beneficio de promover un sector estratégico.
Lo más importante para promover la inversión, tanto nacional como extranjera, son las condiciones para la empresa en condiciones normales. Esto incluye qué tan complicados son los trámites, qué tan engorrosa y alta es la carga impositiva y cuáles son las condiciones de financiamiento locales. Aun quienes acceden a regímenes especiales son afectados por estas condiciones
El 40.4% es la tasa de impuesto efectiva mínima que paga la renta de una empresa (25% Impuesto sobre la renta y 5% Aportación solidaria), repartiendo la utilidad (10%) y considerando operaciones de tasa de seguridad de entrada o de salida (0.4%). Este cálculo no incluye las cargas colaterales que pueden darse por impuesto alternativo del Activo neto y otros. Creyendo en la necesidad de responsabilidad fiscal, creemos que es correcto que las empresas cumplan con esta obligación, pero su magnitud nos hace pensar en si es conducente a la inversión en el país.
Es necesario reducir esta carga para hacer que el país sea más competitivo, sin sacrificar las finanzas públicas. Esto incluye mecanismos que premien la reinversión de utilidades en lugar de sacarlas, al dar una reducción en el impuesto que se pague por repartición de las mismas si estas se reinvierten en la empresa. El balance del impuesto se podría cobrar al salir de la misma.
Sin embargo, la mejor manera de ir disminuyendo la carga general es limitar los regímenes de exoneraciones y la evasión. Mientras una mayor proporción de las actividades económicas estén contribuyendo al fisco, menos se vuelve la presión en las que sí lo hacen. Esto debe ir acompañado de prudencia fiscal y debiese resultar en una reducción de la carga impositiva. Esto, acompañado de las demás medidas de reducción de tramitología y mejora de acceso al crédito, debe contribuir a hacer más atractiva la inversión y promover el crecimiento.
