Tegucigalpa – La mayoría del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), votó “de manera concurrente” a favor de sobreseer el estado de excepción que estuvo vigente por más de tres años en Honduras durante la administración de la presidenta Xiomara Castro.
De acuerdo a lo conocido por Proceso Digital, hubo tres posturas del pleno de magistrados durante la discusión del amparo presentado contra el estado de excepción, esto basado en el artículo 46 de la Ley de Justicia Constitucional.
El amparo pidió la suspensión del decreto que restringía las garantías constitucionales en tiempo de elecciones.
Una de las posiciones de los altos jueces de la República, fue sobreseer el estado de excepción lisa y llanamente sin ninguna justificación solamente con el amparo. Aquí la votación fue de seis.
En tanto, el voto mayoritario por sobreseerlo de manera concurrente, es decir que al emitir el voto se hacen razonamientos sobre las violaciones a derechos humanos que se produjeron, y la forma de vulneración de derechos que restringió las garantías constitucionales.
La postura de los 13 magistrados estableció que puesto que no se podía decidir en el fondo el recurso, entonces procedía cerrarlo. De los 13, siete pidieron el voto concurrente que les permita elaborar un marco explicativo porque no comparten que solamente se cierre y asuman que quedan en impunidad muchos actos violatorios que se ejecutaron durante la vigencia del estado de excepción.
Mientras, hubo dos posiciones particulares de magistrados –Marvin Espinal y Walter Miranda– que no estaban de acuerdo con sobreseer el estado de excepción, aunque no explicaron claramente lo que solicitaban en el fondo, en vista que los efectos de la normativa ya habían pasado y por ende no cabía el amparo.
ONU denuncia ejecuciones y torturas
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) denunció el miércoles violaciones a derechos humanos en Honduras en 2025 durante el estado de excepción, con ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura atribuidas a fuerzas de seguridad, en medio de tensión política y altos índices de impunidad.
El ‘Informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras’, presentado en Tegucigalpa por el representante de la Acnudh, Juan Carlos Monge, advierte que el estado de excepción -vigente desde diciembre de 2022 hasta el pasado 26 de enero-, perdió «su carácter excepcional y temporal» tras 24 prórrogas y se convirtió en la «principal estrategia de lucha contra el crimen». JS
